01.03.2017

Informe CSCAE. Alcance de la comunicación de la Comisión EU sobre regulaciones profesionales

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos

Informe de la Asesoría Jurídica del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, CSCAE, sobre el alcance de la comunicación de la Comisión Europea sobre recomendaciones en relación con las regulaciones profesionales y breve análisis del resto de propuestas de la institución comunitaria sobre la «Estrategia de Mercado Único»

Asesoría Jurídica del CSCAE

I.- Planteamiento

El pasado 10 de enero, la Comisión europea presentó un paquete de medidas relativas a la «Estrategia de Mercado Único» que recogían cuatro iniciativas concretas:

  • Una nueva tarjeta electrónica europea de servicios;
  • Evaluación de la proporcionalidad de las normas nacionales sobre los servicios profesionales y una propuesta de Directiva sobre el test de proporcionalidad;
  • Mejora de la notificación de los proyectos de legislación nacional sobre servicios; y
  • Orientaciones sobre las reformas nacionales de la reglamentación de las profesiones.

Se trata de una Comunicación que da por terminado, de momento, el Proceso de Evaluación de profesiones reguladas.

Estas «Comunicaciones» de la Comisión UE, son un instrumento del ordenamiento jurídico comunitario que, por su propia naturaleza, no contienen nunca disposiciones normativas que comporten, a su vez, obligaciones para sus destinatarios. Las Comunicaciones tienen únicamente como objetivo transmitir reflexiones y recomendaciones a los Estados miembros y al resto de interesados del sector. Corresponderá al Estado miembro destinatario de esas recomendaciones disponer sobre las formas y medios para responder a esas recomendaciones. En cualquier caso incluso puede resolverse que, por las condiciones específicas para su desarrollo y cumplimiento, en algún caso convenga no resolver nada o no tomar en consideración determinadas recomendaciones.

El carácter conclusivo de esta Comunicación de la UE hace necesario desarrollar un análisis detallado de su contenido y los efectos que sobre la Arquitectura y España en particular pueda tener.

II.- Proceso de evaluación de profesiones reguladas – Marco histórico y general

El Proceso de evaluación de profesiones reguladas se inicia el 2 de octubre de 2013 con una Comunicación de la Comisión europea, COM (2013) 676 final, sobre evaluación de las regulaciones nacionales del acceso a las profesiones. El contenido de esta Comunicación desarrolla tanto los objetivos que se persiguen con este Proceso de Evaluación como el calendario previsto de actuaciones, tanto para la propia Comisión como para los Estados miembros.

El artículo 59 de la Directiva de Cualificaciones (revisada por la Directiva 2013/55/UE que modifica la Directiva 2005/36/CE) incluye tres criterios para el análisis de los requisitos de acceso a las profesiones, requisitos que luego les serán exigidos a cada uno de los Estados miembros en sus Planes de Acción Nacional que tendrán que presentar en el marco de este proceso de Evaluación. Dichos criterios son: los profesionales deben poder acceder a las profesiones reguladas sin ser nacionales o sin tener que residir en su territorio nacional (principio de no discriminación); la regulación de la profesión debe estar justificada por una razón de interés general; y las medidas adoptadas deben ser proporcionales a los objetivos que persiguen (test de proporcionalidad).

Este Proceso de evaluación supone un trabajo conjunto de Estados miembros y de la Comisión europea. Se seleccionaron un conjunto de profesiones para su análisis (la Arquitectura entre ellas – Cluster 1: servicios de construcción, industria, inmobiliaria, transporte y retail). El propósito de esta evaluación era permitir a los Estados miembros adoptar una postura objetiva sobre si la regulación en vigor está justificada y es proporcionada a sus fines políticos, y presentarlo en sus respectivos Planes de Acción Nacional.

El calendario inicial previsto por la Comisión, que se prolongaba hasta 2016, no se ha cumplido pues debería haberse dado por concluido en 2016. Finalmente, ha sido en enero de 2017 cuando hemos conocido las primeras conclusiones y recomendaciones de la Comisión.

A lo largo del Proceso, este Consejo Superior ha trabajado intensamente con el Ministerio de Educación (autoridad española competente) con el fin de que la documentación presentada a la Comisión fuese completa y justificara detalladamente la necesidad y proporcionalidad de la regulación de la Arquitectura en el sistema español.

A continuación, se recogen los hitos más importantes en el desarrollo de este proceso de evaluación y la actuación del CSCAE:

  • 2 octubre 2013: Comunicación de la Comisión UE sobre evaluación de las regulaciones nacionales del acceso a las profesiones. Se anuncia el Proceso de Evaluación y su calendario inicial.
  • Marzo 2014: La Arquitectura se incluye como profesión a evaluar dentro del Cluster 1. Desde ese momento el Ministerio de Educación se pone en contacto con el CSCAE para iniciar los trabajos en la preparación del Plan de Acción Nacional y respuesta del test de proporcionalidad, documentos esenciales del Proceso.
  • 6 mayo 2014: Reunión con el Ministerio de Educación (Margarita Lezcano, Subdirectora General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones; y Gloria Nistal, Punto de contacto nacional para movimiento de profesionales), en la que se marcaron las pautas a seguir y el trabajo conjunto de Ministerio y CSCAE en la preparación del test de proporcionalidad y Plan de Acción Nacional, de acuerdo a los plazos establecidos por la Comisión.
  • 14 mayo 2014: Se remite al Ministerio de Educación respuesta del test de proporcionalidad y un resumen sintético del Plan de Acción Nacional, en español, a la espera de las observaciones y comentarios del Ministerio.
  • 19 mayo 2014: Se reciben las primeras observaciones del Ministerio respecto a los documentos enviados, para su corrección y posterior traducción al inglés.
  • 15 septiembre 2014: reunión con la funcionaria responsable, Sra. Rosario Perandones, Coordinadora delegada para la Directiva Servicios del Área de Suelo y Urbanismo y Área Vivienda y Construcción del Ministerio de Fomento. Esta reunión se desarrolla en torno al Proceso de Evaluación y las actuaciones CSCAE-Ministerio de Educación, con vistas a la reunión de 30 de septiembre 2014. La funcionaria responsable dio su visto bueno a los trabajos realizados.
  • 30 septiembre 2014: Reunión en Bruselas que cierra la primera vuelta del Proceso de Evaluación. En ese ejercicio, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Fomento, con la estrecha colaboración del Consejo Superior, presentaron a los funcionarios de la Comisión la regulación de la Arquitectura española y su justificación basada en criterios de necesidad y proporcionalidad. Al mismo tiempo, el CSCAE coordinó la presencia de las organizaciones profesionales en ese encuentro con el objetivo básico de eliminar cualquier confrontación entre los modelos nacionales de regulación.
  • 25 marzo 2015: Envío del borrador del texto definitivo del Plan de Acción Nacional al Ministerio de Educación para su consenso con los Ministerios de Economía y Fomento. El texto resultante de este consenso fue el que se envió a la Comisión europea.
  • 29 abril 2015: Se envió al CAE el borrador de Plan de Acción Nacional elaborado con la colaboración del CSCAE y que estaba siendo revisado por el Ministerio de Educación. La petición del CAE se basa en la preparación de la reunión que se celebró en Paris el 20 y 21 de mayo de 2015, reunión a la que asistió el Asesor Jurídico y en la que expuso las consecuencias de este proceso de evaluación en la Arquitectura española.
  • 26 mayo 2015: reunión organizada por Unión Profesional sobre la situación del proceso de evaluación de profesiones reguladas, a la que acudieron tanto Margarita Lezcano, (Subdirectora General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones) como Gloria Nistal, (Punto de contacto nacional para movimiento de profesionales). Se informó que se estaba consensuando los últimos detalles del Plan de Acción Nacional con los Ministerios de Economía y Fomento.
  • 15 junio 2015: El Ministerio de Educación nos informa que este mismo día se había incorporado en la Web habilitada por la Comisión europea para ello, el Plan de Acción Nacional, consensuado por los Ministerios de Fomento, Economía y Educación para la profesión de Arquitecto.
  • 31 julio 2015: recibimos del Ministerio de Educación el informe sectorial sobre la Arquitectura remitido por la Comisión europea para nuestras observaciones. Es un documento que se elabora teniendo en cuenta toda la información aportada por los Estados miembros, y con especial importancia, de las impresiones transmitidas y conclusiones de la reunión de 30 de septiembre 2014. El Ministerio nos solicita un análisis del mismo y el envío de las observaciones oportunas que consideremos, para posteriormente, trasladarlas a la Comisión.
  • 27 octubre 2015: La Comisión hace público la versión definitiva del informe sectorial de Arquitectura, consolidada con las observaciones aceptadas de los Estados miembros.
  • 2 febrero 2017: Reunión bilateral con la presencia de Angelina Lobato (Subdirectora General Adjunta de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones) y Gloria Nistal (Punto de contacto nacional para movimiento de profesionales) en la que se estudió el contenido y las repercusiones de las cuatro iniciativas de la Comisión UE presentadas el 10 de enero y, en concreto, la Comunicación de la Comisión en la que se dirigen dos recomendaciones al Gobierno de España sobre reservas de actividad y propiedad de las sociedades profesionales. El 3 de febrero se envió al Ministerio de Educación una propuesta de correcciones de errores y observaciones a la Comunicación de la Comisión Europea.

III.- Breve análisis de las tres primeras iniciativas presentadas por la Comisión UE en el marco de la estrategia de mercado único

1. Tarjeta de servicios

Se trata de un procedimiento electrónico simplificado que permitirá a los proveedores de servicios para empresas y de servicios de construcción cumplir más fácilmente los trámites administrativos necesarios para prestar servicios en otros países. Los proveedores de servicios podrán dirigirse simplemente a un único interlocutor en su país de origen que verificaría los datos necesarios y los transmitiría al Estado miembro de destino. Este último conservará su actual facultad de aplicar requisitos reglamentarios nacionales y de decidir si el solicitante puede ofrecer servicios en su territorio.

Esta tarjeta está dirigida fundamentalmente a servicios de consultoría, empresas de ingeniería y organizadores de ferias comerciales. La Arquitectura no se vería afectada por este instrumento. Además, la movilidad de los arquitectos queda asegurada con el procedimiento de reconocimiento automático de cualificaciones de la Directiva 2005/36/CE.

2. Propuesta de Directiva sobre el test de proporcionalidad.

La propuesta de Directiva de la Comisión europea contiene un intento de armonización para la aplicación del test de proporcionalidad por los Estados miembros, basado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la propuesta se abordan los criterios conocidos del test de proporcionalidad: no discriminación, objetivo de interés general, nexo de causalidad entre el objetivo y la regulación y principio de necesidad (relativo a la elección de la regulación que suponga un menor obstáculo a los intercambios).

Esta Asesoría Jurídica considera inoportuna esta iniciativa por los motivos siguientes:

  • Una armonización comunitaria como esta afectaría a competencias propias del legislador y de los tribunales nacionales en los sectores de jurisdicción civil, penal, mercantil, laboral y contencioso-administrativo. Asimismo, afecta a las funciones de los tribunales constitucionales de los Estados miembros.
  • El test de proporcionalidad se basa en el principio de proporcionalidad, que constituye a su vez, un principio general del Derecho, como fuente del ordenamiento jurídico. Esta naturaleza jurídica de la proporcionalidad impide su regulación o tipificación en normas de Derecho positivo.
  • La proporcionalidad es un principio general que informa al legislador, a la administración y a los tribunales para la resolución de casos y conflictos específicos.
  • El intento de armonizar un principio general del Derecho es técnicamente imposible. La aplicación de ese principio se hace caso por caso.

3. Mejora de la notificación de los proyectos de legislación nacional sobre servicios

La Comisión ha propuesto mejoras en el mecanismo de notificación de los Estados miembros a la Comisión, para lograr un proceso más oportuno, eficaz y transparente.

El Derecho de la UE ya obliga a los Estados miembros a notificar las enmiendas a normas nacionales sobre servicios a la Comisión para que esta y los demás Estados miembros puedan expresar desde el principio del proceso las inquietudes que puedan albergar sobre posibles incoherencias con la legislación de la UE.

IV.- Análisis de la parte general de la comunicación. Sobre recomendaciones de reforma de las regulaciones profesionales (COM (2016) 820 final)

1. La Comunicación comienza enmarcando políticamente la necesidad de su elaboración, sobre la base de las siguientes referencias:

  1. Conclusiones del Consejo Europeo de junio y octubre de 2016, incluyendo entre las diez prioridades de las instituciones europeas afrontar una profundización del mercado interior.
  2. La «Estrategia del Mercado Único para mercancías y servicios» presentada por la Comisión en octubre de 2015, en la que ya se incluía una mención a la necesidad de elaborar una guía para las reformas necesarias en el sector de servicios profesionales. Estrategia que debería estar en marcha para 2018.
  3. La consideración de que los Estados miembros son los competentes para regular y que esas regulaciones están justificadas en el interés general. Y la consideración de que, por tanto, existen varios modelos y que esta situación, por sí misma, no es contraria al Derecho comunitario. No obstante, se advierte que esta situación puede crear obstáculos a la libre circulación y a la creación de empleo y crecimiento. Afirman que debe buscarse la eliminación de barreras y/o la simplificación de las regulaciones (test de proporcionalidad). La Comunicación tendría como objetivo ayudar a los Estados miembros a desregular o a crear una mejor regulación en función de la aplicación del test de proporcionalidad.
  4. La Comunicación incluye recomendaciones basadas en los análisis y trabajos desarrollados durante el proceso de evaluación desde 2014.

2. La Comunicación continúa con un análisis del «contexto legal». Hay que advertir, desde ahora, que en respuesta a una pregunta remitida por el Secretario General del CAE, la Comisión ha afirmado que la comunicación es el instrumento que pone fin al llamado «proceso de evaluación de las regulaciones profesionales».

Destacamos las siguientes afirmaciones de la Comunicación:

  1. Como en ocasiones anteriores, la Institución comunitaria comienza por reconocer que muchas regulaciones están justificadas por objetivos de interés general. La Institución comunitaria ya ha hecho suyo desde hace tiempo que la asimetría de la información, propia del sector servicios, es motivo que justifica determinadas regulaciones, en garantía de la protección de clientes y usuarios.
  2. La Comunicación cita expresamente que uno de los objetivos de interés general que justifica determinadas regulaciones profesionales es, entre otros, la seguridad y salud del entorno construido. Esta aseveración se reitera en varias ocasiones a lo largo de la Comunicación.
  3. Se afirma que corresponde a cada Estado miembro decidir cuándo tiene que regular y restringir el acceso al ejercicio. Se advierte que siempre han de respetarse los principios de no discriminación y proporcionalidad (test de proporcionalidad).
  4. Se recoge la jurisprudencia del TJUE en virtud de la cual el hecho de que la regulación de un Estado miembro sea más restrictiva que la de otro no significa que la regulación más restrictiva sea más desproporcionada. El test de proporcionalidad corresponde hacerlo al Estado miembro «tomando en consideración el contexto regulador en su conjunto».
  5. La Comisión considera que el test de proporcionalidad hay que repetirlo constantemente para atender a los cambios, por ejemplo, debido a innovaciones, educación del usuario y otras evoluciones del mercado. Este ejercicio es el que la Comisión puso en marcha en 2014 para evaluar las regulaciones existentes. La comunicación incluye un link a los informes conclusivos del proceso de evaluación.
  6. Como conclusión del proceso de evaluación, se destaca que mientras que los objetivos de interés general que justifican las regulaciones coinciden en los diferentes Estados miembros, sin embargo, el nivel de regulación es diferente. Por eso se solicitó a los Estados miembros la elaboración de los Planes de Acción Nacional. España no ha presentado el suyo. La Comunicación se está refiriendo al Plan de Acción Nacional que da cobertura a todas las profesiones reguladas, pero la propia Comunicación, más adelante, confirma que España ha cumplido con algunas partes del Plan de Acción Nacional, entre las que se encuentra la que corresponde a las iniciativas en el sector de la Arquitectura.
  7. A continuación, la Comisión describe las medidas que se incluyen en la Estrategia del Mercado Único, a las que hemos hecho referencia más arriba.

