07.11.2018

Informe de la Asesoría Jurídica del CSCAE sobre competencias para IEE

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

Informe de la Asesoría Jurídica del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, CSCAE, relativo a las competencias profesionales para la realización de Informes de Evaluación de Edificios, IEE.

Asesoría Jurídica del CSCAE

Las competencias profesionales para informes de Evaluación de Edificios: La sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018, no ha modificado la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que vincula tales competencias a las determinadas en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)

Se ha conocido una reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018 (JUR 2018/244348), que estima el recurso que había promovido el Abogado del Estado en representación de la CNMC, contra resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda, que había denegado una subvención para una rehabilitación de varias Comunidades de Propietarios en La Coruña, fundándose en que el informe de evaluación de edificios debía estar suscrito por técnico competente, como lo sería un arquitecto o un arquitecto técnico.

Sobre esta materia, por parte de esta Asesoría Jurídica se han venido emitiendo varios informes al respecto.

Con el objeto de precisar y aclarar el alcance y efectos de la sentencia mencionada de la AN y su relación con la Jurisprudencia existente sobre la materia del Tribunal Supremo, se emite el presente informe o nota, en los términos siguientes.

1 “Nueva sentencia del Tribunal Supremo declarando la falta de competencia de los ingenieros industriales para redactar inspecciones técnicas de edificios. La actividad de conservación forma parte de la edificación. La LOE determina las competencias profesionales que son las correspondientes a la proyección y dirección de las obras de edificación” (8 de febrero de 2016); “Nota sobre la sentencia del Tribunal Supremo en el recurso interpuesto por el CSCAE contra el RD 235/2013, que aprobó el procedimiento para la certificación de eficiencia energética de los edificios” (12 de enero de 2017); “Informe sobre las competencias profesionales para emitir certificaciones de eficiencia energética e informes de evaluación de edificios (IEEs, antes ITEs): marco normativo vigente y estado actual de la Jurisprudencia” (27 de enero de 2017); y “Sentencia 143/2017 de 14 de diciembre del TC, que declara la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley 8/2013, relativos a los informes de evaluación de los edificios y del Real Decreto Legislativo 7/2015, en cuanto reproduce tales preceptos. Análisis y valoración del alcance y efectos de la sentencia” (2 de febrero de 2018).

1. La sentencia de la Audiencia Nacional ni constituye Jurisprudencia, ni modifica la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios o de inspecciones técnicas de edificios.

No constituye Jurisprudencia por dos razones esenciales:

  • Se trata de una sentencia de Audiencia Nacional, que no tiene el valor de Jurisprudencia o doctrina jurisprudencial. La Jurisprudencia que tiene la función de complementar el ordenamiento jurídico, viene constituida por la doctrina que de modo reiterado viene estableciendo el Tribunal Supremo, al interpretar y aplicar las normas jurídicas, tal y como establece el artículo 1.6 del Código Civil. Las sentencias que emanan de la Audiencia Nacional, tienen el valor propio de la doctrina que contienen, pero no son propiamente Jurisprudencia, ni desde luego pueden contradecir o modificar la doctrina del Tribunal Supremo.
  • Por otra parte, la sentencia de la AN de 10 de septiembre de 2018, se dicta en el marco del procedimiento especial que contempla la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado. El objeto es por tanto determinar como establece el artículo 127.bis de la LJCA, que fue introducido por la disposición final primera de la citada Ley 20/2013, si una disposición, acto o resolución de una Administración Pública es contraria a la libertad de establecimiento o de circulación en los términos previstos en dicha Ley. La sentencia de la AN estimó el recurso, basándose -como ratio decidendi-, en que el Instituto Gallego de la Vivienda, en el caso concreto examinado, no acreditó que concurriesen razones de interés público de las contenidas en el artículo 3 de la Ley 17/2009 (Ley Paraguas), ni efectuó el juicio de proporcionalidad para justificar que la competencia sobre informes de evaluación de edificios es exclusiva de arquitectos y arquitectos técnicos. Pero no hay ningún pronunciamento en la propia sentencia sobre el tema de fondo, es decir, sobre los profesionales competentes en esta materia. Ni menciona para nada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

2. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo [sentencias de 9 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6520) y 25 de noviembre de 2015 (RJ 2015/5928)], ha declarado que la competencia profesional para emitir los informes de evaluación de edificios, viene determinada por la LOE y por ello, los profesionales competentes son los que poseen los títulos académicos y profesionales habilitantes para proyectar edificios, la dirección de obras o la dirección de ejecución de las obras, teniendo en cuenta los usos a que se destine cada edificio y las competencias y especialidades de cada una de las profesiones. Esta doctrina jurisprudencial, no se modifica por la sentencia de la Audiencia Nacional.

En estas sentencias, el Tribunal Supremo establece una directa vinculación de la competencia para emitir informes de Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs), hoy conocidos como Informes de Evaluación de Edificios (IEEs), en los que se analicen las condiciones de seguridad, habitabilidad y accesibilidad, entre otras, de un edificio, con la determinación competencial que establece la Ley de Ordenación de la Edificación de 13 de febrero de 1999 (LOE), para proyectar y dirigir la construcción de edificios. Por tanto, en razones de interés general, de garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación que establece la propia LOE y especialmente, las inspecciones técnicas o las evaluaciones de edificios, cumplan el objeto de lograr “que las construcciones presenten un correcto estado de edificación”.

Y justamente por ello, el Tribunal Supremo en estas sentencias deja muy claro que sólo los técnicos con conocimientos y formación adecuada para proyectar y dirigir la construcción de los edificios “son los adecuados para informar sobre su estado de adecuación”, ya que existe una íntima conexión entre la capacidad “para intervenir en la edificación y la de calificar el estado general de su conservación”.

Por ello y conforme a esta doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, habrá de estarse a la LOE y a las competencias que establece para proyectar y dirigir edificios en cuanto a las competencias para emitir informes sobre evaluación de edificios.

Esta Jurisprudencia excluye a los ingenieros -en sus distintas ramas- de poder intervenir para emitir informes de evaluación de edificios que estén destinados a usos residenciales en cualquier forma, administrativos, sanitarios, religiosos, docentes y culturales, en los que la proyección y dirección de la obra corresponde en exclusiva a los arquitectos. Y la dirección de ejecución de la obra a los arquitectos técnicos. Y por ello, arquitectos y arquitectos técnicos o aparejadores, son los competentes en exclusiva, para emitir los informes de evaluación de edificios destinados a dichos usos.

La doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo mencionada, conserva plena vigencia y desde luego no hay ninguna otra sentencia del Alto Tribunal que la haya modificado o revisado.

La sentencia referida de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018, con independencia que no sea a día de la fecha una sentencia firme, no puede contradecir, modificar o dejar sin efecto, la expresada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que se contiene en las sentencias referidas y que anteriormente se han indicado en sus fundamentos. Máxime cuando la propia sentencia se centra en el ámbito de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y no se refiere a la mencionada Jurisprudencia de dicho Alto Tribunal.

3. Los fundamentos de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo: vinculación de las inspecciones técnicas y evaluación de edificios con los requisitos básicos de la evaluación; no cabe diferenciar a estos efectos, entre actividad de edificación y de conservación; el principio de especialidad que rige para las competencias profesionales de las Ingenierías. Y la competencia profesional en esta materia, está en relación con la formación, capacidad y formación que deriva de la competencia para proyectar y dirigir el edificio de que se trate.

Esta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se fundamenta esencialmente en cuatro consideraciones, como son:

a) Coincidencia sustancial entre el contenido de las inspecciones técnicas de edificios o evaluación de edificios, con los requisitos básicos de edificación que establece la LOE.

En este sentido, señala el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2014, que reproduce la sentencia de 25 de noviembre de 2015:

“Citadas estas condiciones a las que se extiende el examen de la Inspección Técnica, que aunque más detalladas y en algún aspecto no previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación (RCL 1999, 2799), como es el caso de las referentes al ornato público, sin embargo no dejan de coincidir sustancialmente con los llamados “requisitos básicos de la edificación” regulados en el artículo tercero de la Ley citada , para garantizar el cumplimiento de la misma llama a que intervengan en las obras de edificación a quienes “estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda” (arts. 10.2.a y 12.3.a de la Ley), conteniendo asimismo la previsión de que “podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que le complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el director de éste” (art. 10.1) y que “podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos bajo la coordinación del director de obras (art. 12.2), si bien la propia Ley hace a continuación una distribución de competencias entre aquellas profesionales según los diversos objetos de la construcción a edificar que clasifica en el artículo segundo”. Es decir, en esta primera consideración el Tribunal Supremo resalta algo esencial, como es la coincidencia sustancial entre los contenidos de las inspecciones técnicas de edificios o evaluaciones de edificios y los requisitos básicos de la edificación, que se contienen en el artículo 3 de la propia LOE, que además establece que estos requisitos deben satisfacerse y establecerse “en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones”. Coincidencia pues plena entre el objeto de las inspecciones técnicas y evaluaciones de edificios y los propios requisitos básicos de la LOE.

Por ello, el Tribunal Supremo señala que para “garantizar el cumplimiento de la misma”, es decir, el propio cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación que establece la LOE, llama que intervengan quienes estén en posesión de las titulaciones habilitantes, precisando “si bien la propia Ley hace a continuación una distribución de competencias entre aquellos profesionales según los diversos objetos de la construcción a edificar, que clasifican el artículo segundo”.

b) No hay razones y desde luego no hay ninguna norma jurídica que lo establezca, para diferenciar entre la actividad de edificación y la de conservación

Sobre esta cuestión, que se viene insistiendo desde determinados colectivos profesionales, argumentando que no pueden aplicarse las normas de la LOE que establecen la capacidad para proyectar y dirigir edificios a las actividades de inspección o de comprobación en cuanto a la conservación de los mismos, el pronunciamiento del Tribunal Supremo es muy claro, cuando afirma en dichas sentencias:

“A partir de este dato, la racionalidad del argumento ofrecido por la sentencia recurrida, en el sentido de la evidente relación entre la capacidad para intervenir en la edificación y la de calificar el estado general de su conservación, sería la justificación de la norma de la Ordenanza impugnada, por lo que resulta de lógica jurídica que solamente un precepto con el preciso rango legal que diese beligerancia a las razones de diferencia técnica entre la actividad de edificación y la de conservación que aducen los actores para mantener su pretensión podría abatir el fallo recurrido.
Y este precepto consideramos que no existe”.

c) Las atribuciones profesionales de los ingenieros se delimitan por la especialidad respectiva de cada una de sus ramas y están en correspondencia con la técnica propia de cada titulación.

En estas sentencias —que estamos analizando con detalle— el Tribunal Supremo reafirma el principio de especialidad, que es determinante en orden a delimitar las atribuciones profesionales de las distintas Ingenierías. Y por ello, deja muy claro que el que las Ingenierías -y entre otras las Ingenierías Industriales e Ingenierías Técnicas Industriales- no estén facultades para emitir informes de evaluación de edificios en los edificios de uso residencial y destinados a los otros usos que son competencia exclusiva de arquitectos, no limita sus competencias propias, sino que asume “la lógica eficacia de la LOE a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los arquitectos y los ingenieros en la inspección técnica”.