3. Sobre estas cuestiones generales, esta Asesoría Jurídica resume las siguientes apreciaciones:

  • En primer lugar, los estudios que se presentan por la Comisión y que intentan avalar que la supresión de barreras supondrá un crecimiento económico y del empleo no se basan en datos suficientes. No hay datos de mercado que abarquen pormenorizadamente los mercados geográficos y de producto. No se sabe la repercusión en las diferentes estructuras y modos de ejercicio. No se conocen estadísticas fiables y generales sobre el impacto de la supresión de barreras. Estos estudios distan de existir para el subsector de Arquitectura. Este subsector se engloba persistentemente en el sector más amplio de edificación o construcción y, por otra parte, se generalizan las conclusiones sobre otros sectores (como contabilidad o auditoria) aplicadas al sector de la Arquitectura, lo que es evidentemente inadecuado. Por otro lado, es bien conocido que las afirmaciones generales de que una mayor regulación supone mayor coste están contestadas por la afirmación justamente opuesta, por ejemplo, en el estudio económico de UP presentado en julio de 2014.
  • En segundo lugar, no se responde a la advertencia que reiteradamente se ha trasladado desde el CAE: cómo es posible que se hable de barreras, obstáculos o problemas en el mercado interior de servicios de Arquitectura cuando es comúnmente aceptado, incluida la propia Comisión europea, que la Directiva de reconocimiento de cualificaciones funciona perfectamente y que los problemas de libre circulación y libertad de establecimiento son escasos e insignificantes. El 94% de las solicitudes de reconocimiento transfronterizo en Arquitectura se solventan sin problemas. Para incentivar la movilidad (y por tanto los beneficios del mercado interior) lo que hay que abordar son cuestiones de índole muy diferente: cultura de la movilidad, facilitar los problemas de idioma, armonización de regulaciones técnicas, facilitar las trabas de origen familiar, etc. Como siempre se ha afirmado, incluso por la Comisión UE, el problema fundamental del mercado interior de servicios profesionales no está en las barreras administrativas o legales sino en la diversidad cultural, el idioma, la reglamentación técnica, la familia y el diferente nivel económico. Los profesionales se mueven cuando les hace falta y en el sector de la Arquitectura lo pueden hacer sin dificultad gracias a la Directiva de reconocimiento de cualificaciones que les otorga reconocimiento automático y que funciona perfectamente (no es así el caso de otros sectores como la ingeniería, por la falta de armonización específica y de reconocimiento automático).
  • En la práctica, en contra de lo afirmado por la Comisión, se demuestra que el ejercicio profesional es más fácil en países con una severa regulación, porque se definen mejor las responsabilidades y hay mayor seguridad jurídica tanto para los agentes económicos como para los profesionales y clientes.
  • Todos los modelos de regulación profesional de la Arquitectura en Europa aseguran un altísimo nivel de calidad del trabajo profesional y respeto de los objetivos de interés general. Unos países regulan el acceso ex ante (título, colegiación o registro) y otros el ejercicio ex post (licencia, control de obra). Esta realidad ha sido finalmente reconocida por la Comisión. Lo que se desprende de esto es que los modelos nacionales no pueden fraccionarse, eliminando una regulación concreta o modificando parcialmente el ordenamiento general sin tener en cuenta el conjunto de la regulación. Esto último también ha sido reconocido por la Comisión.
  • La Comisión se refiere a que las regulaciones hay que revisarlas periódicamente porque, entre otras cosas, el consumidor puede haber evolucionado en su «educación» y así tendría menos peso el principio de «asimetría de la información». Muy al contrario, en el marco de los servicios de Arquitectura la brecha no disminuye, sino que aumenta; basta pensar en nuevas tecnologías de presentación de proyectos (BIM).
  • Hay que insistir, en términos generales, en que una regulación restrictiva (protección del título, colegiación obligatoria, reservas de actividad…) no es en sí misma automáticamente contraria al Derecho comunitario o negativa para el mercado y la competitividad. La cuestión está, como es bien conocido, en su justificación, es decir, en la superación del test de proporcionalidad. Como la Comisión ha afirmado, este ejercicio de justificación corresponde a cada Estado miembro y cuando el test de proporcionalidad está correctamente aplicado y la regulación lo ha superado, el Estado miembro no tiene por qué hacer más ajustes.

V.- La comunicación pone en marcha un «indicador general de efectos restrictivos»

Se trata de una nueva herramienta que se añade al conocido test de proporcionalidad.

La característica fundamental es que este Indicador se refiere a aun análisis conjunto de las regulaciones existentes en un determinado sector, mientras que el test de proporcionalidad sería un análisis individualizado de cada regulación.

Este Indicador ayudaría a comparar los efectos de las regulaciones existentes en diferentes Estados miembros. Pero, al mismo tiempo, serviría para establecer un juicio objetivo, teniendo en cuenta el conjunto del ordenamiento jurídico y no medidas aisladas, lo que, a su vez, puede ayudar a explicar las diferencias de regulación de un Estado miembro a otro.

La Comisión afirma que la aplicación del Indicador a las profesiones se ha hecho, fundamentalmente, en función de la información suministrada por los Estados miembros en el marco del proceso de evaluación.

El Indicador se ha aplicado a siete profesiones entre las que está la Arquitectura. Lo primero que hace el Indicador es definir las «actividades» cubiertas, que en el caso de la Arquitectura comprende proyecto, en todas sus fases, documentación técnica para licencia, control de calidad, seguridad y salud, dirección de obra y dirección de ejecución y planeamiento urbanístico. El Indicador mide el efecto restrictivo de la regulación de todas las actividades descritas.

A continuación, el Indicador identifica la tipología de restricciones: reservas de actividad exclusivas o compartidas; protección del título; componente cuantitativo de la formación; prácticas obligatorias, experiencia profesional y formación continua; colegiación obligatoria y otras restricciones de acceso; propiedad de las sociedades profesionales y sociedades multidisciplinares; incompatibilidades; seguro de responsabilidad civil; baremos de honorarios y restricciones de publicidad.

En concreto, sobre reservas de actividad, la Comisión afirma que mientras más actividades de la profesión cubran las reservas de actividad, más restrictiva se califica. Es decir, no es lo mismo una reserva de actividad (exclusiva o compartida) en relación con una actividad profesional concreta, que una reserva de actividad en relación con un amplio espectro del trabajo profesional.

La Comunicación afirma que cuando existen dos profesiones en un mismo sector de actividad, se tiene en cuenta el conjunto de las restricciones que se refieren a todas las profesiones que actúan en ese sector.

Por otra parte, se afirma que el Indicador se aplica a restricciones que afectan tanto a la libertad de establecimiento como a la libre prestación de servicios, en el marco del mercado interior.

Finalmente, el resultado del efecto restrictivo se fija para cada profesión y en cada Estado miembro. El Indicador ha optado por sumar el peso de cada una de las restricciones para sacer una media del efecto restrictivo que producen.

El impacto de la regulación se muestra en ejes de coordenadas en los que se marca en uno la intensidad de la aplicación y en el otro, el crecimiento de empresas o el nivel de beneficios del sector. Dos indicadores de crecimiento utilizados por la OCDE en estudios anteriores.

Este tipo de análisis basado en parámetros económicos ha sido utilizado antes por la OCDE y por la propia Comisión europea en ocasiones anteriores y siempre concluye en generalidades. Básicamente, siempre se concluye que una mayor regulación equivale a menor crecimiento. Hay que insistir en que esta conclusión general está desmentida, precisamente sobre la base de estudios con resultados opuestos, como el que realizó en su momento UP, precitado.

Por ejemplo, la Comisión hace afirmaciones vagas, generales y con falta de fundamentación, como cuando afirma que ha otorgado más peso restrictivo a las reservas de actividad que a la exigencia de seguro de responsabilidad civil. Cabe preguntarse cuáles son los motivos para tomar este tipo de decisiones unilaterales y sin ningún tipo de justificación.

Es significativo que la Comisión insista en no tener en cuenta la argumentación de los Estados miembros, la que procede de las organizaciones profesionales e, incluso, la jurisprudencia del TJUE que se cita. Así, en relación con la utilidad de las regulaciones que exigen un seguro de responsabilidad civil y la afirmación de la Comisión de que con esto basta para proteger el interés general, el Tribunal comunitario advirtió (en jurisprudencia relativa al sector farmacéutico) que ese tipo de medidas vienen a paliar el daño ya producido. Por el contrario, otro tipo de regulaciones como las reservas de actividad, ponen en marcha elementos de control ex ante y, por tanto, más adecuados para la prevención de riesgos y la protección de intereses de consumidores y usuarios.

No parece que la Comisión UE tenga en cuenta este tipo de argumentación cuando toma sus decisiones unilaterales sobre el peso restrictivo de las regulaciones profesionales, ni para hacer los diagramas representativos que se pretenden objetivos y que han sido realizados teniendo en cuenta todos los elementos de juicio disponibles.

V.- Análisis específico del sector de la arquitectura en la comunicación de la comisión y referido al conjunto de los estados miembros

Es curioso señalar que ya desde el comienzo, la Comunicación advierte que los resultados de la aplicación del Indicador de efectos restrictivos no tienen que coincidir necesariamente con las recomendaciones que finalmente traslada la Comisión a cada Estado miembro. Podemos preguntarnos, entonces, cuáles son los criterios objetivos que la Comisión utiliza para definir sus recomendaciones.

El Cuadro general de la aplicación del Indicador al Sector de la Arquitectura (pág. 10 de la Comunicación) le otorga a España un 2’8, situándola en noveno lugar en intensidad reguladora, en el conjunto de los 28 Estados miembros.

Las consideraciones fundamentales de la Comunicación sobre el sector de la Arquitectura en el conjunto de los Estados miembros son las siguientes:

  1. La formación cuantitativa común es de siete años y en 15 Estados miembros hay un Examen de Estado.
  2. En la práctica totalidad de los Estados miembros, la profesión está regulada y en los cuatro países en los que no lo está (Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia), la regulación se traslada al control de la competencia del arquitecto en el marco de registros o certificaciones necesarias para trabajar.
    La Comisión acepta que, en realidad, no puede hablarse de países no regulados. Los dos modelos ex ante y ex post son equivalentes. La protección general ex ante es equivalente al control caso por caso ex post.
  3. Se concluye que la mayor diferencia entre Estados miembros se refiere a la regulación de las reservas de actividad. Normalmente, las reservas de actividad están compartidas con otras profesiones, sobre todo con «ingenieros civiles» (Caminos).
  4. España, junto con otros siete países, tiene reservas de actividad además de la protección del título. Además, otros dos países (Polonia y Eslovaquia) tienen también reservas de actividad, aunque sin protección del título. Así, en 10 países hay reservas de actividad. Otros dos países (Bulgaria y Alemania) reservan al arquitecto la presentación de documentos para licencia. En total, teniendo en cuenta regulaciones ex ante y ex post, 12 países tienen reservas de actividad en el sector de la Arquitectura. Conclusión que la Comisión UE elude resaltar injustificadamente.
  5. España, junto con otros 16 Estados miembros, tienen, además, otras restricciones, como el requerimiento de un determinado porcentaje en la propiedad de sociedades, en manos de los profesionales del sector.
  6. 15 Estados miembros exigen formación continua.

Como conclusión:

La Comisión recomienda a España (junto con otros países) reconsiderar las reservas de actividad y la propiedad de las sociedades profesionales.

Es sorprendente que, después de haber hecho suyo el análisis de las tipologías regulatorias, que tienen su origen en un estudio del CSCAE (ex ante/ex post), la Comisión no incluya ninguna recomendación a los países que regulan, por ejemplo, la exclusividad de presentación de documentación para licencia o el control en obra a cargo de cuerpos públicos de arquitectos especializados. Hay claramente un indicio de desigualdad de trato entre países.

El Indicador de restricciones, cuyo contenido se ha resumido más arriba, no se ha aplicado a los países que tienen una regulación ex post (es decir, del ejercicio profesional), sino únicamente a los países con regulación ex ante (es decir, de control de acceso al ejercicio). No se entiende este tipo de decisiones discriminatorias que, en opinión de esta Asesoría Jurídica, desvirtúan por completo las conclusiones y recomendaciones que la Institución comunitaria ha incluido en su Comunicación. Parece que la Institución comunitaria pudiera tener una posición política predeterminada a favor de un determinado modelo de regulación de la Arquitectura.

Cuando la Comunicación analiza el sector de la Ingeniería, también recomienda a España reconsiderar las reservas de actividad. También se recomienda, en general, revisar la fragmentación del sector de la Ingeniería, que afecta al mercado interior y la libre circulación.

VI.- Ficha específica de análisis de la regulación española

La Comunicación (en sus documentos anexos) incluye una ficha de análisis específico de cada país. La ficha relativa a España se refiere a varios sectores profesionales y dedica a la Arquitectura únicamente dos párrafos. Las consideraciones generales más importantes de la ficha sobre España, relativas al conjunto de profesiones, son las siguientes:

  1. El 17% de los empleos están relacionados con las profesiones reguladas (por debajo de la media europea).
  2. A España le falta trabajo por hacer en el proceso de evaluación. El Plan de Acción Nacional cubre, por ahora, a arquitectos, ingenieros de caminos, electricistas, profesores de autoescuela, peluqueros, psicólogos, instructores deportivos, guías turísticos y odontólogos.
  3. La Comisión menciona las propuestas ya presentadas por el Gobierno español en los Planes de Acción Nacional sectoriales que ya le ha enviado: la definición de la colegiación obligatoria en una futura ley (LCSP); racionalizar las reservas de actividad de ingenieros; seguro de responsabilidad civil; formación continua y deontología.

Específicamente, en relación con el sector de la Arquitectura en España, la Comisión se limita a recomendar la revisión de las reservas de actividad en el sector de la Arquitectura e Ingeniería.

En función de las conclusiones de la Comisión UE, el Indicador de efectos restrictivos en estos sectores es mayor que la media europea. Es curioso que la descripción de las reservas de actividad no está correctamente definida en la ficha española. Así, por ejemplo, se afirma que las Ingenierías de Caminos comparten la reserva de actividad con Arquitectos para los usos residenciales y análogos. Por este motivo, otra curiosidad es que no se menciona ninguna reserva de actividad en exclusiva para arquitectos.

En definitiva, la ficha sobre España contiene una mención genérica sobre las reservas de actividad en el sector de la Arquitectura y la Ingeniería, que desarrolla en un par de párrafos que, además, contienen errores de fondo.

Se desprende claramente del resumen efectuado que la Comisión UE se limita a exponer una opinión general y una recomendación, sin motivación ni aclaraciones de detalle.

Esta Asesoría Jurídica quiere poner de manifiesto que, nuevamente, la Comisión UE no responde ni analiza y ni siquiera menciona el test de proporcionalidad que, de forma exhaustiva, se ha aplicado ya por el Gobierno español a las reservas de actividad en el sector de la Arquitectura y que se ha enviado a la Institución comunitaria en el marco del Plan de Acción Nacional.

La falta de respuesta de la Institución comunitaria al test de proporcionalidad lleva necesariamente a concluir que, en respuesta a las recomendaciones dirigidas al Estado español, el Gobierno debería reiterar el análisis pormenorizado que se ha efectuado, puesto que no existe novedad alguna ni posibilidad de conocer cuáles son las reflexiones de la Comisión UE que le ha llevado a recomendar a España que se revise el sistema de reservas de actividad vigente en este sector.

En cualquier caso, la propia Comisión UE deja claro en su Comunicación que corresponde a cada Estado miembro abordar las acciones posibles para responder a las recomendaciones que se le hacen y que siempre corresponde al Estado miembro el análisis del test de proporcionalidad.

No ha pasado el tiempo suficiente para que la evolución del mercado o de la profesión justifiquen la necesidad de un nuevo test de proporcionalidad del modelo español de arquitecto y de regulación de la Arquitectura.

FinaLmente, respecto a la recomendación relativa a la propiedad de las sociedades profesionales, también incluida en la ficha relativa a España, esta Asesoría Jurídica recomienda que esta cuestión sea analizada en el marco de Unión Profesional, en función de su cobertura legal y su repercusión para todas las profesiones.

VII.- Reuniones mantenidas para el tratamiento del paquete presentado por la Comisión UE

Para valorar y discutir el alcance de esta Comunicación, hay programada la siguiente agenda de reuniones institucionales:

2 febrero: Reunión bilateral CSCAE con el Ministerio de Educación.

La reunión transcurrió en un ambiente de total coincidencia y colaboración. Las posiciones políticas y jurídicas de ambas instituciones son absolutamente coincidentes, en relación con la Comunicación de la Comisión UE, donde se dirigen recomendaciones al Gobierno español.
En opinión del Ministerio de Educación, la Comunicación está repleta de errores. Precisamente, uno de los errores más destacados es cuando la Institución comunitaria afirma que España no ha presentado su Plan de Acción Nacional. Esto, simplemente, no es cierto, puesto que, como es bien conocido, España ha presentado el Plan de Acción Nacional para varias profesiones, entre las que se encuentra la Arquitectura. Por estos motivos, en la reunión se concluyó que lo primero es comunicar a la Comisión UE ese error de base, incluyendo, además, otras observaciones que fueran pertinentes. Este trabajo ha sido realizado por el Consejo Superior y remitido al Ministerio de Educación el 3 de febrero.
En efecto, este debe ser el tratamiento que se dé a la recomendación de la Comisión UE en la que pide al Gobierno español que se revise el sistema de reservas de actividad, porque hay un error de base que consiste en que el Gobierno español ya ha revisado esta cuestión y la revisión (consistente en la superación del test de proporcionalidad) fue remitida a la Comisión UE en el Plan de Acción Nacional para la Arquitectura).
En relación con la recomendación relativa a la propiedad de las sociedades profesionales, se convino en trasladar la respuesta a Unión Profesional.
Sobre otra de las acciones propuesta por la Comisión UE que se refiere a la presentación de una propuesta de Directiva europea para armonizar a nivel comunitario el test de proporcionalidad aplicado a las regulaciones profesionales, la Asesoría Jurídica del Consejo Superior expuso las dificultades de tal propuesta. Básicamente, la dificultad e inoportunidad de intentar armonizar un principio general del Derecho. El Ministerio de Educación está aún reflexionando sobre la posición española al respecto, aunque, en principio, coincide con la apreciación del CSCAE.

3 febrero: Despacho con presidente CSCAE

Sacando las conclusiones de la reunión con el Ministerio de Educación del día anterior, recogidas más arriba, se dieron las indicaciones necesarias a la Asesoría Jurídica. Al mismo tiempo, se le autorizó para representar al Consejo Superior en la reunión a la que hemos sido invitados del Grupo de Arquitectura convocado por la Comisión UE y en la que se tratará este paquete de medidas de la Institución comunitaria. Igualmente, se autoriza la asistencia a la reunión convocada el día anterior en el CAE para preparar una posición común, a propuesta del CSCAE.