Reproducimos literalmente estas consideraciones del Tribunal Supremo, que se contienen en el Fundamento Jurídico tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2014:

“(…) Ahora bien, estas atribuciones de los Ingenieros se hacen condicionados a que correspondan “por su naturaleza y características a la técnica propia de cada titulación” (Ley 12/86) o que se trate de “instalaciones o explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica industrial Química, Mecánica y Eléctrica y de Economía Industrial” (Decreto de 1935), de modo que las mismas normas atributivas de competencias profesionales matizan las mismas en función de los saberes propios de cada titulación, siendo de notar que los demandantes no solo invocan para afirmar su posición las capacidades de dictamen e informe, sino también las de “proyectar” para así justificar la capacidad de intervención de los Ingenieros en la Inspección Técnica, razonamiento que en definitiva viene a avalar la posición de la Ordenanza, al vincular la intervención en la construcción con la competencia para hacerlo en la Inspección Técnica, a la vista de que la Ley de Ordenación de la Edificación refiere la capacidad para intervenir en ésta a la titulación que “corresponda”.

Consideramos, por tanto, que la Ordenanza no limita las competencias propias de los Ingenieros ni contradice las capacidades genéricas y específicas de proyectar e informar que sus particulares regulaciones les atribuyen sino que simplemente asume la lógica eficacia de la Ley de Ordenación de la Edificación a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los Arquitectos y los Ingenieros en la Inspección Técnica, cuya íntima relación con la actividad de la construcción, en cuanto implica un examen e informe sobre su estado, resulta innegable”.

d) En consecuencia, la competencia profesional para intervenir en las inspecciones técnicas de edificaciones y en los informes de evaluación de edificios, está en relación con la formación y conocimiento para proyectar y dirigir el edificio del que se trate en cada caso.

Así lo dice de manera nítida el Tribunal Supremo en estas sentencias, cuando afirma:

“Siendo sustancialmente correcto lo que nos dice la parte, sin embargo, ello no devalúa la argumentación que con anterioridad hemos desarrollado sobre la evidente e íntima relación entre los conocimientos precisos para proyectar y dirigir la construcción de edificio o algunos de los elementos integrados en los mismos y los adecuados para informar sobre su estado de conservación lo que justifica -repetimos- la racionalidad jurídica de la norma puesta en entredicho”.

4. Las Administraciones Públicas en este ámbito de la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios, no establecen una nueva reserva de actividad, ni fijan límites al acceso de una actividad económica o su ejercicio. Aplican la reserva de actividad establecida en la LOE y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que la ha interpretado y aplicado.

Considera esta Asesoría Jurídica que en esta materia de las atribuciones profesionales sobre inspecciones técnicas de edificios o informes de evaluación de edificios, la reserva de actividad o declaración de exclusividad competencia -en los términos antes expuestos-, está establecida en la propia LOE y confirmada en dicha doctrina del Tribunal Supremo, que la ha avalado.

Por ello, las Administraciones Públicas que en el ámbito de sus competencias apliquen esta reserva de actividad, no están estableciendo ellas mismas límites al acceso de una actividad de servicios o económica, porque aplican lo establecido en la LOE y en dicha Jurisprudencia del Tribunal Supremo que ya ha motivado los principios de interés público, necesidad y proporcionalidad.

El interés público está en la propia garantía de la seguridad de las edificaciones que requiere que los informes de evaluación de edificios y de inspecciones técnicas de edificios, se efectúe por los profesionales que ostentan las competencias para proyectar y dirigir tales edificios, como ha señalado la expresada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que además vincula esa competencia con dicha capacidad proyectual y de dirección, por lo que no existe otro medio menos restrictivo para garantizar dicho interés público, ni pueden intervenir profesionales que no ostenten dichas competencias legales.

En consecuencia, se cumplen los requisitos de interés general que se contienen en el artículo 3 de la Ley 17/2009, porque la reserva de actividad deriva de la LOE y de dicha Jurisprudencia del Tribunal Supremo y no se infringe lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado, porque además de concurrir esa razón imperiosa de interés general, la competencia exclusiva de arquitectos y arquitectos técnicos establecida en esta materia, en los términos analizados, es proporcionada al fin de interés general, cumpliéndose los principios de necesidad y proporcionalidad a que se refiere dicho precepto legal.

5. Las diferentes normativas autonómicas que regulan las inspecciones técnicas de edificios y de evaluación de edificios, son la normativa aplicable a partir de la sentencia 143/2017 de 14 de diciembre del Tribunal Constitucional.

Como es sabido, el TC en la sentencia 143/2017 de 14 de diciembre, declaró la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley 8/2013 relativos a los Informes de Evaluación de Edificios y del Real Decreto Legislativo 7/2015.

Entre los preceptos declarados inconstitucionales, figuran los que regulaban en dicha normativa estatal, los informes de evaluación de edificios y también la determinación de los técnicos facultativos competentes.

El TC en dicha sentencia, consideró que esta es una materia propia de las Comunidades Autónomas a las que corresponde su regulación y no al Estado.

Por tanto, las diferentes normativas de las distintas Comunidades Autónomas sobre esta materia, son las que rigen en materia de informes de evaluación de edificios.

En este aspecto, ha de entenderse que aquellas normativas autonómicas que determinen las competencias de los técnicos facultativos en esta materia y efectúen una remisión a la LOE, están en línea con la doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo y las propias reservas de actividad que establece la LOE, en los términos analizados anteriormente.

Madrid, 23 de octubre de 2018
Asesoría Jurídica CSCAE

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30.01.2017

Informe de la Asesoría Jurídica del CSCAE sobre competencias en materia de Certificación Energética e Informes de Evaluación

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos

Informe sobre las competencias profesionales para emitir certificaciones de eficiencia energética e informes de evaluación de edificios (IEEs, antes ITEs): marco normativo vigente y estado actual de la Jurisprudencia

Informe de la Asesoría Jurídica

Esta Asesoría Jurídica, considera oportuno emitir un informe sobre las atribuciones profesionales que habilitan legalmente para emitir certificaciones de eficiencia energética y los informes de evaluación de edificios (regulados en el Título III del RDL 7/2015 de 30 de octubre) y los denominados informes de inspección técnica de edificios (a los que se refieren las normativas autonómicas y municipales), con la finalidad de determinar con precisión el marco normativo aplicable y la doctrina jurisprudencial vigente sobre esta materia.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 2016, que ha desestimado el recurso que había interpuesto el CSCAE contra determinados aspectos concretos del RD 235/2013, que regula el procedimiento para la emisión de las certificaciones de eficiencia energética de los edificios, ha sido interpretada inadecuadamente y al margen de lo que dice la sentencia, para desde las Ingenierías Industriales e Ingenierías Técnicas Industriales, sostener una competencia en este ámbito, que ni se corresponde con el contenido ni con lo que dice la sentencia ni con la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, que constituye un cuerpo consolidado en esta materia.

En razón a ello, y para evitar cualquier confusión, interpretación inadecuada e inseguridad jurídica, se emite el presente informe, que se compone de los siguientes apartados:

  • La regulación de las inspecciones técnicas de los edificios. El precedente normativo del Real Decreto Ley 8/2011 de 11 de junio.
  • Los Planes Estatales de Fomento de la rehabilitación y fomento del alquiler de viviendas. El RD 233/2013. La primera referencia a los informes de evaluación de edificios.
  • El Real Decreto 235/2013, sobre certificación de la eficiencia energética de los edificios: alcance de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016.
  • El marco normativo vigente: de la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, al Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Las competencias profesionales para emitir los informes de evaluación de edificios.
  • La Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

I.- Antecedentes regulatorios sobre las inspecciones técnicas de edificios: la primera regulación estatal a través del Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio.

La inspección técnica de las edificaciones, entronca directamente con el contenido del derecho de propiedad de las construcciones y edificaciones, y en concreto con el deber de conservación de las mismas.

Este deber de conservación por parte de propietarios -y en su caso usuarios- de los edificios, además de recogerse ya en la propia Ley de Ordenación de la Edificación de 13 de febrero de 1999 (LOE), aparece en todas las normativas urbanísticas de las distintas Comunidades Autónomas y también en el Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, cuyo artículo 15 establece que el derecho de propiedad de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter general, entre otros deberes, el de:

“Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las Leyes para servir de soporte a dichos usos”.

Por tanto, el deber de conservación, forma parte y delimita el contenido del derecho de propiedad de edificios y construcciones, en la medida en que tiene una función social delimitadora de tal contenido, conforme al artículo 33.2 de la Constitución.
Para establecer el instrumento normativo que concrete y precise ese deber de conservación, aparecieron las denominadas inspecciones técnicas de construcciones o de edificios (las conocidas como ITEs), que en nuestro ordenamiento jurídico no han tenido una regulación normativa tanto estatal como autonómica, sino hasta en fechas recientes.

El origen de las inspecciones técnicas de edificios, fundamentalmente tienen lugar a través de las Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos, como medida de control del cumplimiento de dicho deber de conservación. La mayor parte de ellas se refieren a la verificación y constatación del cumplimiento de condiciones tales como: seguridad, estabilidad, salubridad, accesibilidad y ornato público, con distintas variantes.

Y fue justamente en una coyuntura de aguda crisis económica del sector de la edificación, cuando los poderes públicos empiezan a fomentar las actuaciones de rehabilitación y conservación de edificaciones y construcciones, justamente como una medida de estímulo ante la caída significativa de la edificación de obra nueva y también desde la filosofía de un modelo de desarrollo económico sostenible.

En tal sentido, después de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía sostenible, se publicó en el BOE de 7 de julio de 2011, el Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio, con un título -además de largo, heterogéneo por las materias a que se refiere- denominado “Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos, contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impuso de la rehabilitación y de simplificación administrativa”.

El término rehabilitación que hemos subrayado en negrita y aparece al final del título de este Real Decreto Ley 8/2011, se regula en el Capítulo IV, artículos 17 y siguientes. Así, las actuaciones de rehabilitación de conservación se refieren a “las reparaciones y obras precisas para mantener un inmueble en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, que serán exigibles en los términos de la legislación aplicable”.

Por lo que nos atañe en cuanto a las inspecciones técnicas de edificios, lo más significativo del Decreto Ley se concreta en los siguientes aspectos:

  • La Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs), adquieren, con rango de Ley formal, un carácter general obligatorio en todo el territorio nacional. Es decir, a partir de la entrada en vigor de esta disposición que se produjo el 7 de Julio de 2012 (Disposición Final Tercera del Decreto Ley), las inspecciones técnicas de edificios que tengan una antigüedad superior a 50 años, salvo que las Comunidades Autónomas fijen distinta antigüedad, serán obligatorias, mediante una inspección técnica periódica de los edificios que asegure su estado y debida conservación.
  • Conforme a la Disposición Adicional Tercera del Decreto Ley, la Inspección Técnica de los Edificios sólo será aplicable en municipios con población superior a 25.000 habitantes, salvo que las Comunidades Autónomas fijen otros estándares poblacionales.
  • La norma tenía un carácter de mínimos, por cuanto sobre esta materia las Comunidades Autónomas tienen sus ámbitos competenciales propios y específicos, de tal manera que pueden establecer disposiciones normativas que respetando tales mínimos contemplen otros aspectos en formas, plazos y condiciones.
  • El precepto contiene una doble dimensión de la inspección técnica. De una parte, evaluar las condiciones exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato (en este aspecto las normativas autonómicas no todas contienen la extensión de la norma estatal); y, por otra parte, se habrán de determinar qué obras se requiere realizar para mantener el inmueble en el estado legalmente exigido.