9 febrero: Reunión en el CAE para preparar una posición común en la reunión del Subgrupo de Arquitectura (órgano de apoyo a la Comisión UE) que tendrá lugar el día siguiente. Esta reunión preparatoria ha sido provocada por el CSCAE, advirtiendo a Ruth Schagemann, miembro del Consejo Ejecutivo del CAE, sobre la convocatoria que ha hecho la Comisión del Subgrupo de Arquitectura. En esa reunión se examinará todo el paquete presentado por la Comisión que se verá en la reunión del 10 de febrero.

En la reunión convocada por el CSCAE, ocho organizaciones miembros del CAE volvieron a revalidar el pacto de no agresión, consistente básicamente en advertir que todos los modelos de regulación de la profesión en Europa alcanzan los máximos estándares de calidad. Se trata de trasladar a la Comisión UE que las regulaciones nacionales constituyen un conjunto homogéneo cuyas piezas no pueden deslindarse parcialmente.
En la reunión se consensuó que la iniciativa de Tarjeta Profesional no afecta de forma importante a los arquitectos. En cuanto a la iniciativa de nueva directiva sobre el test de proporcionalidad, el CSCAE trasladó su opinión, compartida por todos, de que no es adecuado utilizar una directiva para armonizar la proporcionalidad, que es un principio general del Derecho.
La reunión transcurrió básicamente con la explicación, por parte de la Asesoría Jurídica del CSCAE, de la Comunicación de la Comisión UE relativa a las recomendaciones a los Estados miembros.

10 febrero: Reunión del Subgrupo de Arquitectura, del Grupo de Coordinación de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, en la que se trató el conjunto de iniciativas presentadas por la Comisión.

La reunión del Subgrupo de Arquitectura (estructura de apoyo a la Comisión UE en el marco de la aplicación de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones) tuvo la asistencia de los coordinadores de los 28 Estados miembros y los servicios de la Comisión UE. Como sucedió en la última reunión, el Ministerio de Educación español invitó al Consejo Superior, que estuvo representado por su Asesoría Jurídica.
En el orden del día estaba, como debate fundamental, las iniciativas de la Comisión UE en el marco de la Estrategia de Mercado Único.
El Ministerio de Educación había trasladado a la Comisión UE más de veinte observaciones a la Comunicación sobre recomendaciones a los Estados miembros, muchas de ellas a propuesta del CSCAE.
En una reunión bilateral con los servicios de la Comisión UE, la institución comunitaria advirtió que la Comunicación era un instrumento de elaboración y responsabilidad exclusiva de la Comisión UE y que, por tanto, no admitirían observaciones salvo la corrección de auténticos errores materiales. Por este motivo, la Comisión UE no admitió eliminar la mención a España en el apartado de la Comunicación en el que se enumeran los países a los que se les recomienda revisar el sistema de reservas de actividad en Arquitectura e Ingeniería. La Comisión UE no consideró que en esto hubiese error. Sin embargo, sí aceptó que era un error afirmar, como se hace en la Comunicación, que España no hubiese enviado su Plan de Acción Nacional en el sector de la Arquitectura.
La Asesoría Jurídica del Consejo Superior intervino, en primer lugar, para agradecer a la institución comunitaria que hubiese hecho suyo el lenguaje común propuesto por las organizaciones de arquitectos en relación con la existencia de regulaciones ex ante y ex post, lo que equivale a decir que no hay países desregulados y, en segundo lugar, para preguntar el motivo por el que el Indicador General de Efectos Restrictivos de las regulaciones se había aplicado exclusivamente a las regulaciones ex ante. Finalmente, se preguntó cuál era el fundamento para afirmar en la Comunicación que un sistema de seguro de responsabilidad civil es menos restrictivo que una regulación de atribuciones profesionales.
Son de destacar algunas frases de la intervención del representante de la Comisión UE:

  • «Aunque el texto de la Comunicación quedará como tal, no obstante, son bienvenidas estas observaciones de las delegaciones nacionales»;
  • «Las revisiones de las regulaciones profesionales deben repetirse cada cierto tiempo»;
  • «Es importante tener en cuenta el efecto restrictivo acumulativo de regulaciones ex ante, como la protección del título, y ex post, como las reservas de actividad»;
  • «De la misma forma que no es lo óptimo una regulación inexistente con un baremo 0, tampoco lo es una regulación exhaustiva»;
  • «La Comisión nunca ha afirmado que la regulación ex post sea mejor que la regulación ex ante»;
  • «Las regulaciones de permisos de licencia no son regulaciones de la profesión»;
  • «Las recomendaciones destinadas a los Estados miembros se han incluido con independencia de la existencia de violaciones al Derecho Comunitario»;
  • «Es responsabilidad de los Estados miembros seguir o no otro camino, teniendo en cuenta las recomendaciones»;
  • «No es necesariamente relevante que en la aplicación del Indicador de efectos restrictivos el resultado haya sido de 1’2 o de 2’8»;
  • «El Indicador no es sino una de las piezas del conjunto de elementos que se ha tenido en cuenta en la Comunicación»;
  • «En efecto, la Comisión utiliza el término regulación “restrictiva” y eso otorga una adjetivación negativa que, sin embargo, no tiene por qué interpretarse siempre así».

14 febrero: Reunión técnica de Unión Profesional en la que se trata el paquete de medidas de la institución comunitaria, con la participación como coordinador del asesor jurídico del CSCAE.

17 febrero: Reunión en el CAE para que las organizaciones miembros presenten su posición. En la reunión estará Ruth Schagemann como miembro del Consejo Ejecutivo y se ha pedido la asistencia de Luciano Lazzari, Presidente CAE.

Se ha pedido que, en la reunión del 17 de febrero, no solo se analice la cuestión técnica, sino que también se saquen conclusiones políticas. Hemos pedido que el CAE lleve preparado, con especial detalle, el análisis de la primera parte de la Comunicación, relativa a los fundamentos económicos.

El Consejo de Ministros verá a nivel de Grupo de Trabajo todo el paquete presentado por Martin Frohn en varias reuniones en los últimos días de enero y primera semana de febrero. Por información de Ruth Schagemann podemos saber que es muy posible que Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Polonia y Austria se opongan al paquete presentado por la Comisión.

6 marzo: Final del plazo para presentar ante la Comisión UE observaciones relativas a las iniciativas presentadas por la Institución comunitaria.

VIII.- Epílogo

Resulta conveniente y oportuno coadyuvar con el Gobierno español para atender a las recomendaciones de la Comisión europea y para atender también a la reciente aprobación del Plan de Acción español que sigue plenamente vigente y en el que colaboramos eficazmente y cuyo contenido compartimos plenamente.

Como ha advertido la Comisión UE, corresponde a los Estados miembros destinatarios de las recomendaciones, abordar cada problema teniendo en cuenta el conjunto del ordenamiento jurídico y el conjunto de la regulación existente. En efecto, la regulación de las atribuciones del arquitecto no puede deslindarse del conjunto de la regulación que conforma el modelo de ejercicio de la Arquitectura en España.

El Consejo Superior lleva desde hace tiempo advirtiendo de la necesidad de abordar la regulación de la Arquitectura con una normativa sectorial equiparable a la que regula, por ejemplo, el sector de la sanidad y las profesiones sanitarias. En la Agenda de prioridades de los arquitectos está la negociación, elaboración y promulgación de una Ley de Arquitectura que responda a los retos del nuevo siglo y a las necesidades de los profesionales y sus clientes. Este desarrollo legislativo resultaría proactivo a los ojos de la UE y en el marco de sus recomendaciones.

Corresponde al legislador español juzgar sobre la proporcionalidad, necesidad y efecto útil de las regulaciones principales del sector, y encauzarlo a través de las correspondientes discusiones parlamentarias basadas en el interés general de las regulaciones en su conjunto, las existentes y las que se incorporen.

Madrid, 13 de febrero de 2017

Asesoría Jurídica CSCAE

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01.03.2017

Informe CSCAE. Criterios de actuación de los COAs en los supuestos de sustituciones de arquitectos

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos

Informe de la Asesoría Jurídica del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, CSCAE, sobre los criterios de actuación de los Colegios de Arquitectos en los supuestos de sustituciones de arquitectos

Asesoría Jurídica del CSCAE

I.- Justificación del documento

1. La Ley 7/1997 de 14 de abril, de Medidas liberadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales, cambió de raíz el mercado de los servicios profesionales de la arquitectura, que deja al arbitrio de los arquitectos, considerados individualmente, y de sus clientes.
Hasta ese momento, el sistema estaba fundado en tres pilares:

  • Honorarios mínimos obligatorios (tarifas).
  • Modelo de contrato universal (hoja de encargo).
  • Gestión de cobro a través del Colegio, que ostenta en exclusiva la capacidad para reclamar el impago de honorarios.

En este marco, la sustitución de arquitectos en el curso de un trabajo profesional se articulaba a través de la venia.

2. El nuevo marco normativo que introdujo la citada Ley 7/1997, supuso que a partir de esa fecha, se prohíbe a los Colegios cualquier interferencia en las relaciones contractuales entre arquitectos y promotores, incluido la determinación de los honorarios. Del mismo modo se elimina la venia.

3. La justificación de estas medidas se basa en la liberalización del mercado de servicios profesionales eliminando prácticas de naturaleza gremial que se consideran contrarias al principio de libre competencia. No obstante, los Colegios retienen las atribuciones de regulación del ejercicio profesional aunque siempre bajo la norma de que las relaciones económicas y contractuales entre arquitectos y clientes quedan por completo al margen de los mismos.

4. A lo largo de estos años, la eliminación de la venia sin que se sustituyera por otro trámite ha generado una variada casuística de conflictos en los que se han visto envueltos los Colegios. En los últimos años estos problemas se han intensificado en el contexto de desplome del sector de la edificación, como consecuencia de la paralización de muchas promociones inmobiliarias en curso que han derivado en embargos, cambios de propietario, proliferando situaciones que antes eran excepcionales.

5. Esta situación -caracterizada como decimos por una extremada casuística-, plantea cuestiones de diverso alcance y naturaleza jurídica, tales como: hasta dónde pueden intervenir los Colegios de Arquitectos en su función de ordenación profesional. Cómo se concreta el principio de no interferencia en las relaciones contractuales entre el promotor o cliente y el arquitecto. Qué documentación debe producirse y el Colegio requerir en aquellos casos en que la dirección de obra interviene más de un arquitecto y su incidencia en el Certificado Final de Dirección de Obra (CFO). Qué documentación tiene el carácter de objeto del contrato y por tanto sobre ella los Colegios no pueden disponer. Y desde luego, la delimitación y concreción de los derechos y obligaciones de los arquitectos que intervienen en todo cambio o sustitución en un trabajo en curso de ejecución, como son el arquitecto saliente o sustituido y el arquitecto entrante que va a continuar con el trabajo profesional.

6. Respondiendo a la demanda de una significativa parte de Colegios de Arquitectos, y a las numerosas consultas que sobre esta problemática se vienen suscitando, la Asesoría Jurídica del CSCAE, en colaboración con la Secretaría General, ha elaborado el presente documento con el fin de que una vez analizado y en su caso aprobado por el Pleno de Consejeros, con audiencia de los Colegios, pueda servir de informe jurídico que contenga el marco de actuación común de los Colegios de Arquitectos en esta materia. El documento ha analizado aportaciones e ideas de varios Colegios e informes jurídicos de la Asesoría Jurídica del Consejo Andaluz y de la Asesoría Jurídica del Colegio de Huelva sobre esta materia.

II.- Marco normativo aplicable.

a) Ley de Ordenación de la Edificación de 5 de noviembre de 1999 (LOE).

En especial, el artículo 7 (documentación de obra ejecutada); el artículo 10 (proyectista); artículo 12 (el director de la obra); artículo 17 (responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación);

b) Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por RD 314/2006 de 7 de marzo.

Anejo II (documentación del seguimiento de la obra):

  • El apartado II.1, establece cuál es la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, que se compondrá al menos del Libro de Órdenes y Asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo; el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre; el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de la obra; la licencia de obras, al apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y el Certificado Final de de Obra de acuerdo con el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
  • El apartado II.3 “Certificado Final de Dirección de Obra”, establece que:
    1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.
    2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento”.

c) Decreto 462/1971, de 11 de marzo, Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.

d) Orden de 9 de junio de 1971, Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de Edificación.

e) Orden de 28 de enero de 1972, Certificado Final de Dirección de Obras de Edificación.

Establece modelo del Certificado Final de Dirección de Obra. Por lo que se refiere al director de la obra, el texto es el siguiente:

“CERTIFICO: Que con fecha… la edificación consignada ha sido terminada según el proyecto aprobado y la documentación técnica que lo desarrolla, por mí redactada, entregándose a la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, debidamente conservad, al fin que se la destina”.

f) Estatutos Generales.

El artículo 33 de los vigentes Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos aprobados por Real Decreto 327/2002 de 5 de abril (20 de abril de 2002) establece lo siguiente:

“Artículo 33. Sustitución de Arquitectos
La sustitución de un Arquitecto por otro en la realización de un mismo trabajo profesional requiere la previa comunicación al Colegio. Cuando lo sea en la dirección facultativa de una obra en curso de ejecución, la comunicación del Arquitecto cesante deberá acompañarse de certificación que refleje el estado de las obras realizadas bajo su dirección y la documentación técnica correspondiente”.

g) Código Deontológico.

El artículo 2.08 del Código Deontológico de los Arquitectos, aprobado en la Asamblea General del CSCAE de 20 de noviembre de 2015, y que entrará el vigor del 20 de noviembre de 2016, referido a la sustitución temporal o definitiva en un trabajo profesional, dice:

  1. Deberes:
    1. En trabajos de edificación, ejercer la totalidad de las obligaciones que le son exigibles en su función directora, al menos que le conste por medios fehacientes la aceptación expresa de las correspondientes responsabilidades de carácter parcial por parte de otros profesionales técnicos y facultativos que intervengan en áreas específicas y estén legalmente habilitados para ello.
    2. En caso de renuncia voluntaria, el profesional saliente presentará a su cliente y al Colegio un certificado, incorporando un informe que determine las circunstancias que han originado la renuncia o cese así como el grado de materialización del servicio profesional.
      En caso de renuncia forzada o no convenida, la obligación anterior recaerá sobre el entrante.
  2. Prohibiciones:
    1. Sustituir a otro profesional sin la previa comunicación al interesado y al Colegio, y sin que conste debidamente acreditado el estado del trabajo encargado en el momento del traspaso.
    2. Ocultar o demorar injustificadamente la documentación necesaria para la correcta tramitación del proceso de sustitución y deslinde de responsabilidades”.

III.- Principios Generales.

1. Protección de intereses generales básicos.

La intervención de los Colegios de Arquitectos en los supuestos en que se produzca la sustitución de arquitectos en un trabajo profesional en curso de ejecución, se fundamenta en la protección de tres intereses generales básicos:

  1. La ordenación y adecuada práctica del ejercicio profesional, deslindando y delimitando las responsabilidades de cada arquitecto.
  2. Garantizar los derechos de los usuarios finales o terceros que no han contratado con el arquitecto sustituido o saliente en el encargo profesional, siempre que estos usuarios sean diferentes del promotor, toda vez que en la autopromoción no concurre dicha situación.
  3. Procurar el cumplimiento y los deberes establecidos al respecto en el Código Deontológico de los arquitectos, por lo que se refiere al arquitecto sustituido o saliente y el nuevo arquitecto o arquitecto entrante; así como garantizar los derechos de cada uno de ellos.

2. No interferencia en las relaciones contractuales entre el cliente y el arquitecto o arquitectos.

Al intervenir los Colegios de Arquitectos en este ámbito ejerciendo una competencia o función pública de ordenación del ejercicio profesional, protegiendo los intereses generales reseñados, la actuación de los Colegios ha de ser de no interferencia en las relaciones contractuales y en los pactos o acuerdos existentes entre el cliente y el arquitecto o arquitectos, respetando los mismos.

Al respecto, en todas las comunicaciones que los Colegios remitan a los arquitectos afectados por una sustitución, por las causas que luego se detallan, se les hará saber que la intervención colegial no interfiere en la relación contractual del arquitecto con el cliente y los derechos y obligaciones que derivan de la misma y que a él corresponde, incluyendo las de carácter económico y cualesquiera otras.

3. Necesidad de que se refleje tanto la obra ejecutada en el momento de la sustitución de un arquitecto por otro, como el estado de la configuración del edificio.

El hecho de que en el proceso constructivo de una edificación intervengan más de un arquitecto en la función de la dirección de la obra, introduce una evidente discontinuidad en el ejercicio de tal prestación profesional, que evidentemente no se produce en el caso de que toda la dirección de la obra la haya realizado un mismo arquitecto.

En razón a ello, el Colegio de Arquitectos que ejerce la función de visado del CFO, para cumplir adecuadamente tal función ha de contar con una información suficiente y completa de los cambios que se van produciendo en el estado de la obra, no sólo en el momento de la sustitución para delimitar responsabilidades, sino en el momento de la finalización de la obra, a fin de que quede constancia documental expresa de la configuración final o estado final del edificio, ya concluido.

Por tanto, el visado del CFO, no es sólo el visado formal del propio documento que suscriben el director de la obra y el director de la ejecución de la obra. Debe comprobarse para proceder al visado, la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, que se contiene en el Anejo II, 11.1 del Código Técnico de la Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17 de marzo, que desde luego incluye las modificaciones que se hayan producido en el proyecto de ejecución o en su caso, dejar constancia de que no ha habido tales modificaciones.

De la misma manera, la propia Ley de Ordenación de la Edificación, en su artículo 7, alude a la documentación de la “obra ejecutada”, que comprende el proyecto con las modificaciones (y a dicha documentación se debe adjuntar el acta de recepción, relación de los agentes que han intervenido e instrucciones y uso de mantenimiento del edificio).

Consecuentemente, la obra ejecutada es el estado final de la edificación una vez concluida la misma y por ello, es imprescindible que exista una constancia plena y adecuada de la configuración final de la edificación y que se reflejen esos cambios o modificaciones producidos con respecto al proyecto y desde el inicio de la construcción.

En este sentido, la obligación ha de ser del arquitecto que suscribe del certificado final de obra, ya que es el que tiene la responsabilidad en tal sentido conforme a las prescripciones legales establecidas tanto en la LOE como en el CTE.

Sin perjuicio de ello, en los supuestos de sustitución en la dirección de obra, el arquitecto sustituido o cesante tiene el derecho o la facultad de aportar la certificación que refleje las modificaciones de la configuración del edificio que se han producido bajo su dirección.

Con estas premisas, es como se articulan los criterios que se establecen posteriormente en el apartado IV.4. Y todo ello, por dos razones esenciales, que justifican la necesidad de dejar constancia de la configuración final del edificio para proceder al visado del CFO:

En primer lugar, porque el Colegio Profesionales que ejerce la función de visado tiene un régimen de responsabilidad legalmente establecido en el artículo 13 de la Ley de Colegios Profesionales y justamente por ello han de extremarse todas las cautelas a la hora del visado del CFO, en los términos que han quedado expuestos.

Y en segundo lugar, en beneficio de los consumidores y usuarios, toda vez que es esencial también para sus derechos y deberes sobre el uso y conservación del edificio, que establece la LOE, disponer de la documentación completa que acredite la obra ejecutada.

Hemos de señalar que al respecto, por determinados Colegios (en concreto por el COA de Huelva y el Consejo Andaluz), se había planteado si era posible que el CFO fuese firmado por todos los arquitectos que han intervenido en la dirección de la obra.

No se considera procedente esta propuesta por las razones que a continuación se exponen.

La normativa aplicable y tanto la LOE como la Orden de 28 de enero de 1972 -vigente a todos los efectos- que establece el modelo oficial del CFO, así como el propio Código Técnico de la Edificación aprobado por RD 314/2006, todo este conjunto normativo no prevén que el CFO pueda ser firmado por todos los arquitectos intervinientes en la dirección de la obra, ya que en todo momento, la normativa alude al “director de la obra” entendiendo como tal siempre el último arquitecto que ha asumido la dirección de la obra. En ningún momento se habla de los arquitectos intervinientes o directores de la obra e incluso a efectos de responsabilidad el artículo 17.7 alude que la misma corresponde al “director de la obra y el director de ejecución de la obra que suscriba el Certificado Final de Dirección de Obra”.

Esta normativa además, se corresponde con lo que disponer el artículo 2.b) de la RD 1.000/2010 de 5 de agosto, que regula el visado colegial obligatorio, cuando se refiere al Certificado Final de Obra de Edificación.

En consecuencia, el establecer o exigir por parte de los Colegios de Arquitectos que el CFO sea firmado por todos los arquitectos intervinientes, cuando en una obra ha intervenido más de un arquitecto en las tareas de dirección de obra, supondría contradecir esa normativa aplicable y al respecto los Colegios de Arquitectos evidentemente carecen de facultades para modificar o alterar una normativa en vigor. No tienen -dicho con rotundidad- título habilitante para cambiar la normativa sobre el CFO e introducir la posibilidad de que firmen todos los arquitectos que hayan podido intervenir en una dirección de obra.

De otra parte -y es otra consideración relevante- en el CFO no sólo interviene el arquitecto o arquitectos que han dirigido la obra, sino el aparejador o aparejadores que han intervenido en la ejecución de la dirección de la obra. Por tanto, tampoco podría introducirse una modificación -como la pretendida- ya que afecta a los Aparejadores y a los propios Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que intervienen en la emisión del CFO y en los Colegios con facultades para el visado del mismo.

En razón a estas consideraciones, no es viable en el orden jurídico, con la normativa vigente aplicable, exigir por parte de los Colegios que todos los arquitectos que hayan intervenido en la dirección de una obra, firmen el CFO.

Consideramos que el documento da respuesta al planteamiento efectuado por dichos Colegios, con la solución que se propone en los términos anteriormente detallados.

Sin perjuicio de ello, se considera oportuno y prioritario solicitar ante el Ministerio de Fomento por parte del Consejo Superior, la actualización de la normativa que regula la expedición de los CFO, que es la aún vigente Orden de 28 de enero de 1972 y que requiere una revisión y actualización a la nueva normativa aplicable que regula la dirección de la obra y en concreto, a la LOE y al CTE.

4. El acceso a la documentación elaborada por los arquitectos, ha de conciliar dos intereses en juego: el interés de protección de los derechos de los arquitectos que ostentan sobre esos documentos (proyectos de edificación y CFO) y los intereses de los solicitantes.

En el documento, se establecen unos criterios generales que puedan servir de actuación por parte de los Colegios sobre esta materia, si bien ha de advertirse que se trata de una cuestión eminentemente casuística y que requerirá que el Colegio correspondiente analice y valore las circunstancias concurrentes en cada caso.

Al respecto, los principios que se han tenido en cuenta para establecer las normas de actuación que se contienen, serían los siguientes:

  1. Los documentos elaborados por los arquitectos (proyectos, documentación de la obra y otros trabajos profesionales), son la expresión material y concreta de la prestación profesional que realizan los arquitectos. Forman parte integrante del objeto del contrato. Y constituyen por ello un elemento esencial de la relación contractual entre el cliente y el arquitecto. Además, en el caso de los proyectos arquitectónicos, sobre los mismos, los arquitectos tienen los derechos derivados de la propiedad intelectual.
  2. Por lo que se refiere en concreto a los proyectos de ejecución y certificados finales de dirección de obra, son documentos incorporados al procedimiento de visado colegial. El procedimiento de visado del proyecto de ejecución, se inicia con la solicitud de visado, presentando el referido proyecto y finaliza con el visado del mismo. Y por lo que se refiere al procedimiento de visado del Certificado Final de Dirección de Obra, comienza con su solicitud aportando el documento del CFO y finaliza con la resolución de visado.
  3. Conforme el artículo 4 de la Ley 39/2015, son interesados en el visado, además de quienes lo hayan promovido, quienes ostenten interés legítimo y se personen antes de emitirse la resolución definitiva de visado.
  4. Las peticiones de acceso a documentación (proyecto de ejecución y CFO) que se produzcan por cualquier persona después de concluido el procedimiento de visado con la resolución definitiva del mismo, se rigen por lo dispuesto en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta Ley prevé expresamente que ha de darse audiencia a los terceros, a quienes pueda afectar en sus derechos e intereses la información solicitada. En este caso se encuentran los arquitectos autores de dicha documentación. La protección de tales derechos e intereses, junto con los límites al derecho de acceso que contempla el artículo 14 de la misma Ley de Transparencia (tutela judicial efectiva, intereses económicos y propiedad intelectual), constituyen motivos que han de valorarse en la resolución que se adopte por el Colegio y que pueden justificar la denegación de la solicitud de acceso.
  5. Los Colegios, en los supuestos del apartado anterior y para resolver la petición de acceso a la documentación, deberán efectuar un juicio de ponderación entre el daño que se produciría para los derechos de los arquitectos de facilitar dicha información y el interés público en la divulgación o acceso a la información por parte de los solicitantes, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Una vez efectuado ese juicio de ponderación, facilitará la información si considera prevalente el interés público de los solicitantes; o la denegará si considera prevalente de los derechos e intereses del arquitecto o arquitectos.

IV.- Supuestos tipo. Normas de actuación por parte de los Colegios.

Se establecen, sobre los supuestos tipo más frecuentes, los criterios de actuación en cada uno de ellos por parte de los Colegios de Arquitectos.

1. Resolución unilateral por parte del promotor o renuncia del arquitecto en fase de elaboración del proyecto.

Los presupuestos que han de concurrir para la aplicación de este supuesto, son los siguientes:

  • Que exista un contrato por el que se encarga al arquitecto la elaboración de un proyecto de edificación.
  • Que se produzca la resolución del contrato por parte del promotor por cualquier causa-, o bien la renuncia por parte del arquitecto.
  • Que en el momento de la resolución o renuncia, el proyecto se encuentra en fase de elaboración y aún no concluido por parte del arquitecto.
  • Que con respecto al mismo inmueble objeto del proyecto, un nuevo arquitecto reciba encargo de elaboración de continuar el proyecto, modificarlo o efectuar un nuevo proyecto.

Para regular la sustitución de uno y otro arquitecto, será preciso realizar las siguientes actuaciones que habrán de ser observadas y garantizadas por los Colegios de Arquitectos:

  1. En el caso de renuncia voluntaria, el arquitecto saliente presentará la oportuna comunicación al Colegio, acompañando un informe que determine las circunstancias que han originado la renuncia, así como el grado de materialización del servicio profesional. En el caso de que no se aporte con la comunicación el expresado informe, el Colegio requerirá al arquitecto para que en un plazo máximo de 5 días presente el mismo en los términos señalados, con advertencia de que el incumplimiento injustificado de esta obligación, supone una infracción de las normas deontológicas establecidas.
  2. En el supuesto de resolución unilateral por parte del promotor, el arquitecto entrante comunicará al Colegio que ha recibido encargo para continuar la elaboración del proyecto de edificación, su modificación o la realización de un nuevo proyecto sobre el mismo inmueble objeto del proyecto. En este supuesto, se concederá al arquitecto saliente o sustituido un trámite de audiencia por cinco días para que comunique al Colegio el grado de materialización de los trabajos profesionales efectuados y lo que estime oportuno sobre la resolución del contrato.
  3. Cumplimentados los trámites expresados y trascurridos los plazos señalados en los dos apartados anteriores, se haya o no aportado el informe reseñado, por parte del arquitecto saliente en el supuesto del apartado a), por parte del arquitecto entrante, en el supuesto del apartado b), y siempre que conste la comunicación en el Colegio de la renuncia o resolución del contrato, se dejará constancia en el expediente colegial, de que con relación a dicho encargo, se ha producido la sustitución del anterior arquitecto o arquitecto saliente por el nuevo arquitecto o arquitecto entrante. Se dirigirá por el Colegio una comunicación dando cuenta de tal circunstancia a ambos arquitectos y al promotor interesado.
  4. En ningún caso se dejará de visar el nuevo proyecto o trabajo profesional que se presente, por circunstancias derivadas de la relación contractual del anterior arquitecto con su cliente.

2. Resolución unilateral por parte del promotor o renuncia del arquitecto en fase de dirección de obra.

Los presupuestos que han de concurrir para la aplicación de este supuesto, son los siguientes:

  • Que exista un encargo o contrato que comprenda la dirección de una obra de edificación.
  • Que con respecto a dicho servicio profesional de dirección de obra, se produzca la renuncia por parte del arquitecto o la resolución unilateral por parte del promotor.
  • Que con respecto a la misma obra, en curso de ejecución, un nuevo arquitecto o arquitecto entrante haya recibido encargo de continuar la dirección de dicha obra.

Para regular la sustitución de uno y otro arquitecto, será preciso realizar las siguientes actuaciones que habrán de ser observadas y garantizadas por los Colegios de Arquitectos:

  1. Una vez que el Colegio reciba comunicación relativa a la renuncia o resolución del encargo de la dirección de obra en curso de ejecución, se dirigirá por aquel de manera inmediata, oficio al Ayuntamiento correspondiente, haciendo constar que la obra no cuenta con dirección técnica facultativa, por haberse producido el cese del arquitecto que llevaba la dirección de la obra, lo que se comunica a los efectos legales oportunos. En los mismos términos, el Colegio se dirigirá al promotor de la obra, advirtiéndole de las responsabilidades legales en que puede incurrir, de continuar la obra sin dirección facultativa. El cese del arquitecto en la dirección de la obra, produce efectos desde que se reciba en el Colegio la comunicación sobre la renuncia o resolución en la dirección de la obra.
  2. En el caso de renuncia voluntaria, el arquitecto saliente, que efectúa la renuncia, junto con la comunicación que habrá de efectuar de tal hecho al Colegio, aportará certificación en la que se constate una descripción de las unidades de obras realizadas bajo su dirección hasta ese momento. De aportarse la comunicación sin dicha certificación, el Colegio requerirá al arquitecto saliente para que en plazo máximo de 5 días aporte la misma, con advertencia de que el incumplimiento injustificado de dicha obligación supone una infracción de las normas deontológicas establecidas. Además, el Colegio concederá un trámite de audiencia por plazo de 5 días al arquitecto entrante o nuevo arquitecto, para que emita el informe reseñado sobre el estado de las obras realizadas, por el anterior director facultativo. Ambos documentos -el del arquitecto saliente y el del arquitecto entrante- quedarán incorporados al expediente colegial.
  3. En caso de resolución unilateral por parte del promotor, el arquitecto entrante que ha recibido el encargo de continuar en la dirección de la obra, junto con la comunicación que habrá de efectuar de tal hecho al Colegio, aportará certificación en la que se constate una descripción de las unidades de obras realizadas bajo su dirección hasta ese momento. De aportarse la comunicación sin dicha certificación, el Colegio requerirá al arquitecto entrante para que en plazo máximo de 5 días aporte la misma, con advertencia de que el incumplimiento injustificado de dicha obligación supone una infracción de las normas deontológicas establecidas. Además, el Colegio concederá un trámite de audiencia por un plazo máximo de 5 días al arquitecto saliente, para que emita el informe reseñado sobre el estado de las obras realizadas. Ambos documentos -el del arquitecto saliente y el del arquitecto entrante- quedarán incorporados al expediente colegial.
  4. Cumplimentados los trámites expresados y trascurridos los plazos señalados en los dos apartados anteriores, se haya o no aportado la certificación del estado de las obras ejecutadas, por parte del arquitecto saliente en el supuesto del apartado b); o por parte del arquitecto entrante en el supuesto del apartado c), se dejará constancia en el expediente colegial, de que con relación a dicha dirección de obra, se ha producido la sustitución del anterior arquitecto o arquitecto saliente por el nuevo arquitecto o arquitecto entrante. Se dirigirá por el Colegio una comunicación dando cuenta de tal circunstancia a ambos arquitectos.
  5. La no cumplimentación de la documentación reseñada por parte de los arquitectos obligados -el arquitecto saliente en el caso de renuncia y el arquitecto entrante en el caso de resolución unilateral del promotor-, no será impedimento para efectuar la sustitución en la dirección de la obra, sin perjuicio de las responsabilidades deontológicas que puedan derivarse de tal incumplimiento.
  6. En ningún caso se condicionará el cambio o sustitución en la dirección de una obra, por circunstancias derivadas de la relación contractual del anterior arquitecto con su cliente.

3. Supuestos de cambio de arquitecto por cambio de la propiedad de la obra en curso de ejecución.

Se está refiriendo al supuesto en que existiendo un contrato entre el cliente o promotor y el arquitecto, que comprenda la dirección de la obra y esta se encuentre en curso de ejecución, se trasmite la propiedad de la obra a través de negocio jurídico de cualquier clase o a través de otros instrumentos administrativos o judiciales (como puede ser una adjudicación hipotecaria de la obra en favor de un nuevo promotor).

En estos supuestos, lo que se produce es un cambio en la propiedad de la obra, que dará lugar a un nuevo promotor y en su caso a un nuevo arquitecto, con encargo de continuar en la dirección de la obra, si bien ello no afecta a la relación contractual existente entre el anterior promotor y el arquitecto sustituido o saliente.

En estos casos, las actuaciones serán:

  1. Habrá de presentarse en el Colegio por el arquitecto entrante, el encargo para continuar la dirección de la obra. El arquitecto deberá emitir un informe sobre el estado de ejecución de la obra y el grado de materialización de la misma. De no aportar dicho informe, será requerido por el Colegio a tal efecto por plazo máximo de 5 días, con advertencia de que el incumplimiento de ello puede dar lugar a responsabilidades deontológicas.
  2. El Colegio concederá al arquitecto saliente o sustituido un trámite de audiencia por 5 días, para que aporte en su caso, certificación de la obra ejecutada bajo su dirección.
  3. Cumplimentados los trámites expresados y trascurridos los plazos señalados en los dos apartados anteriores, se haya o no aportado la documentación reseñada, se dejará constancia en el expediente colegial de que con relación a dicho encargo, se ha producido la sustitución del anterior arquitecto o arquitecto saliente por el nuevo arquitecto o arquitecto entrante. Se dirigirá por el Colegio una comunicación dando cuenta de tal circunstancia a ambos arquitectos.
  4. En estos casos de cambio de la propiedad de una obra en ejecución, legalmente no se produce la subrogación del nuevo propietario en el contrato celebrado entre el arquitecto sustituido y la anterior propiedad, salvo que expresamente así se haya pactado.

4. El visado del CFO cuando en la dirección de la obra hayan intervenido varios arquitectos.

A continuación -y partiendo de lo que se ha explicado-, se establecen cuáles son las prescripciones que deberán cumplir los Colegios para el visado del CFO, cuando en la dirección de obra hayan intervenido varios arquitectos:

  1. Para proceder al visado del Certificado Final de Dirección de Obra, además de aportar la documentación del seguimiento de la obra, deberá constar de manera exacta el estado final de la obra y todas las modificaciones que se hayan efectuado en el proyecto y los cambios en la configuración de la edificación.
  2. El arquitecto que suscriba el Certificado Final de Dirección de Obra (CFO), está obligado a reflejar el estado final de la obra, los cambios en el proyecto y en la configuración del edificio. Para ello, podrá basarse en la documentación que haya aportado el arquitecto o arquitectos que hayan intervenido anteriormente en la dirección de la obra. En otro caso, de no constar dicha documentación, el arquitecto que suscribe el CFO deberá reflejar los cambios o modificaciones en la configuración del edificio, cuando estos sean ostensibles; y en otro supuesto, efectuar las comprobaciones necesarias para dejar constancia de tales modificaciones en la configuración del edificio.
  3. El arquitecto sustituido o que cese en la dirección de una obra, tiene el derecho de aportar la certificación que refleje las modificaciones de la configuración del edificio que se han producido bajo su dirección.