En cuanto a las competencias profesionales para intervenir en las inspecciones técnicas de edificios, el Decreto Ley no decía nada al respecto, ni tampoco remitía a ninguna legislación o normativa.

Sin embargo, cabe decir que ya había habido no sólo pronunciamientos doctrinales, sino jurisprudenciales, en el momento en que se publica el Real Decreto Ley 8/2011.

Cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2006 (RJ 4659), en el que se analizó la validez de un informe técnico “de evaluación de la situación actual de un edificio” referido a un edificio de viviendas que había sido efectuado por un ingeniero técnico aeronáutico, en la especialidad de aeropuertos. El Tribunal Supremo fue concluyente en esta sentencia al señalar que:

“Cabe considerar que la titulación analizada, que corresponde a los estudios de Ingeniería Técnica Aeronáutica, Especialidad Aeropuertos, según el Real Decreto 148/1969, de 13 de febrero, o a los de Ingeniero Técnico en Aeropuertos, que se establece en el artículo 1 del Real Decreto 436/1991, de 30 de agosto (RCL 1991, 2469), no habilita a estos profesionales, como sostiene la sentencia recurrida, para redactar informes cuyo objeto prevalente sea dictaminar el estado de conservación de un edificio destinado a uso residencial o habitacional por incardinarse directamente en la cláusula de elaboración de proyectos de ejecución de obras y construcciones, pero no porque en razón de los estudios realizados no tengan la formación adecuada, sino porque se trata de facultades ajenas que interfieren en el campo de las atribuciones que son propias de otros técnicos titulados, particularmente, de los Arquitectos y de los Arquitectos Técnicos, al vincularse a la edificación de inmuebles, actividad profesional que no guarda relación con la «construcción y mantenimiento de aeropuertos»”.

Esta sentencia del Tribunal Supremo es significativa, porque como luego veremos, se reafirma en las sentencias más recientes en una misma línea rigurosa y coherente, en el sentido de vincular los informes relativos al estado de conservación de edificios y construcciones, es decir, lo que son hoy los informes de evaluación de edificios, con la competencia para la elaboración de proyectos de tales edificios y construcciones, vinculando por tanto el concepto de la conservación o mantenimiento de edificios, con la propia proyección o edificación de los mismos.

Como a continuación veremos, la regulación de las inspecciones técnicas de edificios que se contenían en el Real Decreto Ley 8/2011 y en concreto, los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que regulaban esta materia y las disposiciones transitorias primera y segunda, fueron derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.

II.- Los Planes Estatales de Fomento de la rehabilitación y fomento del alquiler de viviendas. El RD 233/2013. La primera referencia a los informes de evaluación de edificios.

Siguiendo con el iter normativo, es ineludible referirse en esta materia a los planes estatales, que vinieron estableciendo ayudas públicas para adquisición, rehabilitación o alquiler de viviendas y que arrancan desde el Real Decreto 2455/1980 de 7 de noviembre, hasta el último plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, regulado por el RD 233/2013 de 5 de abril.

Precisamente, en este RD 233/2013, aparece ya en una norma estatal básica, la referencia a los informes de evaluación de edificios y en concreto, en el artículo 33, referido al objeto del programa, señalando que:

“(…) es el impulso a la implantación y generalización de un Informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión.

2. El informe contendrá, de manera detallada, los aspectos relacionados en el anexo II, en relación con el análisis del estado de conservación del edificio, la determinación de si el edificio es susceptible o no de incorporar ajustes razonables en materia de accesibilidad y la certificación de la eficiencia energética.

Cuando, en el municipio o en la Comunidad Autónoma en que se sitúa el edificio objeto de este informe, exista normativa que desarrolle un modelo propio de Inspección Técnica de Edificios, o instrumento análogo, que incluya todos los aspectos que forman parte del anexo II, se admitirá dicho modelo en sustitución de éste, siempre que esté suscrito por técnico competente, se haya cumplimentado y tramitado de acuerdo con lo establecido en la normativa que le sea de aplicación y esté actualizado de conformidad con la misma. En los casos en que la información que aporten sólo responda parcialmente al anexo II, se incorporará directamente y se cumplimentará el resto”.

A través de esta normativa estatal y básica, por primera vez se hace una referencia expresa y clara a los informes de evaluación de edificios, en los que en cuanto a su contenido, se refieren fundamentalmente a los aspectos de conservación y a las condiciones de accesibilidad, que eran los aspectos esenciales que se han contenido y se contienen en las Ordenanzas Municipales sobre las inspecciones técnicas de edificios, como ya tuvimos ocasión de señalar anteriormente.

Las novedades fundamentales son dos: de una parte, se introduce la certificación de la eficiencia energética como materia propia de los informes de evaluación de edificios, remitiéndose al procedimiento establecido por la normativa vigente, al que a continuación aludiremos.

Y, en segundo lugar, en el anexo II de este Real Decreto 233/2013, se contiene un modelo tipo de informe de evaluación de edificios. Este modelo se ha incorporado en alguna normativa autonómica, reguladora de los informes de evaluación de edificios, como por ejemplo en el Decreto 103/2016 de 24 de octubre, que regula el informe de evaluación de los edificios de la Comunidad de Madrid.

Este modelo tipo, comprende los datos generales del edificio (identificación del edificio; datos urbanísticos; datos de propiedad; del técnico competente que suscribe el informe; datos generales del edificio; archivos gráficos y documentación administrativa complementaria). Ha de contener una descripción de los sistemas constructivos a efectos estadísticos (cimentación, estructura, cerramientos verticales y cubiertas e instalaciones del edificio).

El modelo se estructura en tres partes: una primera parte, relativa al estado de conservación del edificio, que comprende un examen o comprobación de: cimentación, estructura, fachadas y medianerías, cubiertas y azoteas e instalaciones, con una valoración final del estado de conservación y una descripción de todas las deficiencias de conservación que se observen en todas las partes e instalaciones mencionadas. Una segunda parte, que se refiere a las condiciones básicas de accesibilidad, tanto en el exterior como entre las plantas del edificio y condiciones funcionales del mismo. Y, por último, una tercera parte sobre el certificado de eficiencia energética.

Ha de reseñarse que este Plan Estatal contenido en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, que abarcaba los años 2013-2016, finalizaba el 31 de diciembre de 2016, por lo que ha sido prorrogado por un año más, por el RD 637/2016 de 9 de diciembre, de tal manera que sigue vigente en todos sus contenidos.

En este RD 233/2013, no se contienen precisiones o determinaciones sobre la competencia profesional para emitir los informes de evaluación de edificios, únicamente se hace alusión a que “esté suscrito por técnico competente”.

III.- El RD 235/2013 sobre la Certificación de la eficiencia energética en los edificios: alcance de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016

Si como hemos visto ya dentro del contenido de los informes de evaluación de edificios, la certificación de eficiencia energética aparece como uno de sus contenidos, a los pocos días de publicarse el Real Decreto analizado en el apartado anterior, se publicó en el BOE de 13 de abril de 2013, el RD 235/2013 de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Esta norma, supone la trasposición -al menos parcial- de la Directiva 2010/31/UE, en lo relativo de la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Por lo que atañe al objeto de este informe, ha de reseñarse que se refiere a edificios de nueva construcción y a edificios existentes y que se excluyen de su ámbito de aplicación, entre otros, los edificios industriales, agrícolas, de la defensa, edificios destinados a actividades religiosas, de tal manera que esencialmente su ámbito de aplicación se va a concretar en edificios de uso residencial entre otros.

El artículo 1.3.p), alude al técnico competente para emitir las certificaciones de eficiencia energética de los edificios y dispone literalmente:

“(…) técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o haya acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta”.

El precepto se remite en primer lugar a las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para redactar proyectos o dirección de obras y dirección de obras de edificación “según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación”. Hay pues una remisión plena a la LOE y esta remisión plena a la LOE implica que hay que estar al sistema de distribución y asignación de competencias profesionales que establece dicha Ley. Por tanto, es la propia LOE la que en definitiva determina las propias competencias para emitir los certificados de eficiencia energética. Y no cabe la alteración del sistema de la LOE. O su interpretación al margen de lo que literalmente establece.

Y lo que establece es que esas titulaciones habilitantes para proyectar y dirigir obras de edificación, están en función de los usos del edificio (artículo 2, apartado 1) y las “respectivas especialidades y competencias específicas” (artículo 10.2.a, párrafos 3o y 4o; artículo 12.3.a, párrafos 3o y 4o; y artículo 13.2.a, párrafos 2o y 3o).

Por ello, la primera consideración esencial que deriva del citado artículo 1.3.p) del RD 235/2013, es que las certificaciones de eficiencia energética han de emitirse por quienes posean dichas titulaciones habilitantes, conforme al sistema de la LOE y los criterios expresados, y desde luego nunca al margen o sin tener en cuenta los usos de los edificios y las competencias y especialidades de cada profesión.

Los arquitectos -y en su ámbito de especialidad propio de ejecución de obras, los arquitectos técnicos-, son los que ostentan la facultad exclusiva para emitir certificaciones de eficiencia energética cuando los edificios se destinen a usos de carácter residencial, administrativo, sanitario, religioso, docente y cultural. En este ámbito, las Ingenierías -las distintas Ingenierías-, que no tienen facultades de dirección y proyección de obras, tampoco la tienen para emitir tales certificados de eficiencia energética.

Retomando lo que dice el artículo 1.3.p) del RD 235/2013, después de remitirse a la LOE, señala “o haya acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta”.

Este inciso que se añade al artículo 1.3.p) del RD 235/2013, planteaba objeciones de legalidad: en primer lugar, porque no estaba en ninguna de las redacciones anteriores del Real Decreto de Eficiencia energética, y se incorporó a última hora al texto definitivo, sin haber sido objeto de Dictamen por el Consejo de Estado. Y de otra parte, podría entenderse que vulnera el principio de reserva de Ley en sus dimensiones formal y material, ya que si la LOE establece esa reserva de actividad en el ámbito reseñado, no podría una disposición reglamentaria, como es una Orden Ministerial, vulnerar la propia LOE. Y además, el establecer competencias profesionales es materia constitucionalmente reservada a una norma jurídica con rango de Ley formal.

Estas fueron las razones, razones fundadas en el orden jurídico, que determinaron al CSCAE a interponer recurso únicamente contra dicho inciso que hemos destacado en negrita, del artículo 1.3.p) del RD 235/2013 la disposición adicional cuarta al que se remite el mismo.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CSCAE, lo fue única y exclusivamente contra esas dos concretas disposiciones del Decreto de Eficiencia energética. Y así lo expresa literalmente la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016, sentencia no 2765/2016, en el fundamento jurídico cuarto, párrafo primero, de la propia sentencia.

No se impugnaba el resto del Decreto. No se dirimía ningún pronunciamiento sobre las competencias profesionales para emitir las certificaciones de eficiencia energética ni desde luego el recurso se refería a los informes de evaluación de edificios.

La sentencia del TS mencionada, declara no haber lugar al recurso interpuesto, al considerar que esos preceptos impugnados del Decreto no vulneraban la legalidad. Este es el único pronunciamiento que contiene la sentencia del Tribunal Supremo a la que nos remitimos.