5. Extinción del contrato por fallecimiento del arquitecto estando vigente un encargo profesional.

Este supuesto hace referencia a que existiendo un encargo profesional, se produzca el fallecimiento del arquitecto que estaba efectuando una determinada prestación profesional de proyecto o dirección de obra.

Al respecto, y como consideraciones generales, deben establecerse las siguientes:

  • El fallecimiento del arquitecto, al tratarse de un contrato en consideración a la persona, produce la extinción del mismo, en lo que se refiere al objeto de la prestación profesional.
  • Sin perjuicio de lo anterior, los contratos producen efectos entre las partes que lo suscriben y sus herederos, por lo que estos adquieren los derechos y obligaciones económicos y de otro orden, derivados de la relación contractual existente entre el arquitecto fallecido y el promotor o cliente.
  • Si se produce el fallecimiento del arquitecto director de la obra, cuando esta está inacabada, han de arbitrarse por parte del Colegio correspondiente las medidas de ordenación precisas para que se produzca la designación de nuevo arquitecto; si no se produce designación de nuevo arquitecto por el promotor, dejar constancia del estado de la obra en el momento del fallecimiento del arquitecto que la ha dirigido.

Sobre estas consideraciones, se establecen los siguientes criterios o normas de actuación por parte de los COAs:

  1. Una vez se tenga constancia del fallecimiento de un arquitecto, que se encuentre en el ejercicio profesional, el Secretario del Colegio notificará tal hecho al conjunto del Colegio y sus Delegaciones y al resto de Colegios de Arquitectos, advirtiendo que pudieran existir trabajos profesionales o direcciones de obras en curso, a cargo del fallecido.
  2. Si se constata por el Colegio o delegación colegial correspondiente, la existencia de trabajos o Direcciones de Obra inacabadas realizará las siguientes gestiones:
    • El Colegio dirigirá una comunicación al promotor, solicitándole que deberá proceder en un plazo máximo de quince días desde que reciba aquella a la designación mediante encargo de un nuevo arquitecto que sustituya al fallecido. En el caso de tratarse de encargo de dirección de obra en curso de ejecución, el nuevo arquitecto deberá presentar una certificación del estado de la obra en el momento del fallecimiento, para lo que dispondrá de un plazo máximo de diez días desde su designación por el promotor.
    • Se remitirá por parte del Colegio una notificación al Ayuntamiento correspondiente, comunicando el fallecimiento del arquitecto director de la obra y que por tanto no cuenta con dirección facultativa.
    • Se enviará por el Colegio una comunicación a los herederos del arquitecto fallecido, concediéndoles un trámite de audiencia por diez días para que manifiesten los trabajos profesionales realizados por el arquitecto fallecido hasta el momento del fallecimiento si les consta, y puedan formular las alegaciones que estimen conveniente con respecto al encargo profesional.
    • En los expedientes relativos a proyectos o trabajos profesionales en curso de realización o inacabados y en ese momento se produzca el fallecimiento del autor de los mismos, se dejará constancia en el expediente colegial si es posible de los trabajos realizados hasta el momento del fallecimiento.
  3. Trascurridos los plazos anteriormente reseñados, sin haberse cumplimentado por parte del promotor la designación de nuevo arquitecto que continúe la dirección de la obra y la emisión por parte del nuevo arquitecto o arquitecto entrante del informe que refleje el estado de la obra hasta la fecha del fallecimiento del arquitecto, por parte del Colegio o Delegación correspondiente, se designará un arquitecto para que emita informe en plazo máximo de diez días que refleje el estado de la obra hasta el momento del fallecimiento. Redactado el informe se cerrará el expediente, notificándose al promotor y al Ayuntamiento, con advertencia de que la obra no cuenta con dirección facultativa.
  4. En cualquier caso, tanto la sustitución en la dirección de la obra como el cierre del expediente, se comunicará a los herederos del arquitecto fallecido.

V.- Sobre el acceso de la documentación elaborada por los arquitectos, obrantes en expedientes colegiales.

Se establecen al respecto -siguiendo los principios antes expuestos- los siguientes criterios de actuación por parte de los Colegios de Arquitectos:

1. Cuando en un Colegio de Arquitectos se reciba una solicitud de acceso y entrega de documentación elaborada por arquitectos, que esté incorporada a un procedimiento de visado colegial (proyecto de ejecución y Certificado Final de Dirección de Obra), habrá de comprobarse si el solicitante ostenta la condición de interesado en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta condición de interesado, está en relación con el procedimiento administrativo del visado colegial, siempre que este no haya concluido con la resolución final del mismo, es decir, con el otorgamiento o resolución del visado. Si concurre esa condición de interesado en el peticionario, el Colegio conforme a las prescripciones legales aplicables, deberá facilitar dicho acceso mediante la consulta y obtención de copia en su caso de los documentos contenidos en dichos procedimientos.

2. En cualquier caso, desde que se reciba la solicitud de acceso y entrega de documentación, se dará trámite de audiencia al arquitecto o arquitectos autores de la misma, para que aleguen lo que estimen oportuno al respecto en plazo de 10 días. Se dejará constancia en el expediente de tales alegaciones.

3. Si la solicitud que se recibe en el Colegio de Arquitectos correspondiente con respecto a proyectos y certificados finales de dirección de obra incorporados a expedientes de visado, se produce cuando ha concluido el procedimiento, al haberse emitido la resolución definitiva de visado, se está en presencia de una solicitud de acceso a la información pública obrante en los archivos y registros colegiales, de tal manera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.d) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, resultarán aplicables las prescripciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. A tal efecto, se actuará de la siguiente forma:

  1. a) El Colegio, una vez recibida dicha solicitud de acceso, de forma inmediata, dará traslado de dicha solicitud al arquitecto o arquitectos que figuren como autores de dicha documentación, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas en plazo de quince días. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
  2. b) Si en dichas alegaciones el arquitecto autoriza de forma expresa el facilitar dicha documentación, el Colegio emitirá resolución concediendo el acceso a la misma.
  3. c) Si a la vista del contenido de dichas alegaciones se constata la necesidad de protección de los derechos e intereses del arquitecto o arquitectos autores de la documentación solicitada, teniendo en cuenta los límites al derecho de acceso que se contienen en el artículo 14 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, en relación con la protección de tales derechos o intereses de los arquitectos afectados, el Colegio deberá efectuar un juicio de ponderación, debidamente motivado, en el que deberá analizarse, de una parte, el daño que se produciría para los derechos de los arquitectos de facilitar dicha información; y de otra parte, el interés público en la divulgación o acceso a la información por parte de los solicitantes, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Una vez efectuado ese juicio de ponderación, facilitará la información si considera prevalente el interés público de los solicitantes; o la denegará si considera prevalente de los derechos e intereses del arquitecto o arquitectos. La resolución en cualquier caso deberá ser debidamente motivada y con expresión de los recursos que procedan contra la misma.

4. En cualquiera de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, con la entrega de copia de los documentos solicitados, si procediese facilitar la misma, se extenderá diligencia por el Colegio, que deberá ser firmada por la persona o personas receptores de la documentación, en la que se advertirá que se facilita dicha documentación a los solos efectos de poder continuar la redacción del proyecto o la dirección de la obra en curso de ejecución, pudiendo incurrir en las responsabilidades correspondientes de utilizar dicha documentación para otros fines diferentes.

Madrid, 24 de febrero de 2017

Asesoría Jurídica CSCAE

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17.02.2017

Recordatorio. Carné colegial

Carné colegial

Secretario del COA Gran Canaria

Estimado compañero:

Te informamos que puedes recoger el carné para Arquitectos adscritos al Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, que permite acreditar tu condición de colegiado en el COAGC, acompañado de tu DNI.

Tu carné colegial está disponible en la Secretaría del Colegio, donde puedes recogerlo en el horario de atención al público:

  • Lunes a jueves de 8:30 a 14:00 h
  • Viernes de 8:30 a 13:30 h.

Recibe un cordial saludo,

Antonio González Correa
Secretario

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10/02/16 Carné colegial

30.01.2017

Informe de la Asesoría Jurídica del CSCAE sobre competencias en materia de Certificación Energética e Informes de Evaluación

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos

Informe sobre las competencias profesionales para emitir certificaciones de eficiencia energética e informes de evaluación de edificios (IEEs, antes ITEs): marco normativo vigente y estado actual de la Jurisprudencia

Informe de la Asesoría Jurídica

Esta Asesoría Jurídica, considera oportuno emitir un informe sobre las atribuciones profesionales que habilitan legalmente para emitir certificaciones de eficiencia energética y los informes de evaluación de edificios (regulados en el Título III del RDL 7/2015 de 30 de octubre) y los denominados informes de inspección técnica de edificios (a los que se refieren las normativas autonómicas y municipales), con la finalidad de determinar con precisión el marco normativo aplicable y la doctrina jurisprudencial vigente sobre esta materia.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 2016, que ha desestimado el recurso que había interpuesto el CSCAE contra determinados aspectos concretos del RD 235/2013, que regula el procedimiento para la emisión de las certificaciones de eficiencia energética de los edificios, ha sido interpretada inadecuadamente y al margen de lo que dice la sentencia, para desde las Ingenierías Industriales e Ingenierías Técnicas Industriales, sostener una competencia en este ámbito, que ni se corresponde con el contenido ni con lo que dice la sentencia ni con la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, que constituye un cuerpo consolidado en esta materia.

En razón a ello, y para evitar cualquier confusión, interpretación inadecuada e inseguridad jurídica, se emite el presente informe, que se compone de los siguientes apartados:

  • La regulación de las inspecciones técnicas de los edificios. El precedente normativo del Real Decreto Ley 8/2011 de 11 de junio.
  • Los Planes Estatales de Fomento de la rehabilitación y fomento del alquiler de viviendas. El RD 233/2013. La primera referencia a los informes de evaluación de edificios.
  • El Real Decreto 235/2013, sobre certificación de la eficiencia energética de los edificios: alcance de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016.
  • El marco normativo vigente: de la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, al Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Las competencias profesionales para emitir los informes de evaluación de edificios.
  • La Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

I.- Antecedentes regulatorios sobre las inspecciones técnicas de edificios: la primera regulación estatal a través del Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio.

La inspección técnica de las edificaciones, entronca directamente con el contenido del derecho de propiedad de las construcciones y edificaciones, y en concreto con el deber de conservación de las mismas.

Este deber de conservación por parte de propietarios -y en su caso usuarios- de los edificios, además de recogerse ya en la propia Ley de Ordenación de la Edificación de 13 de febrero de 1999 (LOE), aparece en todas las normativas urbanísticas de las distintas Comunidades Autónomas y también en el Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, cuyo artículo 15 establece que el derecho de propiedad de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter general, entre otros deberes, el de:

“Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las Leyes para servir de soporte a dichos usos”.

Por tanto, el deber de conservación, forma parte y delimita el contenido del derecho de propiedad de edificios y construcciones, en la medida en que tiene una función social delimitadora de tal contenido, conforme al artículo 33.2 de la Constitución.
Para establecer el instrumento normativo que concrete y precise ese deber de conservación, aparecieron las denominadas inspecciones técnicas de construcciones o de edificios (las conocidas como ITEs), que en nuestro ordenamiento jurídico no han tenido una regulación normativa tanto estatal como autonómica, sino hasta en fechas recientes.

El origen de las inspecciones técnicas de edificios, fundamentalmente tienen lugar a través de las Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos, como medida de control del cumplimiento de dicho deber de conservación. La mayor parte de ellas se refieren a la verificación y constatación del cumplimiento de condiciones tales como: seguridad, estabilidad, salubridad, accesibilidad y ornato público, con distintas variantes.

Y fue justamente en una coyuntura de aguda crisis económica del sector de la edificación, cuando los poderes públicos empiezan a fomentar las actuaciones de rehabilitación y conservación de edificaciones y construcciones, justamente como una medida de estímulo ante la caída significativa de la edificación de obra nueva y también desde la filosofía de un modelo de desarrollo económico sostenible.

En tal sentido, después de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía sostenible, se publicó en el BOE de 7 de julio de 2011, el Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio, con un título -además de largo, heterogéneo por las materias a que se refiere- denominado “Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos, contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impuso de la rehabilitación y de simplificación administrativa”.

El término rehabilitación que hemos subrayado en negrita y aparece al final del título de este Real Decreto Ley 8/2011, se regula en el Capítulo IV, artículos 17 y siguientes. Así, las actuaciones de rehabilitación de conservación se refieren a “las reparaciones y obras precisas para mantener un inmueble en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, que serán exigibles en los términos de la legislación aplicable”.

Por lo que nos atañe en cuanto a las inspecciones técnicas de edificios, lo más significativo del Decreto Ley se concreta en los siguientes aspectos:

  • La Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs), adquieren, con rango de Ley formal, un carácter general obligatorio en todo el territorio nacional. Es decir, a partir de la entrada en vigor de esta disposición que se produjo el 7 de Julio de 2012 (Disposición Final Tercera del Decreto Ley), las inspecciones técnicas de edificios que tengan una antigüedad superior a 50 años, salvo que las Comunidades Autónomas fijen distinta antigüedad, serán obligatorias, mediante una inspección técnica periódica de los edificios que asegure su estado y debida conservación.
  • Conforme a la Disposición Adicional Tercera del Decreto Ley, la Inspección Técnica de los Edificios sólo será aplicable en municipios con población superior a 25.000 habitantes, salvo que las Comunidades Autónomas fijen otros estándares poblacionales.
  • La norma tenía un carácter de mínimos, por cuanto sobre esta materia las Comunidades Autónomas tienen sus ámbitos competenciales propios y específicos, de tal manera que pueden establecer disposiciones normativas que respetando tales mínimos contemplen otros aspectos en formas, plazos y condiciones.
  • El precepto contiene una doble dimensión de la inspección técnica. De una parte, evaluar las condiciones exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato (en este aspecto las normativas autonómicas no todas contienen la extensión de la norma estatal); y, por otra parte, se habrán de determinar qué obras se requiere realizar para mantener el inmueble en el estado legalmente exigido.

En cuanto a las competencias profesionales para intervenir en las inspecciones técnicas de edificios, el Decreto Ley no decía nada al respecto, ni tampoco remitía a ninguna legislación o normativa.

Sin embargo, cabe decir que ya había habido no sólo pronunciamientos doctrinales, sino jurisprudenciales, en el momento en que se publica el Real Decreto Ley 8/2011.

Cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2006 (RJ 4659), en el que se analizó la validez de un informe técnico “de evaluación de la situación actual de un edificio” referido a un edificio de viviendas que había sido efectuado por un ingeniero técnico aeronáutico, en la especialidad de aeropuertos. El Tribunal Supremo fue concluyente en esta sentencia al señalar que:

“Cabe considerar que la titulación analizada, que corresponde a los estudios de Ingeniería Técnica Aeronáutica, Especialidad Aeropuertos, según el Real Decreto 148/1969, de 13 de febrero, o a los de Ingeniero Técnico en Aeropuertos, que se establece en el artículo 1 del Real Decreto 436/1991, de 30 de agosto (RCL 1991, 2469), no habilita a estos profesionales, como sostiene la sentencia recurrida, para redactar informes cuyo objeto prevalente sea dictaminar el estado de conservación de un edificio destinado a uso residencial o habitacional por incardinarse directamente en la cláusula de elaboración de proyectos de ejecución de obras y construcciones, pero no porque en razón de los estudios realizados no tengan la formación adecuada, sino porque se trata de facultades ajenas que interfieren en el campo de las atribuciones que son propias de otros técnicos titulados, particularmente, de los Arquitectos y de los Arquitectos Técnicos, al vincularse a la edificación de inmuebles, actividad profesional que no guarda relación con la «construcción y mantenimiento de aeropuertos»”.

Esta sentencia del Tribunal Supremo es significativa, porque como luego veremos, se reafirma en las sentencias más recientes en una misma línea rigurosa y coherente, en el sentido de vincular los informes relativos al estado de conservación de edificios y construcciones, es decir, lo que son hoy los informes de evaluación de edificios, con la competencia para la elaboración de proyectos de tales edificios y construcciones, vinculando por tanto el concepto de la conservación o mantenimiento de edificios, con la propia proyección o edificación de los mismos.

Como a continuación veremos, la regulación de las inspecciones técnicas de edificios que se contenían en el Real Decreto Ley 8/2011 y en concreto, los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que regulaban esta materia y las disposiciones transitorias primera y segunda, fueron derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.

II.- Los Planes Estatales de Fomento de la rehabilitación y fomento del alquiler de viviendas. El RD 233/2013. La primera referencia a los informes de evaluación de edificios.

Siguiendo con el iter normativo, es ineludible referirse en esta materia a los planes estatales, que vinieron estableciendo ayudas públicas para adquisición, rehabilitación o alquiler de viviendas y que arrancan desde el Real Decreto 2455/1980 de 7 de noviembre, hasta el último plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, regulado por el RD 233/2013 de 5 de abril.

Precisamente, en este RD 233/2013, aparece ya en una norma estatal básica, la referencia a los informes de evaluación de edificios y en concreto, en el artículo 33, referido al objeto del programa, señalando que:

“(…) es el impulso a la implantación y generalización de un Informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión.

2. El informe contendrá, de manera detallada, los aspectos relacionados en el anexo II, en relación con el análisis del estado de conservación del edificio, la determinación de si el edificio es susceptible o no de incorporar ajustes razonables en materia de accesibilidad y la certificación de la eficiencia energética.

Cuando, en el municipio o en la Comunidad Autónoma en que se sitúa el edificio objeto de este informe, exista normativa que desarrolle un modelo propio de Inspección Técnica de Edificios, o instrumento análogo, que incluya todos los aspectos que forman parte del anexo II, se admitirá dicho modelo en sustitución de éste, siempre que esté suscrito por técnico competente, se haya cumplimentado y tramitado de acuerdo con lo establecido en la normativa que le sea de aplicación y esté actualizado de conformidad con la misma. En los casos en que la información que aporten sólo responda parcialmente al anexo II, se incorporará directamente y se cumplimentará el resto”.

A través de esta normativa estatal y básica, por primera vez se hace una referencia expresa y clara a los informes de evaluación de edificios, en los que en cuanto a su contenido, se refieren fundamentalmente a los aspectos de conservación y a las condiciones de accesibilidad, que eran los aspectos esenciales que se han contenido y se contienen en las Ordenanzas Municipales sobre las inspecciones técnicas de edificios, como ya tuvimos ocasión de señalar anteriormente.

Las novedades fundamentales son dos: de una parte, se introduce la certificación de la eficiencia energética como materia propia de los informes de evaluación de edificios, remitiéndose al procedimiento establecido por la normativa vigente, al que a continuación aludiremos.

Y, en segundo lugar, en el anexo II de este Real Decreto 233/2013, se contiene un modelo tipo de informe de evaluación de edificios. Este modelo se ha incorporado en alguna normativa autonómica, reguladora de los informes de evaluación de edificios, como por ejemplo en el Decreto 103/2016 de 24 de octubre, que regula el informe de evaluación de los edificios de la Comunidad de Madrid.

Este modelo tipo, comprende los datos generales del edificio (identificación del edificio; datos urbanísticos; datos de propiedad; del técnico competente que suscribe el informe; datos generales del edificio; archivos gráficos y documentación administrativa complementaria). Ha de contener una descripción de los sistemas constructivos a efectos estadísticos (cimentación, estructura, cerramientos verticales y cubiertas e instalaciones del edificio).

El modelo se estructura en tres partes: una primera parte, relativa al estado de conservación del edificio, que comprende un examen o comprobación de: cimentación, estructura, fachadas y medianerías, cubiertas y azoteas e instalaciones, con una valoración final del estado de conservación y una descripción de todas las deficiencias de conservación que se observen en todas las partes e instalaciones mencionadas. Una segunda parte, que se refiere a las condiciones básicas de accesibilidad, tanto en el exterior como entre las plantas del edificio y condiciones funcionales del mismo. Y, por último, una tercera parte sobre el certificado de eficiencia energética.

Ha de reseñarse que este Plan Estatal contenido en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, que abarcaba los años 2013-2016, finalizaba el 31 de diciembre de 2016, por lo que ha sido prorrogado por un año más, por el RD 637/2016 de 9 de diciembre, de tal manera que sigue vigente en todos sus contenidos.

En este RD 233/2013, no se contienen precisiones o determinaciones sobre la competencia profesional para emitir los informes de evaluación de edificios, únicamente se hace alusión a que “esté suscrito por técnico competente”.

III.- El RD 235/2013 sobre la Certificación de la eficiencia energética en los edificios: alcance de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016

Si como hemos visto ya dentro del contenido de los informes de evaluación de edificios, la certificación de eficiencia energética aparece como uno de sus contenidos, a los pocos días de publicarse el Real Decreto analizado en el apartado anterior, se publicó en el BOE de 13 de abril de 2013, el RD 235/2013 de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Esta norma, supone la trasposición -al menos parcial- de la Directiva 2010/31/UE, en lo relativo de la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Por lo que atañe al objeto de este informe, ha de reseñarse que se refiere a edificios de nueva construcción y a edificios existentes y que se excluyen de su ámbito de aplicación, entre otros, los edificios industriales, agrícolas, de la defensa, edificios destinados a actividades religiosas, de tal manera que esencialmente su ámbito de aplicación se va a concretar en edificios de uso residencial entre otros.

El artículo 1.3.p), alude al técnico competente para emitir las certificaciones de eficiencia energética de los edificios y dispone literalmente:

“(…) técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o haya acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta”.

El precepto se remite en primer lugar a las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para redactar proyectos o dirección de obras y dirección de obras de edificación “según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación”. Hay pues una remisión plena a la LOE y esta remisión plena a la LOE implica que hay que estar al sistema de distribución y asignación de competencias profesionales que establece dicha Ley. Por tanto, es la propia LOE la que en definitiva determina las propias competencias para emitir los certificados de eficiencia energética. Y no cabe la alteración del sistema de la LOE. O su interpretación al margen de lo que literalmente establece.

Y lo que establece es que esas titulaciones habilitantes para proyectar y dirigir obras de edificación, están en función de los usos del edificio (artículo 2, apartado 1) y las “respectivas especialidades y competencias específicas” (artículo 10.2.a, párrafos 3o y 4o; artículo 12.3.a, párrafos 3o y 4o; y artículo 13.2.a, párrafos 2o y 3o).

Por ello, la primera consideración esencial que deriva del citado artículo 1.3.p) del RD 235/2013, es que las certificaciones de eficiencia energética han de emitirse por quienes posean dichas titulaciones habilitantes, conforme al sistema de la LOE y los criterios expresados, y desde luego nunca al margen o sin tener en cuenta los usos de los edificios y las competencias y especialidades de cada profesión.

Los arquitectos -y en su ámbito de especialidad propio de ejecución de obras, los arquitectos técnicos-, son los que ostentan la facultad exclusiva para emitir certificaciones de eficiencia energética cuando los edificios se destinen a usos de carácter residencial, administrativo, sanitario, religioso, docente y cultural. En este ámbito, las Ingenierías -las distintas Ingenierías-, que no tienen facultades de dirección y proyección de obras, tampoco la tienen para emitir tales certificados de eficiencia energética.

Retomando lo que dice el artículo 1.3.p) del RD 235/2013, después de remitirse a la LOE, señala “o haya acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta”.

Este inciso que se añade al artículo 1.3.p) del RD 235/2013, planteaba objeciones de legalidad: en primer lugar, porque no estaba en ninguna de las redacciones anteriores del Real Decreto de Eficiencia energética, y se incorporó a última hora al texto definitivo, sin haber sido objeto de Dictamen por el Consejo de Estado. Y de otra parte, podría entenderse que vulnera el principio de reserva de Ley en sus dimensiones formal y material, ya que si la LOE establece esa reserva de actividad en el ámbito reseñado, no podría una disposición reglamentaria, como es una Orden Ministerial, vulnerar la propia LOE. Y además, el establecer competencias profesionales es materia constitucionalmente reservada a una norma jurídica con rango de Ley formal.

Estas fueron las razones, razones fundadas en el orden jurídico, que determinaron al CSCAE a interponer recurso únicamente contra dicho inciso que hemos destacado en negrita, del artículo 1.3.p) del RD 235/2013 la disposición adicional cuarta al que se remite el mismo.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CSCAE, lo fue única y exclusivamente contra esas dos concretas disposiciones del Decreto de Eficiencia energética. Y así lo expresa literalmente la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016, sentencia no 2765/2016, en el fundamento jurídico cuarto, párrafo primero, de la propia sentencia.

No se impugnaba el resto del Decreto. No se dirimía ningún pronunciamiento sobre las competencias profesionales para emitir las certificaciones de eficiencia energética ni desde luego el recurso se refería a los informes de evaluación de edificios.

La sentencia del TS mencionada, declara no haber lugar al recurso interpuesto, al considerar que esos preceptos impugnados del Decreto no vulneraban la legalidad. Este es el único pronunciamiento que contiene la sentencia del Tribunal Supremo a la que nos remitimos.

Sin embargo, la propia sentencia contiene alguna consideración de interés para el objeto de este informe. Así, señala:

“El artículo 1.3.p) afirma que el técnico competente para emitir el certificación de eficiencia energética es el técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, pues en principio y mientras no se justifique lo contrario no hay ninguna norma jurídica que establezca otro técnico competente para emitir este tipo de certificados. En cuanto a la acreditación dela cualificación, ultimo inciso del precepto cuestionado, no se ha dictado la orden que pudiera regularlo, por lo que, no se puede afirmar que se ha vulnerado un precepto legal. por lo tanto, tal como está redactado el Real Decreto no existe vulneración de ninguna norma legal, ya que al regular la figura del técnico competente se remite a la Ley de Ordenación de la Edificación”.

Así pues, el Tribunal Supremo en esta sentencia deja bien claro dos cuestiones esenciales: para la emisión de certificados de eficiencia energética las competencias profesionales vienen establecidas en al LOE, ya que el citado Decreto de Eficiencia energética “al regular la figura del técnico competente se remite a la Ley de Ordenación de la Edificación”. Y, en segundo lugar, que la previsión que se contiene de que una futura Orden Ministerial establezca otras cualificaciones profesionales en esta materia, al no haberse publicado, no se ha vulnerado ningún precepto legal. en esta cuestión, en el párrafo penúltimo de la sentencia (Fundamento Jurídico séptimo) se destaca que esta previsión “no es una remisión en blanco puesto que establece -así lo resalta alguna de las partes codemandadas- precisamente que en la misma “se determinarán las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia energética, así como los medios de acreditación” pero sin libertad absoluta, lógicamente, para los ministerios implicados, sino, obligatoriamente, teniendo en cuenta “la titulación, la formación, la exigencia y complejidad del proceso de certificación””.

Esto es lo que dice la sentencia con las consideraciones y fundamentos jurídicos más destacados que hemos trascrito literalmente.

No hay ningún pronunciamiento sobre las competencias profesionales ni desde luego de las Ingenierías, para suscribir las certificaciones de eficiencia energética, ni por supuesto nada sobre los informes de evaluación de edificios, que además no eran objeto del recurso.

Por ello, resulta sorprendente que determinadas Corporaciones Profesionales, y en concreto el Consejo General de los Colegios de Ingenieros Industriales y el Consejo General de Ingenieros Industriales, hayan publicado en sus páginas web y difundido que se ha otorgado a tales colectivos competencias para realizar tales informes e incluso se llega a decir, para emitir los informes de evaluación de edificios.

Esas consideraciones o afirmaciones no están en la sentencia, en ninguno de sus hechos o fundamento de derecho. No es una cuestión interpretativa. Sencillamente la sentencia no contiene tales apreciaciones.

El contenido de la propia sentencia que hemos analizado anteriormente, desmiente todo ello y la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios, plenamente vigente, y que luego será objeto de un análisis pormenorizado.

En definitiva, y en aras de la trasparencia, del respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica, debe resaltarse que el régimen de competencias profesionales para la emisión de las certificaciones de eficiencia energética y de los informes de evaluación de edificios, es el que establece el marco normativo vigente y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre esta materia, que se remite a la LOE en función de las titulaciones habilitantes para proyectar, asumir la dirección de las obras o dirección de ejecución de las obras de edificación en los términos que han quedado anteriormente expuestos.

La sentencia citada del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016, no ha modificado ni alterado en forma alguna dicho régimen competencial.

IV.- El marco normativo vigente: de la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, al Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Las competencias profesionales para emitir los informes de evaluación de edificios

La Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE de 27 de junio de 2013), supuso la incorporación a un texto normativo con rango de Ley formal, y con el carácter de norma básica, de la regulación de las actuaciones sobre rehabilitación de los edificios y la regeneración de los tejidos urbanos existentes.

La exposición de motivos o preámbulo de la Ley, explicitaba que el desarrollo económico se había volcado -y el sector inmobiliario en particular, en el impulso de la construcción de vivienda nueva y se señalaba que no existe un desarrollo en igual medida de las operaciones de rehabilitación, por lo que se hacía preciso “generar un marco normativo idóneo para dichas operaciones, que no sólo llenen las lagunas actualmente existentes, sino que remueva los obstáculos que las imposibilitan en la práctica y que propicie la generación de ingresos propios para hacer frente a las mismas”. Por tanto, de nuevo el legislador enmarca la rehabilitación de edificios, como una medida de impulso al mercado de la vivienda y de la edificación, en el contexto de la profunda crisis económica del sector.

Ha de señalarse en este punto, que desde el CSCAE y de los COAs se vino insistiendo ante los poderes públicos y en especial ante el Ministerio de Fomento, en la necesidad de este marco regulatorio y del impulso a la rehabilitación, teniendo en cuenta una perspectiva arquitectónica de la misma.

El Título I (artículos 4 al 6), regulan el informe de evaluación de edificios.

Los elementos fundamentales de esta regulación, se sintetizan en los siguientes:

  • El ámbito, se delimita para inmuebles ubicados con tipología residencial de vivienda colectiva. La disposición transitoria primera estableció un calendario para la realización de la evaluación de edificios, centrándose en los que tuviesen una antigüedad superior a 50 años, en el plazo máximo de 5 años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad.
  • El contenido del informe de evaluación de edificios, se establece de manera reglada, refiriéndose a tres aspectos: a) la evaluación del estado de conservación del edificio; b) la evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio; c) la certificación de la eficiencia energética del edificio con el contenido y procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente. Al aludir al “estado de conservación del edificio”, es evidente que se está refiriendo a la comprobación de todos los elementos e instalaciones del edificio en su seguridad y habitabilidad entre otros aspectos.
  • La Ley establece una conexión entre el informe de evaluación de los edificios y el informe de las inspecciones técnicas, al disponer que si existiese una ITE que hubiese evaluado los aspectos señalados en los apartados a) y b) del artículo 4.2 que hemos mencionado, se podría completar con la certificación de la eficiencia energética y surtirá los mismos efectos que el informe regulado por esta Ley.
  • En cuanto a la capacitación del informe de la evaluación de los edificios, el artículo 6, como ya hemos anticipado, reproduce e incorpora de manera literal el texto del artículo 1.3.p) del Decreto regulador de las certificaciones de eficiencia energética, RD 235/2013 de 5 de abril (antes analizado), al decir que se considerará:

“A tales efectos se considera técnico facultativo competente el que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o haya acreditado la cualificación necesaria para la realización del Informe, según lo establecido en la disposición final decimoctava”.

Efectuando una interpretación literal de la norma, que es el primer criterio al que hay que acudir, como prescribe el artículo 3.1 del Código Civil, cuando dispone que las normas “se interpretarán según el sentido propio de sus palabras”, es evidente que el precepto efectúa un reenvío formal y material pleno al régimen competencial que establece la LOE, en cuanto a las atribuciones profesionales para la redacción de proyectos o direcciones de obra y dirección de ejecución de obras de edificación.

Y decimos que es un reenvío pleno a la LOE, porque alude con la misma terminología a las titulaciones académicas y profesionales habilitantes, para realizar tales funciones, es decir, las que se contienen en los artículos 10, 12 y 13 de dicho texto normativo. Ello supone que al tratarse de “titulaciones habilitantes” son las que en cada caso y en función de los supuestos que establece dicha Ley, se determina tal competencia. Es decir, no hay una remisión genérica sin más a todo tipo de proyectos, sino el que es habilitante en cada supuesto concreto, que la LOE determina en función de los usos del edificio (artículo 2, apartado 1) y las “respectivas especialidades y competencias específicas” (artículo 10.2.a, párrafos 3o y 4o; artículo 12.3.a, párrafos 3o y 4o; y artículo 13.2.a, párrafos 2o y 3o).

Y esa literalidad del precepto es clara, cuando la remisión que hace a la LOE, no la hace a la capacidad para elaborar cualquier proyecto sin tener en cuenta la obra y el objeto de la edificación.

El precepto que estamos comentando del artículo 6 de la Ley 8/2013, después de aludir a las titulaciones académicas y habilitantes, emplea esta expresión “según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación”. Es pues concluyente, que el reenvío que efectúa dicho Decreto a la LOE, lo es a la propia regulación contenida en la misma y al régimen por tanto de atribuciones profesionales que se establece conforme a los criterios que hemos reseñado.

Siendo ello así, si la LOE establece una competencia exclusiva para arquitectos para proyectar y dirigir edificios destinados a usos administrativos, sanitarios, religiosos, residenciales en todas sus formas, docentes y culturales, conforme dispone el artículo 10.2.a) párrafo 2o, en relación con el artículo 2.1.a) de la misma LOE, la conclusión no puede ser otra que sólo los arquitectos -y los arquitectos técnicos en su ámbito de especialidad de ejecución de obras-, pueden emitir certificados de eficiencia energética de edificios, en relación con los edificios destinados a los usos señalados. Cada uno en su ámbito propio de actuación y por tanto los arquitectos técnicos en su ámbito propio y especialidad de ejecución de obras.

Y la segunda conclusión derivada es también evidente: las Ingenierías tienen su ámbito de actuación profesional en la especialidad propia de cada una de ellas, conforme a sus titulaciones respectivas, por lo que la competencia para emitir las certificaciones de eficiencia energética, están en relación con la especialidad de cada una de ellas y de los usos de los edificios. Ello es aplicación de la LOE y de lo dispuesto en el artículo 10.2.a), párrafos 3o y 4o, en relación con el artículo 2.1.b) y c). Ello les excluye de la habilitación legal para poder emitir certificaciones de eficiencia energética en el ámbito de los edificios destinados a los usos que hemos reseñado, que son competencia exclusiva de los arquitectos. Y eso es justamente lo que ha establecido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y que ha seguido la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, como luego veremos con más detalle, en cuanto a la doctrina sobre los informes de evaluación de edificios.