Sin embargo, la propia sentencia contiene alguna consideración de interés para el objeto de este informe. Así, señala:

“El artículo 1.3.p) afirma que el técnico competente para emitir el certificación de eficiencia energética es el técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, pues en principio y mientras no se justifique lo contrario no hay ninguna norma jurídica que establezca otro técnico competente para emitir este tipo de certificados. En cuanto a la acreditación dela cualificación, ultimo inciso del precepto cuestionado, no se ha dictado la orden que pudiera regularlo, por lo que, no se puede afirmar que se ha vulnerado un precepto legal. por lo tanto, tal como está redactado el Real Decreto no existe vulneración de ninguna norma legal, ya que al regular la figura del técnico competente se remite a la Ley de Ordenación de la Edificación”.

Así pues, el Tribunal Supremo en esta sentencia deja bien claro dos cuestiones esenciales: para la emisión de certificados de eficiencia energética las competencias profesionales vienen establecidas en al LOE, ya que el citado Decreto de Eficiencia energética “al regular la figura del técnico competente se remite a la Ley de Ordenación de la Edificación”. Y, en segundo lugar, que la previsión que se contiene de que una futura Orden Ministerial establezca otras cualificaciones profesionales en esta materia, al no haberse publicado, no se ha vulnerado ningún precepto legal. en esta cuestión, en el párrafo penúltimo de la sentencia (Fundamento Jurídico séptimo) se destaca que esta previsión “no es una remisión en blanco puesto que establece -así lo resalta alguna de las partes codemandadas- precisamente que en la misma “se determinarán las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia energética, así como los medios de acreditación” pero sin libertad absoluta, lógicamente, para los ministerios implicados, sino, obligatoriamente, teniendo en cuenta “la titulación, la formación, la exigencia y complejidad del proceso de certificación””.

Esto es lo que dice la sentencia con las consideraciones y fundamentos jurídicos más destacados que hemos trascrito literalmente.

No hay ningún pronunciamiento sobre las competencias profesionales ni desde luego de las Ingenierías, para suscribir las certificaciones de eficiencia energética, ni por supuesto nada sobre los informes de evaluación de edificios, que además no eran objeto del recurso.

Por ello, resulta sorprendente que determinadas Corporaciones Profesionales, y en concreto el Consejo General de los Colegios de Ingenieros Industriales y el Consejo General de Ingenieros Industriales, hayan publicado en sus páginas web y difundido que se ha otorgado a tales colectivos competencias para realizar tales informes e incluso se llega a decir, para emitir los informes de evaluación de edificios.

Esas consideraciones o afirmaciones no están en la sentencia, en ninguno de sus hechos o fundamento de derecho. No es una cuestión interpretativa. Sencillamente la sentencia no contiene tales apreciaciones.

El contenido de la propia sentencia que hemos analizado anteriormente, desmiente todo ello y la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios, plenamente vigente, y que luego será objeto de un análisis pormenorizado.

En definitiva, y en aras de la trasparencia, del respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica, debe resaltarse que el régimen de competencias profesionales para la emisión de las certificaciones de eficiencia energética y de los informes de evaluación de edificios, es el que establece el marco normativo vigente y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre esta materia, que se remite a la LOE en función de las titulaciones habilitantes para proyectar, asumir la dirección de las obras o dirección de ejecución de las obras de edificación en los términos que han quedado anteriormente expuestos.

La sentencia citada del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016, no ha modificado ni alterado en forma alguna dicho régimen competencial.

IV.- El marco normativo vigente: de la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, al Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Las competencias profesionales para emitir los informes de evaluación de edificios

La Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE de 27 de junio de 2013), supuso la incorporación a un texto normativo con rango de Ley formal, y con el carácter de norma básica, de la regulación de las actuaciones sobre rehabilitación de los edificios y la regeneración de los tejidos urbanos existentes.

La exposición de motivos o preámbulo de la Ley, explicitaba que el desarrollo económico se había volcado -y el sector inmobiliario en particular, en el impulso de la construcción de vivienda nueva y se señalaba que no existe un desarrollo en igual medida de las operaciones de rehabilitación, por lo que se hacía preciso “generar un marco normativo idóneo para dichas operaciones, que no sólo llenen las lagunas actualmente existentes, sino que remueva los obstáculos que las imposibilitan en la práctica y que propicie la generación de ingresos propios para hacer frente a las mismas”. Por tanto, de nuevo el legislador enmarca la rehabilitación de edificios, como una medida de impulso al mercado de la vivienda y de la edificación, en el contexto de la profunda crisis económica del sector.

Ha de señalarse en este punto, que desde el CSCAE y de los COAs se vino insistiendo ante los poderes públicos y en especial ante el Ministerio de Fomento, en la necesidad de este marco regulatorio y del impulso a la rehabilitación, teniendo en cuenta una perspectiva arquitectónica de la misma.

El Título I (artículos 4 al 6), regulan el informe de evaluación de edificios.

Los elementos fundamentales de esta regulación, se sintetizan en los siguientes:

  • El ámbito, se delimita para inmuebles ubicados con tipología residencial de vivienda colectiva. La disposición transitoria primera estableció un calendario para la realización de la evaluación de edificios, centrándose en los que tuviesen una antigüedad superior a 50 años, en el plazo máximo de 5 años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad.
  • El contenido del informe de evaluación de edificios, se establece de manera reglada, refiriéndose a tres aspectos: a) la evaluación del estado de conservación del edificio; b) la evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio; c) la certificación de la eficiencia energética del edificio con el contenido y procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente. Al aludir al “estado de conservación del edificio”, es evidente que se está refiriendo a la comprobación de todos los elementos e instalaciones del edificio en su seguridad y habitabilidad entre otros aspectos.
  • La Ley establece una conexión entre el informe de evaluación de los edificios y el informe de las inspecciones técnicas, al disponer que si existiese una ITE que hubiese evaluado los aspectos señalados en los apartados a) y b) del artículo 4.2 que hemos mencionado, se podría completar con la certificación de la eficiencia energética y surtirá los mismos efectos que el informe regulado por esta Ley.
  • En cuanto a la capacitación del informe de la evaluación de los edificios, el artículo 6, como ya hemos anticipado, reproduce e incorpora de manera literal el texto del artículo 1.3.p) del Decreto regulador de las certificaciones de eficiencia energética, RD 235/2013 de 5 de abril (antes analizado), al decir que se considerará:

“A tales efectos se considera técnico facultativo competente el que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o haya acreditado la cualificación necesaria para la realización del Informe, según lo establecido en la disposición final decimoctava”.

Efectuando una interpretación literal de la norma, que es el primer criterio al que hay que acudir, como prescribe el artículo 3.1 del Código Civil, cuando dispone que las normas “se interpretarán según el sentido propio de sus palabras”, es evidente que el precepto efectúa un reenvío formal y material pleno al régimen competencial que establece la LOE, en cuanto a las atribuciones profesionales para la redacción de proyectos o direcciones de obra y dirección de ejecución de obras de edificación.

Y decimos que es un reenvío pleno a la LOE, porque alude con la misma terminología a las titulaciones académicas y profesionales habilitantes, para realizar tales funciones, es decir, las que se contienen en los artículos 10, 12 y 13 de dicho texto normativo. Ello supone que al tratarse de “titulaciones habilitantes” son las que en cada caso y en función de los supuestos que establece dicha Ley, se determina tal competencia. Es decir, no hay una remisión genérica sin más a todo tipo de proyectos, sino el que es habilitante en cada supuesto concreto, que la LOE determina en función de los usos del edificio (artículo 2, apartado 1) y las “respectivas especialidades y competencias específicas” (artículo 10.2.a, párrafos 3o y 4o; artículo 12.3.a, párrafos 3o y 4o; y artículo 13.2.a, párrafos 2o y 3o).

Y esa literalidad del precepto es clara, cuando la remisión que hace a la LOE, no la hace a la capacidad para elaborar cualquier proyecto sin tener en cuenta la obra y el objeto de la edificación.

El precepto que estamos comentando del artículo 6 de la Ley 8/2013, después de aludir a las titulaciones académicas y habilitantes, emplea esta expresión “según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación”. Es pues concluyente, que el reenvío que efectúa dicho Decreto a la LOE, lo es a la propia regulación contenida en la misma y al régimen por tanto de atribuciones profesionales que se establece conforme a los criterios que hemos reseñado.

Siendo ello así, si la LOE establece una competencia exclusiva para arquitectos para proyectar y dirigir edificios destinados a usos administrativos, sanitarios, religiosos, residenciales en todas sus formas, docentes y culturales, conforme dispone el artículo 10.2.a) párrafo 2o, en relación con el artículo 2.1.a) de la misma LOE, la conclusión no puede ser otra que sólo los arquitectos -y los arquitectos técnicos en su ámbito de especialidad de ejecución de obras-, pueden emitir certificados de eficiencia energética de edificios, en relación con los edificios destinados a los usos señalados. Cada uno en su ámbito propio de actuación y por tanto los arquitectos técnicos en su ámbito propio y especialidad de ejecución de obras.

Y la segunda conclusión derivada es también evidente: las Ingenierías tienen su ámbito de actuación profesional en la especialidad propia de cada una de ellas, conforme a sus titulaciones respectivas, por lo que la competencia para emitir las certificaciones de eficiencia energética, están en relación con la especialidad de cada una de ellas y de los usos de los edificios. Ello es aplicación de la LOE y de lo dispuesto en el artículo 10.2.a), párrafos 3o y 4o, en relación con el artículo 2.1.b) y c). Ello les excluye de la habilitación legal para poder emitir certificaciones de eficiencia energética en el ámbito de los edificios destinados a los usos que hemos reseñado, que son competencia exclusiva de los arquitectos. Y eso es justamente lo que ha establecido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y que ha seguido la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, como luego veremos con más detalle, en cuanto a la doctrina sobre los informes de evaluación de edificios.

El marco normativo vigente, teniendo en cuenta que no se ha publicado la Orden ministerial que pudiera establecer otras cualificaciones profesionales, viene constituido por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre (BOE 31 de octubre de 2015), que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Este Texto Refundido, derogó todos los artículos relativos a los informes de evaluación de edificios que se contenían en la Ley 8/2013 de 28 de junio, que antes hemos visto, y al mismo tiempo incorporó en el Título III (artículos 29 y 30), de manera literal, los artículos 4 y 6 respectivamente, de la citada Ley 8/2013.

Por ello, las consideraciones que se han efectuado con respecto al artículo 6 de la Ley 8/2013, son aplicables plenamente a lo que dispone el artículo 30 del citado Texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana, por cuanto este precepto reproduce literalmente lo que decía aquel artículo de la Ley 8/2013.

En resumen: la competencias profesionales para emitir los informes de evaluación de edificios, vienen atribuidas a quienes estén en posesión de las titulaciones académicas y profesionales que habilitan para redactar proyectos, direcciones de obras y direcciones de ejecución de obras de edificación, conforme a la regulación que establece la LOE, es decir; es decir, teniendo en cuenta los usos de los edificios y las competencias y especialidades propias de cada profesión, en los términos que antes hemos detallado.

El fundamento lo ha dejado muy claro la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que a continuación vamos a analizar, por la directa vinculación entre lo que constituye el objeto de la evaluación de edificios o inspecciones técnicas, con la actividad de la construcción, con sus requisitos esenciales y con los conocimientos precisos para proyectar y dirigir las edificaciones. No hay diferencia -y desde luego no hay ninguna norma jurídica que la establezca-, entre la actividad de la edificación y la de conservación.

Por ello, sólo quiénes están capacitados para la proyección y dirección de obras de los edificios, según sus usos y en cada caso, pueden estar capacitados y tener la formación adecuada para emitir los informes de evaluación de edificios que requieren examinar la seguridad delas edificaciones, la habitabilidad, el estado de la construcción y sus instalaciones, requisitos todos ellos básicos de la edificación, y que el propio artículo 3 de la LOE, vincula al “proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones”.

Por último, señalaremos que el marco normativo estatal analizado, se completa con las distintas normas autonómicas que la mayoría de Comunidades Autónomas han ido publicando, regulando la inspección técnica de los edificios, especialmente después de la Ley 8/2013, siguiendo líneas generales los contenidos de la normativa básica estatal y remitiéndose en general a las competencias profesionales que establece la misma.

Así, cabe citar al respecto las siguientes normas autonómicas:

  • País Vasco: Decreto 241/2012 de 21 de noviembre, que regula la inspección técnica de edificios, modificado por el Decreto 80/2014 de 20 de mayo
  • Cantabria: Decreto 1/2014, de 9 de enero, que regula las condiciones y se crea el Registro de los Informes de Evaluación del Edificio
  • Castilla y León: Decreto 6/2016, de 3 de marzo, que modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (LCyL 2004\49) para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre (LCyL 2014\309), de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
  • Valencia: Decreto 76/2007 de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas de la Comunidad Valenciana.
  • Cataluña: Decreto 67/2015 de 8 de mayo, de Fomento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los edificios de viviendas mediante las inspecciones técnicas y el libro del edificio.
  • Castilla La Mancha: Decreto 11/2015 de 11 de marzo, que regula el informe de evaluación de los edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios y Ley 3/2016, de 5 de mayo de Medidas de Castilla-La Mancha 2016
  • La Rioja: Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y en la Ley de Vivienda de La Rioja.
  • Aragón: Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio
  • Madrid: Decreto 103/2016 de 24 de octubre, que Regula el informe de evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y crea el Registro Integrado Único de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid.
  • Murcia: Decreto 34/2015 de 13 de marzo, que Regula el informe de evaluación de los edificios y crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Región de Murcia.
  • Islas Baleares: Ley 2/2014, de 25 de marzo, del Suelo de las Illes Balears y Decreto núm. 17/2016 de 8 de abril, que Crea y regula el Registro de Informes de Evaluación de Edificios de las Islas Baleares.

V.- La Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia

Tal y como hemos anticipado con anterioridad, sobre la materia de la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios (o inspecciones técnicas de edificios que son equivalentes por su contenido), existe un cuerpo jurisprudencial consolidado y reiterado del Tribunal Supremo, que además ha sido seguido unánimemente por numerosas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece de manera categórica que la competencia profesional para emitir los informes de evaluación de edificios, es la que establece la LOE, por lo que han de poseerse los títulos académicos y profesionales habilitantes para proyectar edificios, la dirección de obras o la dirección de ejecución de las obras, teniendo en cuenta los usos a que se destine cada edificio y las competencias y especialidades de cada una de las profesiones.

Esta Jurisprudencia excluye a los ingenieros -en sus distintas ramas- de poder intervenir para emitir informes de evaluación de edificios que estén destinados a usos residenciales en cualquier forma, administrativos, sanitarios, religiosos, docentes y culturales, en los que la proyección y dirección de la obra corresponde en exclusiva a los arquitectos. Y la dirección de ejecución de la obra a los arquitectos técnicos.

Ha de resaltarse que este cuerpo jurisprudencial sigue plenamente vigente – como hemos insistido- y no solo no existe ninguna sentencia contradictoria con el mismo, sino que según se van dictando sentencias posteriores por los Tribunales Superiores de Justicia y desde luego después de los pronunciamientos del Tribunal Supremo, estas sentencias más recientes reafirman plenamente dicha doctrina jurisprudencial.

Analicemos la misma.

Es ineludible referirse a las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6520) y 25 de noviembre de 2015 (RJ 2015/5928), que desestimaron sendos recursos interpuestos, en el primer caso, por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y el Colegio de Peritos e Ingenieros Industriales de Segovia contra la Ordenanza Municipal sobre la Inspección Técnica de Edificios aprobada por el Ayuntamiento de Segovia. Y en la segunda, interpuesto el recurso por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, en los que se impugnaba la Ordenanza Municipales de la Inspección Técnica de Construcciones, aprobada por el Ayuntamiento de Soria.

El contenido de dichas Ordenanzas Municipales era prácticamente idéntico y la inspección técnica comprendía una evaluación del estado de conservación de los edificios, analizando seguridad, salubridad, habitabilidad, adecuación de uso y ornato público. Y se establecía que la condición de técnicos competentes sería conforme a la LOE aquellos que lo sean para proyectar y dirigir obras de construcción, atendiendo a las características de uso y tipología.

Es decir, una remisión a la LOE en los prácticamente mismos términos que se contiene en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y antes, en el artículo 6 de la Ley 8/2013 de 26 de junio.

Las Corporaciones Profesionales citadas, en los recursos interpuestos, pretendían negar la existencia de reserva de ley y que entre sus atribuciones se encontraban con carácter general, realizar informes sobre ITEs y sobre IEEs; y además alegaban que una cosa es la competencia para proyectar y dirigir edificios y otra, analizar la conservación de los mismos.

El Tribunal Supremo, rechazad de manera categórica y concluyente tales alegaciones en dichas sentencias.

En la primera de las sentencias citadas, de 9 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6520), que ratifica plenamente la sentencia posterior del mismo Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 (RJ 2015/5928), se contiene una doctrina que se asienta en unos fundamentos jurídicos y principios muy claros que a continuación vamos a analizar.

Concretaremos la doctrina del Tribunal Supremo, en los siguientes principios o consideraciones esenciales:

1. Coincidencia sustancial entre el contenido de las inspecciones técnicas de edificios o evaluación de edificios, con los requisitos básicos de edificación que establece la LOE.

En este sentido, señala el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2014, que reproduce la sentencia de 25 de noviembre de 2015:

“Citadas estas condiciones a las que se extiende el examen de la Inspección Técnica, que aunque más detalladas y en algún aspecto no previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación (RCL 1999, 2799), como es el caso de las referentes al ornato público, sin embargo no dejan de coincidir sustancialmente con los llamados “requisitos básicos de la edificación” regulados en el artículo tercero de la Ley citada , para garantizar el cumplimiento de la misma llama a que intervengan en las obras de edificación a quienes “estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda” (arts. 10.2.a y 12.3.a de la Ley), conteniendo asimismo la previsión de que “podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que le complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el director de éste” (art. 10.1) y que “podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos bajo la coordinación del director de obras (art. 12.2), si bien la propia Ley hace a continuación una distribución de competencias entre aquellas profesionales según los diversos objetos de la construcción a edificar que clasifica en el artículo segundo”.

Es decir, en esta primera consideración el Tribunal Supremo resalta algo esencial, como es la coincidencia sustancial entre los contenidos de las inspecciones técnicas de edificios o evaluaciones de edificios y los requisitos básicos de la edificación, que se contienen en el artículo 3 de la propia LOE, que además establece que estos requisitos deben satisfacerse y establecerse “en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones”. Coincidencia pues plena entre el objeto de las inspecciones técnicas y evaluaciones de edificios y los propios requisitos básicos de la LOE.

Por ello, el Tribunal Supremo señala que para “garantizar el cumplimiento de la misma”, es decir, el propio cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación que establece la LOE, llama que intervengan quienes estén en posesión de las titulaciones habilitantes, precisando “si bien la propia Ley hace a continuación una distribución de competencias entre aquellos profesionales según los diversos objetos de la construcción a edificar, que clasifican el artículo segundo”.

2. No hay razones y desde luego no hay ninguna norma jurídica que lo establezca, para diferenciar entre la actividad de edificación y la de conservación

Sobre esta cuestión, que se viene insistiendo desde determinados colectivos profesionales, en cuanto que no pueden aplicarse las normas de la LOE que establecen la capacidad para proyectar y dirigir edificios a las actividades de inspección o de comprobación en cuanto a la conservación de los mismos, el pronunciamiento del Tribunal Supremo es muy claro, cuando afirma en dichas sentencias:

“A partir de este dato, la racionalidad del argumento ofrecido por la sentencia recurrida, en el sentido de la evidente relación entre la capacidad para intervenir en la edificación y la de calificar el estado general de su conservación, sería la justificación de la norma de la Ordenanza impugnada, por lo que resulta de lógica jurídica que solamente un precepto con el preciso rango legal que diese beligerancia a las razones de diferencia técnica entre la actividad de edificación y la de conservación que aducen los actores para mantener su pretensión podría abatir el fallo recurrido”.

3. Las atribuciones profesionales de los ingenieros se delimitan por la especialidad respectiva de cada una de sus ramas y están en correspondencia con la técnica propia de cada titulación.

En estas sentencias -que estamos analizando con detalle- el Tribunal Supremo reafirma el principio de especialidad, que es determinante en orden a delimitar las atribuciones profesionales de las distintas Ingenierías. Y por ello, deja muy claro que el que las Ingenierías -y entre otras las Ingenierías Industriales e Ingenierías Técnicas Industriales- no estén facultades para emitir informes de evaluación de edificios en los edificios de uso residencial y destinados a los otros usos que son competencia exclusiva de arquitectos, no limita sus competencias propias, sino que asume “la lógica eficacia de la LOE a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los arquitectos y los ingenieros en la inspección técnica”.

Reproducimos literalmente estas consideraciones del Tribunal Supremo, que se contienen en el Fundamento Jurídico tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2014:

“(…) Ahora bien, estas atribuciones de los Ingenieros se hacen condicionados a que correspondan “por su naturaleza y características a la técnica propia de cada titulación” (Ley 12/86) o que se trate de “instalaciones o explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica industrial Química, Mecánica y Eléctrica y de Economía Industrial” (Decreto de 1935), de modo que las mismas normas atributivas de competencias profesionales matizan las mismas en función de los saberes propios de cada titulación, siendo de notar que los demandantes no solo invocan para afirmar su posición las capacidades de dictamen e informe, sino también las de “proyectar” para así justificar la capacidad de intervención de los Ingenieros en la Inspección Técnica, razonamiento que en definitiva viene a avalar la posición de la Ordenanza, al vincular la intervención en la construcción con la competencia para hacerlo en la Inspección Técnica, a la vista de que la Ley de Ordenación de la Edificación refiere la capacidad para intervenir en ésta a la titulación que “corresponda”.

Consideramos, por tanto, que la Ordenanza no limita las competencias propias de los Ingenieros ni contradice las capacidades genéricas y específicas de proyectar e informar que sus particulares regulaciones les atribuyen sino que simplemente asume la lógica eficacia de la Ley de Ordenación de la Edificación a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los Arquitectos y los Ingenieros en la Inspección Técnica, cuya íntima relación con la actividad de la construcción, en cuanto implica un examen e informe sobre su estado, resulta innegable”.

4. En consecuencia, la competencia profesional para intervenir en las inspecciones técnicas de edificaciones y en los informes de evaluación de edificios, está en relación con la formación y conocimiento para proyectar y dirigir el edificio del que se trate en cada caso.