El marco normativo vigente, teniendo en cuenta que no se ha publicado la Orden ministerial que pudiera establecer otras cualificaciones profesionales, viene constituido por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre (BOE 31 de octubre de 2015), que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Este Texto Refundido, derogó todos los artículos relativos a los informes de evaluación de edificios que se contenían en la Ley 8/2013 de 28 de junio, que antes hemos visto, y al mismo tiempo incorporó en el Título III (artículos 29 y 30), de manera literal, los artículos 4 y 6 respectivamente, de la citada Ley 8/2013.

Por ello, las consideraciones que se han efectuado con respecto al artículo 6 de la Ley 8/2013, son aplicables plenamente a lo que dispone el artículo 30 del citado Texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana, por cuanto este precepto reproduce literalmente lo que decía aquel artículo de la Ley 8/2013.

En resumen: la competencias profesionales para emitir los informes de evaluación de edificios, vienen atribuidas a quienes estén en posesión de las titulaciones académicas y profesionales que habilitan para redactar proyectos, direcciones de obras y direcciones de ejecución de obras de edificación, conforme a la regulación que establece la LOE, es decir; es decir, teniendo en cuenta los usos de los edificios y las competencias y especialidades propias de cada profesión, en los términos que antes hemos detallado.

El fundamento lo ha dejado muy claro la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que a continuación vamos a analizar, por la directa vinculación entre lo que constituye el objeto de la evaluación de edificios o inspecciones técnicas, con la actividad de la construcción, con sus requisitos esenciales y con los conocimientos precisos para proyectar y dirigir las edificaciones. No hay diferencia -y desde luego no hay ninguna norma jurídica que la establezca-, entre la actividad de la edificación y la de conservación.

Por ello, sólo quiénes están capacitados para la proyección y dirección de obras de los edificios, según sus usos y en cada caso, pueden estar capacitados y tener la formación adecuada para emitir los informes de evaluación de edificios que requieren examinar la seguridad delas edificaciones, la habitabilidad, el estado de la construcción y sus instalaciones, requisitos todos ellos básicos de la edificación, y que el propio artículo 3 de la LOE, vincula al “proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones”.

Por último, señalaremos que el marco normativo estatal analizado, se completa con las distintas normas autonómicas que la mayoría de Comunidades Autónomas han ido publicando, regulando la inspección técnica de los edificios, especialmente después de la Ley 8/2013, siguiendo líneas generales los contenidos de la normativa básica estatal y remitiéndose en general a las competencias profesionales que establece la misma.

Así, cabe citar al respecto las siguientes normas autonómicas:

  • País Vasco: Decreto 241/2012 de 21 de noviembre, que regula la inspección técnica de edificios, modificado por el Decreto 80/2014 de 20 de mayo
  • Cantabria: Decreto 1/2014, de 9 de enero, que regula las condiciones y se crea el Registro de los Informes de Evaluación del Edificio
  • Castilla y León: Decreto 6/2016, de 3 de marzo, que modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (LCyL 2004\49) para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre (LCyL 2014\309), de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
  • Valencia: Decreto 76/2007 de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas de la Comunidad Valenciana.
  • Cataluña: Decreto 67/2015 de 8 de mayo, de Fomento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los edificios de viviendas mediante las inspecciones técnicas y el libro del edificio.
  • Castilla La Mancha: Decreto 11/2015 de 11 de marzo, que regula el informe de evaluación de los edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios y Ley 3/2016, de 5 de mayo de Medidas de Castilla-La Mancha 2016
  • La Rioja: Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y en la Ley de Vivienda de La Rioja.
  • Aragón: Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio
  • Madrid: Decreto 103/2016 de 24 de octubre, que Regula el informe de evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y crea el Registro Integrado Único de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid.
  • Murcia: Decreto 34/2015 de 13 de marzo, que Regula el informe de evaluación de los edificios y crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Región de Murcia.
  • Islas Baleares: Ley 2/2014, de 25 de marzo, del Suelo de las Illes Balears y Decreto núm. 17/2016 de 8 de abril, que Crea y regula el Registro de Informes de Evaluación de Edificios de las Islas Baleares.

V.- La Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia

Tal y como hemos anticipado con anterioridad, sobre la materia de la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios (o inspecciones técnicas de edificios que son equivalentes por su contenido), existe un cuerpo jurisprudencial consolidado y reiterado del Tribunal Supremo, que además ha sido seguido unánimemente por numerosas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece de manera categórica que la competencia profesional para emitir los informes de evaluación de edificios, es la que establece la LOE, por lo que han de poseerse los títulos académicos y profesionales habilitantes para proyectar edificios, la dirección de obras o la dirección de ejecución de las obras, teniendo en cuenta los usos a que se destine cada edificio y las competencias y especialidades de cada una de las profesiones.

Esta Jurisprudencia excluye a los ingenieros -en sus distintas ramas- de poder intervenir para emitir informes de evaluación de edificios que estén destinados a usos residenciales en cualquier forma, administrativos, sanitarios, religiosos, docentes y culturales, en los que la proyección y dirección de la obra corresponde en exclusiva a los arquitectos. Y la dirección de ejecución de la obra a los arquitectos técnicos.

Ha de resaltarse que este cuerpo jurisprudencial sigue plenamente vigente – como hemos insistido- y no solo no existe ninguna sentencia contradictoria con el mismo, sino que según se van dictando sentencias posteriores por los Tribunales Superiores de Justicia y desde luego después de los pronunciamientos del Tribunal Supremo, estas sentencias más recientes reafirman plenamente dicha doctrina jurisprudencial.

Analicemos la misma.

Es ineludible referirse a las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6520) y 25 de noviembre de 2015 (RJ 2015/5928), que desestimaron sendos recursos interpuestos, en el primer caso, por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y el Colegio de Peritos e Ingenieros Industriales de Segovia contra la Ordenanza Municipal sobre la Inspección Técnica de Edificios aprobada por el Ayuntamiento de Segovia. Y en la segunda, interpuesto el recurso por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, en los que se impugnaba la Ordenanza Municipales de la Inspección Técnica de Construcciones, aprobada por el Ayuntamiento de Soria.

El contenido de dichas Ordenanzas Municipales era prácticamente idéntico y la inspección técnica comprendía una evaluación del estado de conservación de los edificios, analizando seguridad, salubridad, habitabilidad, adecuación de uso y ornato público. Y se establecía que la condición de técnicos competentes sería conforme a la LOE aquellos que lo sean para proyectar y dirigir obras de construcción, atendiendo a las características de uso y tipología.

Es decir, una remisión a la LOE en los prácticamente mismos términos que se contiene en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y antes, en el artículo 6 de la Ley 8/2013 de 26 de junio.

Las Corporaciones Profesionales citadas, en los recursos interpuestos, pretendían negar la existencia de reserva de ley y que entre sus atribuciones se encontraban con carácter general, realizar informes sobre ITEs y sobre IEEs; y además alegaban que una cosa es la competencia para proyectar y dirigir edificios y otra, analizar la conservación de los mismos.

El Tribunal Supremo, rechazad de manera categórica y concluyente tales alegaciones en dichas sentencias.

En la primera de las sentencias citadas, de 9 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6520), que ratifica plenamente la sentencia posterior del mismo Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 (RJ 2015/5928), se contiene una doctrina que se asienta en unos fundamentos jurídicos y principios muy claros que a continuación vamos a analizar.

Concretaremos la doctrina del Tribunal Supremo, en los siguientes principios o consideraciones esenciales:

1. Coincidencia sustancial entre el contenido de las inspecciones técnicas de edificios o evaluación de edificios, con los requisitos básicos de edificación que establece la LOE.

En este sentido, señala el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2014, que reproduce la sentencia de 25 de noviembre de 2015:

“Citadas estas condiciones a las que se extiende el examen de la Inspección Técnica, que aunque más detalladas y en algún aspecto no previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación (RCL 1999, 2799), como es el caso de las referentes al ornato público, sin embargo no dejan de coincidir sustancialmente con los llamados “requisitos básicos de la edificación” regulados en el artículo tercero de la Ley citada , para garantizar el cumplimiento de la misma llama a que intervengan en las obras de edificación a quienes “estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda” (arts. 10.2.a y 12.3.a de la Ley), conteniendo asimismo la previsión de que “podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que le complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el director de éste” (art. 10.1) y que “podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos bajo la coordinación del director de obras (art. 12.2), si bien la propia Ley hace a continuación una distribución de competencias entre aquellas profesionales según los diversos objetos de la construcción a edificar que clasifica en el artículo segundo”.

Es decir, en esta primera consideración el Tribunal Supremo resalta algo esencial, como es la coincidencia sustancial entre los contenidos de las inspecciones técnicas de edificios o evaluaciones de edificios y los requisitos básicos de la edificación, que se contienen en el artículo 3 de la propia LOE, que además establece que estos requisitos deben satisfacerse y establecerse “en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones”. Coincidencia pues plena entre el objeto de las inspecciones técnicas y evaluaciones de edificios y los propios requisitos básicos de la LOE.

Por ello, el Tribunal Supremo señala que para “garantizar el cumplimiento de la misma”, es decir, el propio cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación que establece la LOE, llama que intervengan quienes estén en posesión de las titulaciones habilitantes, precisando “si bien la propia Ley hace a continuación una distribución de competencias entre aquellos profesionales según los diversos objetos de la construcción a edificar, que clasifican el artículo segundo”.

2. No hay razones y desde luego no hay ninguna norma jurídica que lo establezca, para diferenciar entre la actividad de edificación y la de conservación

Sobre esta cuestión, que se viene insistiendo desde determinados colectivos profesionales, en cuanto que no pueden aplicarse las normas de la LOE que establecen la capacidad para proyectar y dirigir edificios a las actividades de inspección o de comprobación en cuanto a la conservación de los mismos, el pronunciamiento del Tribunal Supremo es muy claro, cuando afirma en dichas sentencias:

“A partir de este dato, la racionalidad del argumento ofrecido por la sentencia recurrida, en el sentido de la evidente relación entre la capacidad para intervenir en la edificación y la de calificar el estado general de su conservación, sería la justificación de la norma de la Ordenanza impugnada, por lo que resulta de lógica jurídica que solamente un precepto con el preciso rango legal que diese beligerancia a las razones de diferencia técnica entre la actividad de edificación y la de conservación que aducen los actores para mantener su pretensión podría abatir el fallo recurrido”.

3. Las atribuciones profesionales de los ingenieros se delimitan por la especialidad respectiva de cada una de sus ramas y están en correspondencia con la técnica propia de cada titulación.

En estas sentencias -que estamos analizando con detalle- el Tribunal Supremo reafirma el principio de especialidad, que es determinante en orden a delimitar las atribuciones profesionales de las distintas Ingenierías. Y por ello, deja muy claro que el que las Ingenierías -y entre otras las Ingenierías Industriales e Ingenierías Técnicas Industriales- no estén facultades para emitir informes de evaluación de edificios en los edificios de uso residencial y destinados a los otros usos que son competencia exclusiva de arquitectos, no limita sus competencias propias, sino que asume “la lógica eficacia de la LOE a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los arquitectos y los ingenieros en la inspección técnica”.

Reproducimos literalmente estas consideraciones del Tribunal Supremo, que se contienen en el Fundamento Jurídico tercero de la sentencia de 9 de diciembre de 2014:

“(…) Ahora bien, estas atribuciones de los Ingenieros se hacen condicionados a que correspondan “por su naturaleza y características a la técnica propia de cada titulación” (Ley 12/86) o que se trate de “instalaciones o explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica industrial Química, Mecánica y Eléctrica y de Economía Industrial” (Decreto de 1935), de modo que las mismas normas atributivas de competencias profesionales matizan las mismas en función de los saberes propios de cada titulación, siendo de notar que los demandantes no solo invocan para afirmar su posición las capacidades de dictamen e informe, sino también las de “proyectar” para así justificar la capacidad de intervención de los Ingenieros en la Inspección Técnica, razonamiento que en definitiva viene a avalar la posición de la Ordenanza, al vincular la intervención en la construcción con la competencia para hacerlo en la Inspección Técnica, a la vista de que la Ley de Ordenación de la Edificación refiere la capacidad para intervenir en ésta a la titulación que “corresponda”.

Consideramos, por tanto, que la Ordenanza no limita las competencias propias de los Ingenieros ni contradice las capacidades genéricas y específicas de proyectar e informar que sus particulares regulaciones les atribuyen sino que simplemente asume la lógica eficacia de la Ley de Ordenación de la Edificación a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los Arquitectos y los Ingenieros en la Inspección Técnica, cuya íntima relación con la actividad de la construcción, en cuanto implica un examen e informe sobre su estado, resulta innegable”.

4. En consecuencia, la competencia profesional para intervenir en las inspecciones técnicas de edificaciones y en los informes de evaluación de edificios, está en relación con la formación y conocimiento para proyectar y dirigir el edificio del que se trate en cada caso.

Así lo dice de manera nítida el Tribunal Supremo en estas sentencias, cuando afirma:

“Siendo sustancialmente correcto lo que nos dice la parte, sin embargo, ello no devalúa la argumentación que con anterioridad hemos desarrollado sobre la evidente e íntima relación entre los conocimientos precisos para proyectar y dirigir la construcción de edificio o algunos de los elementos integrados en los mismos y los adecuados para informar sobre su estado de conservación lo que justifica – repetimos- la racionalidad jurídica de la norma puesta en entredicho”.

La doctrina jurisprudencial de todos los Tribunales Superiores de Justicia que se han pronunciado sobre esta cuestión, es plenamente unánime y categórica, en la misma línea que la doctrina del Tribunal Supremo, que aplica plenamente. Es pues un cuerpo jurisprudencial consolidado.

Cabe citar al respecto:
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2a), Sentencia núm. 128/2016 de 25 febrero de 2016 (RJCA 2016\272). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de ingenieros Técnicos Industriales de La Coruña, contra resolución del área de Medioambiente del Ayuntamiento de La Coruña, que exigió que el informe de inspección técnica de edificio, fuese elaborado por técnico competente (arquitecto o arquitecto técnico). Esta sentencia tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de Ley 8/2013 de 28 de junio y su remisión a la LOE.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 62/2016 de 18 enero de 2016 (JUR 2016\52640). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, contra Decreto del Ayuntamiento de Ciudad Real, que denegó la competencia a un ingeniero industrial para suscribir un informe de inspección técnica de un edificio residencial. Señala que: “sin mayores esfuerzos interpretativos, ha de concluirse que los ingenieros industriales no pueden ser considerados, de lege data, facultativos competentes para suscribir el informe de evaluación de edificios, tratándose de construcciones cuyo uso principal sea el residencial -caso de autos-”.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 25/2016 de 4 enero de 2016 (JUR 2016\44580). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, contra resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real que denegó a un ingeniero de caminos, canales y puertos, la competencia para realizar un informe de inspección técnica de un edificio residencial. Recoge la doctrina del Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de noviembre de 2015 y destaca que la Ley 8/2013, en su artículo 6, ratifica “reforzándolos” la corrección de los razonamientos de la sentencia del Tribunal Supremo.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 463/2015 de 30 junio de 2015 (JUR 2015\176450). Desestima el recurso de Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, interpuesto contra la normativa autonómica relativa a la cualificación para ejercer la actividad de agente rehabilitador, vinculada a la rehabilitación de edificios. Destaca que la Ley 8/2013 “remite a su vez a la determinación que hace la LOE”. Es decir, remite a la distribución de competencias establecidas en la LOE. por ello, concluye que cuando se trate de edificios de tipología residencial “la cualificación profesional será la de arquitecto en todo caso, o la de arquitecto técnico en la dirección de la ejecución”.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 386/2015 de 22 junio de 2015 (JUR 2015\185138). Desestima el recurso del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y de La Rioja, contra resolución del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que mantuvo la competencia de arquitecto superior o arquitecto técnico para la redacción y certificación de la inspección técnica de edificios. Señala que “siendo razonable entender que quien es competente para proyectar y dirigir el edificio, deba serlo también para inspeccionar el grado de conservación del mismo y el debido cumplimiento por el propietario del deber que le incumbe conforme a lo dispuesto, esta vez sí, en la Ley de Ordenación de la Edificación”.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3a), sentencia núm. 410/2015 de 10 junio de 2015 (JUR 2015\282615). Desestima el recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contra Decreto de la Generalitat de Cataluña sobre la inspección técnica de edificios. Señala la sentencia la preminencia que corresponde a los arquitectos, arquitectos técnicos y/o aparejadores, precisamente por la especialidad técnica que ostentan en la elaboración de proyectos constructivos generales o en la dirección y ejecución de las obras, más aún cuando las mismas vienen referidas a un edificio destinado al uso residencial o de vivienda.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3a), sentencia núm. 29/2015 de 22 enero de 2015 (JUR 2015\118941). Desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña, contra el Decreto sobre la inspección técnica de edificios de viviendas. Sigue la doctrina del Tribunal Supremo, establecida en la sentencia de 9 de diciembre de 2014.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia La Rioja (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1a), sentencia núm. 37/2015 de 29 enero de 2015 (JUR 2015\48003). Desestima el Colegio de Ingenieros Industriales de La Rioja contra la ordenanza del Ayuntamiento de Logroño, reguladora de la inspección técnica de edificios. Sigue la doctrina del Tribunal Supremo establecida en la sentencia de 9 de diciembre de 2014.
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de enero de 2014 (recurso 4458/2013, JUR 2014\39046), referida a la competencia para efectuar las ITES, que desestima un recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos y que, entre otros aspectos, señala:
“(…) tampoco es contrario a derecho que se elija para examinar e informar sobre el estado de conservación de un edificio a quien tiene, por atribuírsela una norma con rango de ley, la competencia exclusiva para dirigir su edificación, pues no puede decirse que en esta concreta materia rija el principio de libertad con idoneidad frente al de exclusividad; y es que la STS de 19-1-2012 que cita la apelada, pese a decir en su séptimo fundamento de derecho, con cita de numerosas sentencias, que la Sala rechazó el monopolio competencial a favor de una profesión técnica superior predeterminada, y que se impone la conclusión de primar el principio de idoneidad al de exclusividad, sin embargo declara que el criterio jurisprudencial claramente aplicable “resulta de considerar que cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico, como sucede en el caso de construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece indubitada y reconocida al Arquitecto y, en su caso, al Arquitecto técnico”. Ante ello no cabe invocar la capacidad o idoneidad de los ingenieros de caminos para la redacción de informe de la ITE”.