Así lo dice de manera nítida el Tribunal Supremo en estas sentencias, cuando afirma:

“Siendo sustancialmente correcto lo que nos dice la parte, sin embargo, ello no devalúa la argumentación que con anterioridad hemos desarrollado sobre la evidente e íntima relación entre los conocimientos precisos para proyectar y dirigir la construcción de edificio o algunos de los elementos integrados en los mismos y los adecuados para informar sobre su estado de conservación lo que justifica – repetimos- la racionalidad jurídica de la norma puesta en entredicho”.

La doctrina jurisprudencial de todos los Tribunales Superiores de Justicia que se han pronunciado sobre esta cuestión, es plenamente unánime y categórica, en la misma línea que la doctrina del Tribunal Supremo, que aplica plenamente. Es pues un cuerpo jurisprudencial consolidado.

Cabe citar al respecto:
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2a), Sentencia núm. 128/2016 de 25 febrero de 2016 (RJCA 2016\272). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de ingenieros Técnicos Industriales de La Coruña, contra resolución del área de Medioambiente del Ayuntamiento de La Coruña, que exigió que el informe de inspección técnica de edificio, fuese elaborado por técnico competente (arquitecto o arquitecto técnico). Esta sentencia tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de Ley 8/2013 de 28 de junio y su remisión a la LOE.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 62/2016 de 18 enero de 2016 (JUR 2016\52640). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, contra Decreto del Ayuntamiento de Ciudad Real, que denegó la competencia a un ingeniero industrial para suscribir un informe de inspección técnica de un edificio residencial. Señala que: “sin mayores esfuerzos interpretativos, ha de concluirse que los ingenieros industriales no pueden ser considerados, de lege data, facultativos competentes para suscribir el informe de evaluación de edificios, tratándose de construcciones cuyo uso principal sea el residencial -caso de autos-”.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 25/2016 de 4 enero de 2016 (JUR 2016\44580). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, contra resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real que denegó a un ingeniero de caminos, canales y puertos, la competencia para realizar un informe de inspección técnica de un edificio residencial. Recoge la doctrina del Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de noviembre de 2015 y destaca que la Ley 8/2013, en su artículo 6, ratifica “reforzándolos” la corrección de los razonamientos de la sentencia del Tribunal Supremo.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 463/2015 de 30 junio de 2015 (JUR 2015\176450). Desestima el recurso de Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, interpuesto contra la normativa autonómica relativa a la cualificación para ejercer la actividad de agente rehabilitador, vinculada a la rehabilitación de edificios. Destaca que la Ley 8/2013 “remite a su vez a la determinación que hace la LOE”. Es decir, remite a la distribución de competencias establecidas en la LOE. por ello, concluye que cuando se trate de edificios de tipología residencial “la cualificación profesional será la de arquitecto en todo caso, o la de arquitecto técnico en la dirección de la ejecución”.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 386/2015 de 22 junio de 2015 (JUR 2015\185138). Desestima el recurso del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y de La Rioja, contra resolución del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que mantuvo la competencia de arquitecto superior o arquitecto técnico para la redacción y certificación de la inspección técnica de edificios. Señala que “siendo razonable entender que quien es competente para proyectar y dirigir el edificio, deba serlo también para inspeccionar el grado de conservación del mismo y el debido cumplimiento por el propietario del deber que le incumbe conforme a lo dispuesto, esta vez sí, en la Ley de Ordenación de la Edificación”.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3a), sentencia núm. 410/2015 de 10 junio de 2015 (JUR 2015\282615). Desestima el recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contra Decreto de la Generalitat de Cataluña sobre la inspección técnica de edificios. Señala la sentencia la preminencia que corresponde a los arquitectos, arquitectos técnicos y/o aparejadores, precisamente por la especialidad técnica que ostentan en la elaboración de proyectos constructivos generales o en la dirección y ejecución de las obras, más aún cuando las mismas vienen referidas a un edificio destinado al uso residencial o de vivienda.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3a), sentencia núm. 29/2015 de 22 enero de 2015 (JUR 2015\118941). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña, contra el Decreto sobre la inspección técnica de edificios de viviendas. Sigue la doctrina del Tribunal Supremo, establecida en la sentencia de 9 de diciembre de 2014.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia La Rioja (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 37/2015 de 29 enero de 2015 (JUR 2015\48003). Desestima el Colegio de Ingenieros Industriales de La Rioja contra la ordenanza del Ayuntamiento de Logroño, reguladora de la inspección técnica de edificios. Sigue la doctrina del Tribunal Supremo establecida en la sentencia de 9 de diciembre de 2014.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de enero de 2014 (recurso 4458/2013, JUR 2014\39046), referida a la competencia para efectuar las ITES, que desestima un recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos y que, entre otros aspectos, señala:
“(…) tampoco es contrario a derecho que se elija para examinar e informar sobre el estado de conservación de un edificio a quien tiene, por atribuírsela una norma con rango de ley, la competencia exclusiva para dirigir su edificación, pues no puede decirse que en esta concreta materia rija el principio de libertad con idoneidad frente al de exclusividad; y es que la STS de 19-1-2012 que cita la apelada, pese a decir en su séptimo fundamento de derecho, con cita de numerosas sentencias, que la Sala rechazó el monopolio competencial a favor de una profesión técnica superior predeterminada, y que se impone la conclusión de primar el principio de idoneidad al de exclusividad, sin embargo declara que el criterio jurisprudencial claramente aplicable “resulta de considerar que cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico, como sucede en el caso de construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece indubitada y reconocida al Arquitecto y, en su caso, al Arquitecto técnico”. Ante ello no cabe invocar la capacidad o idoneidad de los ingenieros de caminos para la redacción de informe de la ITE”.

VI.- Conclusiones

1. En el marco de las primeras regulaciones estatales de rehabilitación de edificios, se publicó el Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio, que se refiere a las inspecciones técnicas de edificios. No establecía determinación sobre las competencias profesionales. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en sentencia de 13 de junio de 2006, vinculando la capacidad para redactar informes sobre el estado o conservación de los edificios, con la competencia para elaborar los proyectos y ejecuciones de obras.

2. El RD 233/2013, de Fomento del alquiler de viviendas y rehabilitación urbana, que aprobó el Plan Estatal 2013-2016 (está hoy vigente al haber sido prorrogado por un año más por el RD 637/2016, de 9 de diciembre), estableció en una norma estatal y básica una referencia expresa a los informes de evaluación de edificios, incorporando además de la comprobación de la conservación y accesibilidad, el que contenga certificado de eficiencia energética. El anexo II del Decreto, contiene un modelo tipo de informe, que se aplica en muchos casos y que ha sido incorporado a las normativas autonómicas. Tampoco se refirió dicho Decreto a la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios.

3. El RD 235/2013, que aprobó el procedimiento para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, sí estableció de manera expresa los técnicos competentes para emitir dichas certificaciones. Establece una remisión plena a lo dispuesto en la LOE, por tanto una remisión a las titulaciones habilitantes para proyectar y dirigir obras de edificación en función de los usos del edificio (artículo 2, apartado 1 de la LOE) y a las respectivas especialidades y competencias específicas de cada profesión (artículo 10.2.a, párrafos 3o y 4o; artículo 12.3.a, párrafos 3o y 4o; y artículo 13.2.a, párrafos 2o y 3o).

4. El mismo Decreto sobre la certificación de la eficiencia energética en los edificios, contenía un inciso final en el artículo 1.3.p), que dejaba abierta la posibilidad a que una Orden Ministerial futura, determinase “la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética”. Este inciso de dicho precepto y la disposición adicional cuarta a la que se remitía, fueron objeto del recurso interpuesto por el CSCAE ante el Tribunal Supremo. Este, en sentencia de 22 de diciembre de 2016, desestima dicho recurso, declarando que tales preceptos no vulneran la legalidad. Es el pronunciamiento de dicha sentencia. El Tribunal Supremo señala que el Decreto de eficiencia energética “al regular la figura del técnico competente, se remite a la Ley de Ordenación de la Edificación” y que la previsión de una futura Orden ministerial para establecer las cualificaciones en esta materia “al no haberse publicado, no se ha vulnerado ningún precepto legal en esta cuestión”. La sentencia no ha modificado ni alterado las competencias para emitir los certificados de eficiencia energética y los informes de evaluación de edificios. Sobre esta última materia sigue vigente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece un cuerpo de doctrina reiterado y consolidado al respecto.

5. El marco normativo vigente sobre los informes de evaluación de edificios, se contiene en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana. Los artículos 29 y 30 del Texto Refundido reproducen literalmente los artículos 4 y 6 de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Estos preceptos legales determinan que los técnicos competentes para emitir los informes de evaluación de edificios, han de ser los que estén “en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o haya acreditado la cualificación necesaria para la realización del Informe, según lo establecido en la disposición final decimoctava”. Una remisión clara a la LOE y por tanto al sistema competencial que establece la misma en los términos antes precisados.

6. Existe un cuerpo jurisprudencial consolidado y reiterado del Tribunal Supremo (sentencias, ente otras, de 13 de junio de 2006 -RJ 4659-; 9 de diciembre de 2014 -RJ 6520- y 25 de noviembre de 2015 -RJ 5928-), que además ha sido seguido unánimemente por numerosas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece de manera categórica que la competencia profesional para emitir los informes de evaluación de edificios, es la que establece la LOE, por lo que han de poseerse los títulos académicos y profesionales habilitantes para proyectar edificios, la dirección de obras o la dirección de ejecución de las obras, teniendo en cuenta los usos a que se destine cada edificio y las competencias y especialidades de cada una de las profesiones.

Esta Jurisprudencia excluye a los ingenieros -en sus distintas ramas- de poder intervenir para emitir informes de evaluación de edificios que estén destinados a usos residenciales en cualquier forma, administrativos, sanitarios, religiosos, docentes y culturales, en los que la proyección y dirección de la obra corresponde en exclusiva a los arquitectos. Y la dirección de ejecución de la obra a los arquitectos técnicos.

Madrid, 27 de enero de 2017
Asesoría Jurídica CSCAE

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20/01/17 Nota aclaratoria del CSCAE a la reciente sentencia sobre competencias en materia de Certificación Energética

30.01.2017

Informe del estado de la profesión en Europa 2016

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos

Informe ‘Estado de la profesión de Arquitecto en Europa 2016’. Estudio Sectorial del Consejo de Arquitectos de Europa

Informe

Introducción

El Estudio Sectorial de la Profesión de Arquitecto en Europa 2016 ha sido realizado por el Consejo de Arquitectos de Europa en base a 27.000 encuestas a arquitectos de 27 países europeos. Este trabajo es la continuidad de anteriores estudios realizados desde 2008 por el CAE sobre esta cuestión y, por tanto, permite conocer la evolución del estado de la profesión de arquitecto en Europa.

El estudio completo se puede descargar en inglés y francés en el siguiente enlace.

1. Panorama general en Europa

La Arquitectura: un sector en continuo crecimiento

En este estudio del año 2016 destaca nuevamente que la arquitectura es un sector en crecimiento en Europa. Se estima que actualmente hay en Europa unos 600.000 arquitectos, un 4% más que en el año 2014. Este número ha ido creciendo en los últimos años como indican los anteriores estudios. En los países mediterráneos, un importante número de jóvenes se han sumado a la profesión. Por otro lado, el crecimiento ha sido especialmente intenso en Turquía y Reino Unido.

Desde el inicio de la crisis en 2008, en 2016 se puede apreciar una mejora. El sector de la construcción está creciendo en toda Europa y el volumen de negocio del mercado de la arquitectura se ha incrementado desde 2012. Todavía hay un largo camino hacia la recuperación de los niveles anteriores a 2008 y en muchos países los ingresos y ganancias siguen siendo moderados. Sin embargo, para los arquitectos europeos hay varios indicadores que señalan que el sector se mueve en la buena dirección.

Ingresos algo más elevados respecto a años anteriores Los ingresos medios son más altos en la mayoría de los despachos y estudios. De hecho, para los estudios de entre 2 y 30 empleados, los ingresos medios son los más altos registrados en cualquiera de las encuestas de estudio del sector ACE. Se calcula que los ingresos totales de la profesión en toda Europa se han incrementado un 12% con respecto a 2014. Actualmente, esta cifra es la más alta desde 2008, y suponen 17.000 millones de euros. Los ingresos medios en general se han incrementado un 10%, siendo esto la primera vez que sucede desde 2008.

Descenso del número de arquitectos en el ejercicio libre de la profesión En los últimos años se ha producido un gran descenso del número de arquitectos que ejercen de forma independiente, en favor de un incremento en el trabajo en empresas y firmas. El porcentaje de arquitectos que ejercen de manera individual se ha reducido hasta un 50% respecto a los valores de 2008 y 2010. Del mismo modo, el número de arquitectos autónomos es el más bajo desde 2010. Estas tendencias sugieren que los arquitectos están volviendo a un empleo por cuenta ajena en el ejercicio, en lugar del libre ejercicio.

En los números totales sobre el ejercicio que cada vez hay más arquitectos trabajando en grandes empresas y menos trabajando de forma individual o con otro arquitecto. Esto puede ser otro indicador de la recuperación económica del sector. La reducción del número de arquitectos autónomos ha incrementado sus ingresos medios, de manera que ganan un 23% más que respecto a años anteriores.

Incremento de trabajos relacionados con el diseño de edificios y mayor dedicación al ejercicio profesional Hay evidencias de que los arquitectos están regresando a su trabajo profesional más tradicional, el diseño de edificios, que supone el porcentaje más alto de actividad desde 2010. La dedicación horaria promedio de este año es la más alta registrada en cualquiera de los años en que se ha realizado esta encuesta. El promedio para los para los autónomos es un 9% más alta, mientras que para los arquitectos en su conjunto el incremento medio es del 8%.

Mayores expectativas de trabajo y confianza en el futuro En general, los arquitectos miran al futuro de manera positiva, a pesar de que los indicadores económicos señalan tardará la recuperación a los niveles anteriores a 2008, los arquitectos tienen confianza en su futuro inmediato. Desde 2008, en la mayoría de países los arquitectos tienen expectativas de que tendrán más trabajo en el próximo año. Sólo dos países tienen una visión pesimista: Italia y Reino Unido. También hay evidencia de que los arquitectos están invirtiendo en su futuro profesional, el gasto y las horas en formación profesional continua es mayor que en 2014.

Algunos datos:

– En Europa hay unos 600.000 arquitectos. – El 36% tienen menos de 40 años. – El 38% son mujeres. – El 77% trabajan a tiempo completo. – El mercado de la arquitectura supone en Europa 17 billones de euros anuales – El 77% esperan que en 2017 aumente o se mantenga el nivel de trabajo – Los ingresos medios se sitúan en 32.068 euros

2. La situación en España respecto a Europa

España es el tercer país en Europa en número de arquitectos (50.000) por detrás de Italia (157.000) y Alemania (109.000). La tasa de arquitectos por habitante en España (1,2) se sitúa en un valor medio (1-1,4). Los países con mayor número de arquitectos por habitante son Italia (2,6) y Portugal (2,4).

El porcentaje medio de mujeres en la profesión es del 38%. En el caso de España, el porcentaje es del 28%.

El ejercicio libre de la profesión en forma de autónomo es el modelo más extendido en Europa, con un 26% respecto al total. En España este porcentaje es del 41%.

El mayor porcentaje de arquitectos que trabajan por cuenta ajena se sitúa en Reino Unido (34%) y Turquía (47%). En España el porcentaje está alrededor del 10%. Cerca del 7% de los arquitectos europeos trabajan para la administración pública. En España este porcentaje es similar.

En España, el 26% de los arquitectos llevan ejerciendo la profesión entre 10 y 14 años. La media europea para ese tramo se sitúa en el 10%. Aproximadamente el 25% de los arquitectos en Europa tienen una experiencia de más de 25 años. La mitad se titularon hace menos de 15 años.

La mitad de los arquitectos europeos tienen menos de 45 años. España es uno de los países con mayor proporción de arquitectos jóvenes. El 50% de los arquitectos españoles tiene menos de 40 años.

España ocupa el cuarto lugar en volumen de construcción en Europa (incluyendo obras de ingeniería e infraestructuras) con un volumen de 131.177 millones de euros. Por delante se encuentran Reino Unido, Francia y Alemania.

El volumen total del mercado de la arquitectura en Europa en 2016 se estima en 15,6 billones de euros e incluye el valor total de negocio generado por la profesión. España ocupa el puesto 10 con un volumen de 461.124 millones de euros en 2016, lo que supone un crecimiento del 30% respecto a los años anteriores.

El trabajo de los arquitectos en Europa se está dirigiendo hacia la rehabilitación de edificios y representa el 59% del volumen de trabajo. En el caso de España este porcentaje es del 65%, y es superior al de países del entorno como Reino Unido (61%), Francia (55%), Alemania (54%) y Portugal (62%).

El mayor porcentaje de trabajo se centra en el sector residencial, con un 65% respecto al total. En España este porcentaje es del 60%. El uso comercial supone en nuestro país el 12% de la actividad arquitectónica.

El tipo de cliente más habitual en Europa es individual privado que representa el 50%, seguido sociedades limitadas con el 27%, el 17% administraciones públicas de diferente nivel y el 13% de los clientes son promotores. En el caso de España, el 64% de los clientes son individuales y privados, el 12% sociedades limitadas, el 7% promotores y el 12% administraciones públicas.

El diseño de edificios supone el mayor porcentaje de los servicios realizados por los arquitectos en Europa (un 62% respecto al total), seguido del diseño de interiores (11%). En España, el diseño de edificios representa el 59% de los trabajos realizados, seguido con un 13% otro tipo de servicios y el 9% la realización de certificaciones.

La mayoría de los arquitectos en Europa ejercen de manera individual o en colaboración, con un modelo de ejercicio libre de la profesión que representa el 62%, y en el caso de España el 41%. El 36% ejerce a través de sociedades limitadas profesionales, que suponen un 36% en Europa y un 59% en España. Con estos datos se percibe la tendencia de que los arquitectos están abandonando el ejercicio como autónomos para constituirse en sociedades profesionales. Con respecto a 2014, se ha reducido significativamente el número de arquitectos autónomos en Francia, Italia, Irlanda, España y Turquía.

En general, los ingresos por el ejercicio profesional han aumentado, aunque de diferente manera en función del tamaño de la oficina y de los arquitectos implicados en el trabajo. La forma de determinación de honorarios mayoritaria es la consideración de un porcentaje del presupuesto de ejecución. En Europa este sistema supone un 45% y en España el 56%. El cálculo por hora trabajada representa en Europa el 14%, y es mayoritario en países como Dinamarca y Suecia. En España representa apenas el 6%.

La tarifa media por hora de trabajo de arquitecto director en Europa es de 70 euros, para arquitecto colaborador es de 57 euros y para el resto de colaboradores técnicos es de 45 euros. En España, estas tarifas son de 33 euros para el arquitecto director, 28 euros para arquitectos colaboradores y 22 colaboradores técnicos. Estas cifras están lejos de países como Alemania (75 euros por hora de arquitecto director), Francia (76 euros) y Reino Unido (73 euros). En otros países próximos, el coste por hora es también más alto como Italia (40 euros) y Portugal (37 euros).

Los ingresos por trabajos realizados fuera del país de origen son muy dispares. En el caso de España sólo el 1,3% de los ingresos provienen de trabajos realizados en países europeos y el 2,1% en otros países. Estos datos contrastan con países como Portugal, en el que el trabajo de los arquitectos fuera de su país supone el 18,6% de los ingresos, Dinamarca con un 15% o Reino Unido con un 11,3%. Otros países en una circunstancia similar a la de España son Italia (4,3%), Alemania (1,8%) o Francia (5,1%).

En tipo de concurso de arquitectura más habitual en el conjunto de Europa en los últimos 12 meses es el concurso abierto (36%) y concurso con procedimiento previo de selección (28%). En España estos porcentajes son de 40% para concurso abierto y 17% para concurso con selección previa. Los concursos por invitación representan el 24% en Europa y el 29% en España.

Los ingresos anuales medios de los arquitectos en Europa son de 32.068 euros, un 10% más elevados que en 2014. En España el ingreso anual medio es de 24.390 euros, similar al de Italia (24.777€) pero por debajo de Reino Unido (38.871€) o Francia (27.986€). España ocupa el lugar 13o respecto a la Europa de los 27.

Los análisis a largo plazo de los ingresos por género muestran que persisten importantes diferencias entre hombres y mujeres. Este estudio señala que los hombres que trabajan a tiempo completo ganan un 48% más que las mujeres en esa situación. Los ingresos de los hombres han aumentado más rápidamente que los de las mujeres, por lo que la diferencia entre ambos géneros ha aumentado en los últimos años.

El 5% de los arquitectos encuestados han trabajado en otro país europeo en los últimos 12 meses. En el caso de España, el porcentaje es del 4%. Destacan países como Luxemburgo con 37% de arquitectos que han trabajado fuera o Eslovenia, Holanda o Austria con porcentajes próximos al 15%. No obstante, en el caso de España, más de un 40% ha considerado seriamente trabajar en otro país europeo, aunque señalan la imposibilidad de encontrar trabajo (38%), el idioma (47%) o insuficiente conocimiento de la normativa (48%) como las principales barreras para no dar el paso.

La edad más esperada para la jubilación en España se sitúa entre los 65-69 años tanto en España como Europa. El 39% de los arquitectos encuestados en España señalan que esperan continuar con su ejercicio hasta su jubilación y un 20% no están seguros.

La media de horas trabajadas a la semana en el ejercicio libre e individual en Europa es de 47,2. En España el número de horas trabajadas para este perfil es de 47 horas, algo mayor a la media de países del entorno (Italia, Portugal) pero similar a Francia o Alemania.

En cuanto a la formación profesional continua, el número de horas media dedicada a esta actividad en Europa es de 24, con un gasto anual medio de 300 euros. En España, los arquitectos dedican unas 18 horas a la formación con un gasto anual de 450 euros. Estas cifras están por debajo de países como Reino Unido (35 horas), Alemania (30 horas) o Italia (25 horas).

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20.01.2017

Nota aclaratoria del CSCAE a la reciente sentencia sobre competencias en materia de Certificación Energética

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos

Nota aclaratoria de la Asesoría Jurídica del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, a la reciente sentencia que desestima el recurso interpuesto por el CSCAE contra el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

El Tribunal Supremo establece que el Real Decreto no vulnera ninguna norma legal, ya que al regular la figura del técnico competente, se remite a la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).