VI.- Conclusiones

1. En el marco de las primeras regulaciones estatales de rehabilitación de edificios, se publicó el Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio, que se refiere a las inspecciones técnicas de edificios. No establecía determinación sobre las competencias profesionales. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en sentencia de 13 de junio de 2006, vinculando la capacidad para redactar informes sobre el estado o conservación de los edificios, con la competencia para elaborar los proyectos y ejecuciones de obras.

2. El RD 233/2013, de Fomento del alquiler de viviendas y rehabilitación urbana, que aprobó el Plan Estatal 2013-2016 (está hoy vigente al haber sido prorrogado por un año más por el RD 637/2016, de 9 de diciembre), estableció en una norma estatal y básica una referencia expresa a los informes de evaluación de edificios, incorporando además de la comprobación de la conservación y accesibilidad, el que contenga certificado de eficiencia energética. El anexo II del Decreto, contiene un modelo tipo de informe, que se aplica en muchos casos y que ha sido incorporado a las normativas autonómicas. Tampoco se refirió dicho Decreto a la competencia profesional para emitir informes de evaluación de edificios.

3. El RD 235/2013, que aprobó el procedimiento para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, sí estableció de manera expresa los técnicos competentes para emitir dichas certificaciones. Establece una remisión plena a lo dispuesto en la LOE, por tanto una remisión a las titulaciones habilitantes para proyectar y dirigir obras de edificación en función de los usos del edificio (artículo 2, apartado 1 de la LOE) y a las respectivas especialidades y competencias específicas de cada profesión (artículo 10.2.a, párrafos 3o y 4o; artículo 12.3.a, párrafos 3o y 4o; y artículo 13.2.a, párrafos 2o y 3o).

4. El mismo Decreto sobre la certificación de la eficiencia energética en los edificios, contenía un inciso final en el artículo 1.3.p), que dejaba abierta la posibilidad a que una Orden Ministerial futura, determinase “la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética”. Este inciso de dicho precepto y la disposición adicional cuarta a la que se remitía, fueron objeto del recurso interpuesto por el CSCAE ante el Tribunal Supremo. Este, en sentencia de 22 de diciembre de 2016, desestima dicho recurso, declarando que tales preceptos no vulneran la legalidad. Es el pronunciamiento de dicha sentencia. El Tribunal Supremo señala que el Decreto de eficiencia energética “al regular la figura del técnico competente, se remite a la Ley de Ordenación de la Edificación” y que la previsión de una futura Orden ministerial para establecer las cualificaciones en esta materia “al no haberse publicado, no se ha vulnerado ningún precepto legal en esta cuestión”. La sentencia no ha modificado ni alterado las competencias para emitir los certificados de eficiencia energética y los informes de evaluación de edificios. Sobre esta última materia sigue vigente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece un cuerpo de doctrina reiterado y consolidado al respecto.

5. El marco normativo vigente sobre los informes de evaluación de edificios, se contiene en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana. Los artículos 29 y 30 del Texto Refundido reproducen literalmente los artículos 4 y 6 de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Estos preceptos legales determinan que los técnicos competentes para emitir los informes de evaluación de edificios, han de ser los que estén “en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o haya acreditado la cualificación necesaria para la realización del Informe, según lo establecido en la disposición final decimoctava”. Una remisión clara a la LOE y por tanto al sistema competencial que establece la misma en los términos antes precisados.

6. Existe un cuerpo jurisprudencial consolidado y reiterado del Tribunal Supremo (sentencias, ente otras, de 13 de junio de 2006 -RJ 4659-; 9 de diciembre de 2014 -RJ 6520- y 25 de noviembre de 2015 -RJ 5928-), que además ha sido seguido unánimemente por numerosas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece de manera categórica que la competencia profesional para emitir los informes de evaluación de edificios, es la que establece la LOE, por lo que han de poseerse los títulos académicos y profesionales habilitantes para proyectar edificios, la dirección de obras o la dirección de ejecución de las obras, teniendo en cuenta los usos a que se destine cada edificio y las competencias y especialidades de cada una de las profesiones.

Esta Jurisprudencia excluye a los ingenieros -en sus distintas ramas- de poder intervenir para emitir informes de evaluación de edificios que estén destinados a usos residenciales en cualquier forma, administrativos, sanitarios, religiosos, docentes y culturales, en los que la proyección y dirección de la obra corresponde en exclusiva a los arquitectos. Y la dirección de ejecución de la obra a los arquitectos técnicos.

Madrid, 27 de enero de 2017
Asesoría Jurídica CSCAE

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20/01/17 Nota aclaratoria del CSCAE a la reciente sentencia sobre competencias en materia de Certificación Energética

30.01.2017

Informe del estado de la profesión en Europa 2016

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos

Informe ‘Estado de la profesión de Arquitecto en Europa 2016’. Estudio Sectorial del Consejo de Arquitectos de Europa

Informe

Introducción

El Estudio Sectorial de la Profesión de Arquitecto en Europa 2016 ha sido realizado por el Consejo de Arquitectos de Europa en base a 27.000 encuestas a arquitectos de 27 países europeos. Este trabajo es la continuidad de anteriores estudios realizados desde 2008 por el CAE sobre esta cuestión y, por tanto, permite conocer la evolución del estado de la profesión de arquitecto en Europa.

El estudio completo se puede descargar en inglés y francés en el siguiente enlace.

1. Panorama general en Europa

La Arquitectura: un sector en continuo crecimiento

En este estudio del año 2016 destaca nuevamente que la arquitectura es un sector en crecimiento en Europa. Se estima que actualmente hay en Europa unos 600.000 arquitectos, un 4% más que en el año 2014. Este número ha ido creciendo en los últimos años como indican los anteriores estudios. En los países mediterráneos, un importante número de jóvenes se han sumado a la profesión. Por otro lado, el crecimiento ha sido especialmente intenso en Turquía y Reino Unido.

Desde el inicio de la crisis en 2008, en 2016 se puede apreciar una mejora. El sector de la construcción está creciendo en toda Europa y el volumen de negocio del mercado de la arquitectura se ha incrementado desde 2012. Todavía hay un largo camino hacia la recuperación de los niveles anteriores a 2008 y en muchos países los ingresos y ganancias siguen siendo moderados. Sin embargo, para los arquitectos europeos hay varios indicadores que señalan que el sector se mueve en la buena dirección.

Ingresos algo más elevados respecto a años anteriores Los ingresos medios son más altos en la mayoría de los despachos y estudios. De hecho, para los estudios de entre 2 y 30 empleados, los ingresos medios son los más altos registrados en cualquiera de las encuestas de estudio del sector ACE. Se calcula que los ingresos totales de la profesión en toda Europa se han incrementado un 12% con respecto a 2014. Actualmente, esta cifra es la más alta desde 2008, y suponen 17.000 millones de euros. Los ingresos medios en general se han incrementado un 10%, siendo esto la primera vez que sucede desde 2008.

Descenso del número de arquitectos en el ejercicio libre de la profesión En los últimos años se ha producido un gran descenso del número de arquitectos que ejercen de forma independiente, en favor de un incremento en el trabajo en empresas y firmas. El porcentaje de arquitectos que ejercen de manera individual se ha reducido hasta un 50% respecto a los valores de 2008 y 2010. Del mismo modo, el número de arquitectos autónomos es el más bajo desde 2010. Estas tendencias sugieren que los arquitectos están volviendo a un empleo por cuenta ajena en el ejercicio, en lugar del libre ejercicio.

En los números totales sobre el ejercicio que cada vez hay más arquitectos trabajando en grandes empresas y menos trabajando de forma individual o con otro arquitecto. Esto puede ser otro indicador de la recuperación económica del sector. La reducción del número de arquitectos autónomos ha incrementado sus ingresos medios, de manera que ganan un 23% más que respecto a años anteriores.

Incremento de trabajos relacionados con el diseño de edificios y mayor dedicación al ejercicio profesional Hay evidencias de que los arquitectos están regresando a su trabajo profesional más tradicional, el diseño de edificios, que supone el porcentaje más alto de actividad desde 2010. La dedicación horaria promedio de este año es la más alta registrada en cualquiera de los años en que se ha realizado esta encuesta. El promedio para los para los autónomos es un 9% más alta, mientras que para los arquitectos en su conjunto el incremento medio es del 8%.

Mayores expectativas de trabajo y confianza en el futuro En general, los arquitectos miran al futuro de manera positiva, a pesar de que los indicadores económicos señalan tardará la recuperación a los niveles anteriores a 2008, los arquitectos tienen confianza en su futuro inmediato. Desde 2008, en la mayoría de países los arquitectos tienen expectativas de que tendrán más trabajo en el próximo año. Sólo dos países tienen una visión pesimista: Italia y Reino Unido. También hay evidencia de que los arquitectos están invirtiendo en su futuro profesional, el gasto y las horas en formación profesional continua es mayor que en 2014.

Algunos datos:

– En Europa hay unos 600.000 arquitectos. – El 36% tienen menos de 40 años. – El 38% son mujeres. – El 77% trabajan a tiempo completo. – El mercado de la arquitectura supone en Europa 17 billones de euros anuales – El 77% esperan que en 2017 aumente o se mantenga el nivel de trabajo – Los ingresos medios se sitúan en 32.068 euros

2. La situación en España respecto a Europa

España es el tercer país en Europa en número de arquitectos (50.000) por detrás de Italia (157.000) y Alemania (109.000). La tasa de arquitectos por habitante en España (1,2) se sitúa en un valor medio (1-1,4). Los países con mayor número de arquitectos por habitante son Italia (2,6) y Portugal (2,4).

El porcentaje medio de mujeres en la profesión es del 38%. En el caso de España, el porcentaje es del 28%.

El ejercicio libre de la profesión en forma de autónomo es el modelo más extendido en Europa, con un 26% respecto al total. En España este porcentaje es del 41%.

El mayor porcentaje de arquitectos que trabajan por cuenta ajena se sitúa en Reino Unido (34%) y Turquía (47%). En España el porcentaje está alrededor del 10%. Cerca del 7% de los arquitectos europeos trabajan para la administración pública. En España este porcentaje es similar.

En España, el 26% de los arquitectos llevan ejerciendo la profesión entre 10 y 14 años. La media europea para ese tramo se sitúa en el 10%. Aproximadamente el 25% de los arquitectos en Europa tienen una experiencia de más de 25 años. La mitad se titularon hace menos de 15 años.

La mitad de los arquitectos europeos tienen menos de 45 años. España es uno de los países con mayor proporción de arquitectos jóvenes. El 50% de los arquitectos españoles tiene menos de 40 años.

España ocupa el cuarto lugar en volumen de construcción en Europa (incluyendo obras de ingeniería e infraestructuras) con un volumen de 131.177 millones de euros. Por delante se encuentran Reino Unido, Francia y Alemania.

El volumen total del mercado de la arquitectura en Europa en 2016 se estima en 15,6 billones de euros e incluye el valor total de negocio generado por la profesión. España ocupa el puesto 10 con un volumen de 461.124 millones de euros en 2016, lo que supone un crecimiento del 30% respecto a los años anteriores.

El trabajo de los arquitectos en Europa se está dirigiendo hacia la rehabilitación de edificios y representa el 59% del volumen de trabajo. En el caso de España este porcentaje es del 65%, y es superior al de países del entorno como Reino Unido (61%), Francia (55%), Alemania (54%) y Portugal (62%).

El mayor porcentaje de trabajo se centra en el sector residencial, con un 65% respecto al total. En España este porcentaje es del 60%. El uso comercial supone en nuestro país el 12% de la actividad arquitectónica.

El tipo de cliente más habitual en Europa es individual privado que representa el 50%, seguido sociedades limitadas con el 27%, el 17% administraciones públicas de diferente nivel y el 13% de los clientes son promotores. En el caso de España, el 64% de los clientes son individuales y privados, el 12% sociedades limitadas, el 7% promotores y el 12% administraciones públicas.

El diseño de edificios supone el mayor porcentaje de los servicios realizados por los arquitectos en Europa (un 62% respecto al total), seguido del diseño de interiores (11%). En España, el diseño de edificios representa el 59% de los trabajos realizados, seguido con un 13% otro tipo de servicios y el 9% la realización de certificaciones.

La mayoría de los arquitectos en Europa ejercen de manera individual o en colaboración, con un modelo de ejercicio libre de la profesión que representa el 62%, y en el caso de España el 41%. El 36% ejerce a través de sociedades limitadas profesionales, que suponen un 36% en Europa y un 59% en España. Con estos datos se percibe la tendencia de que los arquitectos están abandonando el ejercicio como autónomos para constituirse en sociedades profesionales. Con respecto a 2014, se ha reducido significativamente el número de arquitectos autónomos en Francia, Italia, Irlanda, España y Turquía.

En general, los ingresos por el ejercicio profesional han aumentado, aunque de diferente manera en función del tamaño de la oficina y de los arquitectos implicados en el trabajo. La forma de determinación de honorarios mayoritaria es la consideración de un porcentaje del presupuesto de ejecución. En Europa este sistema supone un 45% y en España el 56%. El cálculo por hora trabajada representa en Europa el 14%, y es mayoritario en países como Dinamarca y Suecia. En España representa apenas el 6%.

La tarifa media por hora de trabajo de arquitecto director en Europa es de 70 euros, para arquitecto colaborador es de 57 euros y para el resto de colaboradores técnicos es de 45 euros. En España, estas tarifas son de 33 euros para el arquitecto director, 28 euros para arquitectos colaboradores y 22 colaboradores técnicos. Estas cifras están lejos de países como Alemania (75 euros por hora de arquitecto director), Francia (76 euros) y Reino Unido (73 euros). En otros países próximos, el coste por hora es también más alto como Italia (40 euros) y Portugal (37 euros).

Los ingresos por trabajos realizados fuera del país de origen son muy dispares. En el caso de España sólo el 1,3% de los ingresos provienen de trabajos realizados en países europeos y el 2,1% en otros países. Estos datos contrastan con países como Portugal, en el que el trabajo de los arquitectos fuera de su país supone el 18,6% de los ingresos, Dinamarca con un 15% o Reino Unido con un 11,3%. Otros países en una circunstancia similar a la de España son Italia (4,3%), Alemania (1,8%) o Francia (5,1%).

En tipo de concurso de arquitectura más habitual en el conjunto de Europa en los últimos 12 meses es el concurso abierto (36%) y concurso con procedimiento previo de selección (28%). En España estos porcentajes son de 40% para concurso abierto y 17% para concurso con selección previa. Los concursos por invitación representan el 24% en Europa y el 29% en España.

Los ingresos anuales medios de los arquitectos en Europa son de 32.068 euros, un 10% más elevados que en 2014. En España el ingreso anual medio es de 24.390 euros, similar al de Italia (24.777€) pero por debajo de Reino Unido (38.871€) o Francia (27.986€). España ocupa el lugar 13o respecto a la Europa de los 27.

Los análisis a largo plazo de los ingresos por género muestran que persisten importantes diferencias entre hombres y mujeres. Este estudio señala que los hombres que trabajan a tiempo completo ganan un 48% más que las mujeres en esa situación. Los ingresos de los hombres han aumentado más rápidamente que los de las mujeres, por lo que la diferencia entre ambos géneros ha aumentado en los últimos años.

El 5% de los arquitectos encuestados han trabajado en otro país europeo en los últimos 12 meses. En el caso de España, el porcentaje es del 4%. Destacan países como Luxemburgo con 37% de arquitectos que han trabajado fuera o Eslovenia, Holanda o Austria con porcentajes próximos al 15%. No obstante, en el caso de España, más de un 40% ha considerado seriamente trabajar en otro país europeo, aunque señalan la imposibilidad de encontrar trabajo (38%), el idioma (47%) o insuficiente conocimiento de la normativa (48%) como las principales barreras para no dar el paso.

La edad más esperada para la jubilación en España se sitúa entre los 65-69 años tanto en España como Europa. El 39% de los arquitectos encuestados en España señalan que esperan continuar con su ejercicio hasta su jubilación y un 20% no están seguros.

La media de horas trabajadas a la semana en el ejercicio libre e individual en Europa es de 47,2. En España el número de horas trabajadas para este perfil es de 47 horas, algo mayor a la media de países del entorno (Italia, Portugal) pero similar a Francia o Alemania.

En cuanto a la formación profesional continua, el número de horas media dedicada a esta actividad en Europa es de 24, con un gasto anual medio de 300 euros. En España, los arquitectos dedican unas 18 horas a la formación con un gasto anual de 450 euros. Estas cifras están por debajo de países como Reino Unido (35 horas), Alemania (30 horas) o Italia (25 horas).

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