La sentencia, no incide ni modifica la reiterada doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo, que ha declarado que sólo los arquitectos —y en su caso los arquitectos técnicos— ostentan competencias para emitir informes de evaluación de edificios destinados a usos de carácter administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente y cultural.

Fuente original de la información: web del CSCAE

Asesoría Jurídica del CSCAE

El Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de diciembre de 2016 —que se ha conocido en fechas recientes—, desestima el recurso que había interpuesto el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), contra el RD 235/2013, sobre certificación de eficiencia energética en los edificios, en un aspecto concreto del mismo.

Con el fin de precisar y aclarar debidamente lo que dice la sentencia y el estado actual de la Jurisprudencia sobre las competencias para emitir los certificados de eficiencia energética y los informes de evaluación de edificios (o inspecciones técnicas de edificios), la Asesoría Jurídica del CSCAE emite la presente nota conforme a las siguientes consideraciones:

1. En primer término, ha de precisarse que el objeto del objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CSCAE contra dicho Real Decreto, era sobre una cuestión concreta y determinada. Lo expresa claramente el fundamento jurídico cuarto de la sentencia mencionada del Tribunal Supremo, que reproducimos en su párrafo primero de manera literal:

(…) el objeto del presente recurso está exclusivamente constituido por un inciso de la redacción del artículo 1.3.p) del Real Decreto 235/2013 y la disposición adicional cuarta, que se refiere a la norma de desarrollo. El artículo 1.3.p) establece que el técnico competente, es el «técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o haya acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta»”. Lo que se impugnaba es justamente esta parte del precepto que hemos destacado en negrita. Nada más.

2. Por tanto, la prescripción que se impugnaba de dicho Real Decreto se refería exclusivamente a la posibilidad de que a través de una Orden Ministerial conjunta de los Ministerios de Industria y de Fomento, pudiesen en lo futuro determinarse otras cualificaciones profesionales, además de las que derivan de la LOE, para suscribir los certificados de eficiencia energética.
El resto del Decreto no fue objeto de recurso alguno, ni tampoco la cuestión relativa a las competencias profesionales para emitir informes de evaluación de edificios.

3. El Tribunal Supremo, en esta sentencia, no estima los motivos de ilegalidad en los que se sustentaba el recurso del CSCAE:

  • La sentencia reconoce que la última versión del Decreto que había incorporado como una coletilla al artículo 1.3.p) la previsión de que pudiesen suscribir los certificados de eficiencia energética otros profesionales cualificados, según una futura Orden Ministerial, no había sido objeto de informe del Consejo de Estado. Sin embargo, considera que ello no determina la nulidad del Decreto, por cuanto a los pocos meses de su vigencia, se publicó la Ley 8/2013, de 6 de junio, sobre Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (hoy se contiene en el Texto Refundido aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre. Y según el Tribunal Supremo:

    “Así, pierde relevancia el recurso en cuanto achaca defectos a la elaboración o tramitación del Real Decreto impugnado o a su insuficiente rango normativo, pues la Ley aprobada poco más de dos meses después de facto los habría subsanado, en caso de existir”.

  • Por lo que se refiere a los otros motivos alegados en el recurso y en concreto, la vulneración del principio de reserva de Ley, la sentencia analiza el artículo 1.3.p) del Decreto 235/2013, que establece que el técnico competente para emitir los certificados de eficiencia energética es aquel que esté en posesión de las titulaciones académicas y habilitantes “para la redacción de proyectos y dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, pues en principio y mientras no se justifique lo contrario, no hay ninguna norma jurídica que establezca otro técnico competente para emitir este tipo de certificados”.
  • Y añade la sentencia del Tribunal Supremo que la previsión de que una futura Orden Ministerial determine cualificaciones profesionales en esta materia, no vulnera la reserva de Ley porque “no se ha dictado la Orden que pudiera regularlo, por lo que no se puede afirmar que se ha vulnerado un precepto legal”. Advierte el Tribunal Supremo que no es una remisión en blanco, puesto que esa futura Orden Ministerial tendrá que tener en cuenta “la titulación, la formación, la exigencia y complejidad del proceso de edificación”.

4. Por tanto y, en resumen:

  1. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CSCAE contra determinados preceptos del RD 235/2013, sobre certificación de eficiencia energética de los edificios, declara la legalidad de dicha norma, pero en modo alguno incide ni modifica en modo alguno la doctrina Jurisprudencial del propio Tribunal Supremo, sobre la competencia para emitir tanto los certificados de eficiencia energética, como los informes de evaluación de edificios.
  2. Por lo que se refiere a la competencia profesional para suscribir certificaciones de eficiencia energética en los edificios, como destaca la propia sentencia del Tribunal Supremo, es la que establece la LOE en función de la competencia para proyectar y dirigir tales edificios según los usos de la edificación. las Ingenierías no tienen competencia en edificios, cuya competencia exclusiva corresponde a los arquitectos, destinados a usos de carácter administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente y cultural.
  3. En cuanto a la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios, el Tribunal Supremo, en una consolidada y reiterada Jurisprudencia —pudiéndose citar al respecto las sentencias de 9 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6520) y 25 de noviembre de 2015 (RJ 2015/5928), ha establecido una competencia exclusiva de arquitectos —y en su caso arquitectos técnicos— para elaborar informes de inspecciones técnicas de edificios (ITEs) e informes de evaluación de edificios (IEEs). Se ha dicho por el Tribunal Supremo en estas sentencias que ha de asumirse “lógica eficacia de la Ley de Ordenación de la Edificación a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los Arquitectos y los Ingenieros en la Inspección Técnica, cuya íntima relación con la actividad de la construcción, en cuanto implica un examen e informe sobre su estado, resulta innegable”.
  4. Esta doctrina jurisprudencial, ha sido seguida de manera unánime por numerosas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, pudiéndose citar al respecto entre las más recientes:
    • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), Sentencia núm. 128/2016 de 25 febrero (RJCA 2016\272).
    • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 62/2016 de 18 enero (JUR 2016\52640).
    • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 463/2015 de 30 junio (JUR 2015\176450).
    • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 386/2015 de 22 junio (JUR 2015\185138).
    • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), sentencia núm. 410/2015 de 10 junio (JUR 2015\282615).
    • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia La Rioja (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 37/2015 de 29 enero (JUR 2015\48003).
    • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), sentencia núm. 29/2015 de 22 enero (JUR 2015\118941).

    Estas sentencias, desestimaron los recursos interpuestos por diversas Corporaciones Profesionales de Ingenierías, como Ingenierías Técnicas Industriales, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, entre otras, que reclamaban competencias profesionales para emitir informes de evaluación de edificios en edificios destinados a viviendas y usos residenciales. Ninguna de estas sentencias ha reconocido tales competencias profesionales a las distintas ramas de las Ingenierías en dicho ámbito.

Madrid, 20 de enero de 2017
Asesoría Jurídica CSCAE

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18.01.2017

Sentencia del T. Supremo que anula un título de Máster en Ingeniería de la Edificación

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos

Nota del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos sobre sentencia del Tribunal Supremo que anula un Título de Máster en Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Cataluña

Asesoría Jurídica del CSCAE

El Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de noviembre de 2016 (recurso 1.935/2015), ha estimado íntegramente el recurso que había interpuesto el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2015, que estableció el carácter oficial de determinados Títulos de Máster y entre otros, el Título de “Máster Universitario en Ingeniería de la Edificación” de la Universidad Politécnica de Cataluña.

La sentencia anula el expresado acto administrativo recurrido e impone las costas a las partes demandas que se habían personado y opuesto al recurso, es decir, la Administración del Estado y la Universidad Politécnica de Cataluña.

Cabe efectuar, sobre el alcance de la sentencia, las siguientes consideraciones:

  1. La sentencia acoge en su totalidad las pretensiones del CSCAE que se fundamentaban en una muy consolidada y amplia Jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, en el sentido de que la expresión o denominación “Ingeniero de la Edificación” es ilegal, porque induce a confusión entre las profesiones de Ingeniero y Arquitecto y en consecuencia, no resulta procedente la utilización de dicho término para las titulaciones, en este caso de un Máster, que había sido aprobado por la Universidad Politécnica de Cataluña y al que el Consejo de Ministros le dio el carácter oficial. Y ello, teniendo en cuenta además que no existe la profesión de Ingeniero de la Edificación, por lo que tales titulaciones con dichas expresiones, conducen a error sobre sus efectos académicos y profesionales.
  2. La sentencia reafirma plenamente la doctrina del propio Alto Tribunal, señalando que el fundamento de la misma es evitar las confusiones de los Títulos, no sólo de Grado sino también de Máster, sobre su nivel o efectos académicos y en su caso, efectos profesionales. La Abogacía del Estado, se opuso al recurso sosteniendo que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sólo se aplicaba para las titulaciones de Grado, no para las de Máster, que además otorga un conocimiento más especializado, en el que confluyen conocimientos de diferentes disciplinas y especialidades. La sentencia del Tribunal Supremo es categórica al establecer que la expresada doctrina jurisprudencial, no sólo se aplica a las titulaciones de Grado, sino también a las de Máster, que contenga ese término equívoco que induce a confusión.
  3. Es de destacar la afirmación que efectúa el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico tercero de la sentencia, cuando declara:

    “Ampliando la perspectiva sobre el tema, en nuestra sentencia de 5 de julio de 2013 (rec. cas. núm. 169/2011), hemos dicho que la percepción social mayoritaria diferencian las profesiones de Ingeniero y Arquitecto, sin atribuir a una y otra un análogo significado y contenido, ni en el plano de la formación académica ni en el de sus atribuciones profesionales, por lo que un título denominado Ingeniero de la Edificación no solo no facilita la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita, sino que más bien la dificulta y puede conducir para un amplio sector de terceras personas que entren en relación con el poseedor del título a error o confusión sobre sus efectos profesionales”.


    El razonamiento del Tribunal Supremo es inequívoco en cuanto que fundamenta la ilegalidad de la expresión señalada que se contenía en dicho Título por la confusión que produce una titulación que contenga la expresión “Ingeniero de la Edificación” y la neta diferenciación que existe entre las profesiones de ingeniero y arquitecto.

  4. En la misma sentencia, después de mencionar la disposición adicional décimo novena de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y el artículo 10.3 del Real Decreto 1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, que establecen que la Administración debe velar para que la denominación de los títulos “no conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su contenido y, en su caso, sobre sus efectos profesionales”, se concluye que a la luz de toda la doctrina jurisprudencial y muy especialmente “en el punto genérico de clara separación de las menciones de Arquitectura e Ingeniería para evitar eventuales confusiones en la denominación de las respectivas titulaciones”, el Tribunal Supremo señala que “debemos acoger la pretensión anulatoria del Colegio recurrente, por lo que se refiere a la denominación del Título de Máster Universitario en Ingeniería de la Edificación, autorizada por el acto que constituye el objeto de este proceso”.
  5. En resumen: esta sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2016, consolida más aún todo el cuerpo jurisprudencial del Alto Tribunal sobre esta materia y deja de manera concluyente establecido que las denominaciones que se utilizan en titulaciones de Grado o Máster de Ingeniería o Ingenieros de la Edificación, son manifiestamente ilegales y por tanto su utilización o aplicación de cualquier forma o para cualquier fin, constituyen actuaciones manifiestamente nulas e ilegales.

Madrid, 22 de noviembre de 2016
Asesoría Jurídica del CSCAE

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