Declaración del CSCAE sobre la necesidad de adoptar un sistema de información de costes que permita garantizar la calidad de los servicios profesionales de arquitectura.
Fuente original de la información: web del CSCAE
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
El Derecho de la competencia, tanto de ámbito comunitario como estatal, prohíbe decisiones y acuerdos sobre honorarios de los Colegios (no de otros) por sus efectos contrarios a la competencia. Esto es así en nuestro ordenamiento jurídico, que desde 2009 prohíbe cualquier decisión o incitación a la coordinación de los honorarios profesionales por parte de las asociaciones profesionales. Siempre ha sido una constante de este Consejo Superior el respeto a la legalidad derivada del ordenamiento comunitario y nacional. Esta es una conducta verificable a lo largo del tiempo y que siempre guiará nuestras decisiones con la firme voluntad de mejora.
En el ámbito europeo, por razones de interés general y de defensa de los derechos de clientes y usuarios, las instituciones comunitarias, fundamentalmente el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y los Gobiernos nacionales, han regulado excepciones a esa regla general de prohibición de cualquier referencia informativa sobre costes de los servicios profesionales.
La garantía de calidad de todos los profesionales con título de arquitecto es un bien público, no solo para los propios arquitectos, sino para todos los agentes económicos.
En el sector de servicios de Arquitectura hay regulaciones europeas que, respetando siempre la normativa de competencia, intentan al mismo tiempo asegurar la calidad del trabajo profesional, mantener un nivel digno de remuneración, proteger el derecho de información de los consumidores y facilitar el cálculo del precio de licitación en las adjudicaciones públicas como instrumento indispensable para una buena gestión del presupuesto público y de lucha contra la corrupción.
Siempre se ha mantenido en Alemania que la competencia basada exclusivamente en el precio tiene como efecto inmediato el menoscabo de la calidad del proyecto arquitectónico. Además, la Administración alemana siempre ha mantenido que la utilización de las HOAI en la contratación pública es, entre otras cosas, un instrumento indispensable para el ahorro público y la lucha contra la corrupción.
HOAI. Reglamento sobre honorarios de arquitectos e ingenieros (en alemán)
Traducción de las tarifas de honorarios en Alemania
2.- En segundo lugar, en algunos países europeos la supresión de tarifas y baremos de honorarios orientativos se produjo de forma brusca, pasando de la regulación al vacío total y a la oscuridad absoluta sobre precios en el mercado de servicios profesionales de Arquitectura. Tanto las autoridades nacionales de competencia como los tribunales han autorizado diferentes versiones de sistemas de información sobre costes (Cost Information Systems) que ayudan al arquitecto a conocer el coste real del trabajo y poder calcular así sus honorarios y, al mismo tiempo, ayudan a los clientes a conocer el contenido del trabajo ofrecido. Se trata de las herramientas de cálculo de prestaciones por tiempos.
Un ejemplo bien conocido es el sistema de información sobre costes aprobado por el Colegio de Arquitectos de Bélgica tras la prohibición de sus baremos orientativos por decisión de la Comisión UE. El sistema se basa en el cálculo de costes directos e indirectos por módulos de trabajo y horas empleadas, dejando al arquitecto la libertad absoluta para fijar el valor de su hora de trabajo.
Beneficios estimados de los trabajos de arquitecto (en francés)
3.- En tercer lugar, en algunos países europeos el Gobierno ha estimado que es absolutamente conveniente que las Administraciones dispongan de una herramienta de cálculo del tipo de licitación en la contratación pública. En efecto, los órganos de adjudicación deben calcular el precio de licitación con criterios objetivos y realistas si se quiere obtener una propuesta técnica de calidad y si se quiere evitar el sobre-coste derivado de las modificaciones al alza del precio de licitación que, por otra parte, son caldo de cultivo de la corrupción. En Francia, siguiendo esta línea de ajuste económico del sector público, el Gobierno ha aprobado un simulador para el cálculo de costes de licitación. Este ha sido el resultado de los trabajos de la “misión interministerial para las obras públicas” del Estado francés, que ofrece a la Administración una herramienta informática para facilitar la definición de los tipos de licitación.
Simulador de honorarios de dirección de obra nueva (en francés)
Conociendo estos diferentes instrumentos de regulación y ante el vacío total y la desregulación extrema sin instrumentos de recambio que se ha producido en España, el CSCAE ha actuado activamente proponiendo soluciones inspiradas al mismo tiempo en los tres objetivos bien determinados en los países de nuestro entorno a los que hemos hecho referencia más arriba. El objetivo común debe ser el de alcanzar un mercado perfectamente competitivo que a la vez se acerque a la realidad europea, huyendo de un mercado completamente a oscuras, prácticamente sin referencias orientativas, ni de calidad ni de precios:
2.- En relación con los sistemas de información sobre costes, desde el CSCAE se ha promovido una reflexión sobre la necesidad de poner en marcha un sistema de cálculo de costes referenciado por horas, similar al utilizado en Bélgica y en otros países europeos (Austria, Suiza, etc.). Nuestra aseguradora ASEMAS ofrece desde principios de 2015 el sistema de cálculo Arquicostes, que responde a las reflexiones auspiciadas por el CSCAE. Este tipo de herramientas son necesarias para ayudar a los profesionales a gestionar con criterios mercantiles los costes directos e indirectos de su trabajo y el precio de sus servicios, siempre dejando a la libre decisión del arquitecto el precio por hora que estime conveniente fijar.
Arquicostes. Sistema de información de costes de Asemas
3.- Finalmente, en relación con la estrategia francesa de poner a disposición de las Administraciones un simulador del cálculo del coste de licitación en la contratación pública de trabajos de Arquitectura, el CSCAE ha puesto en marcha una intensa actividad dirigida a que el Ministerio de Fomento haga suya esta propuesta. Se ha elaborado una guía de simulación de costes para informar correctamente a la Administración sobre el coste real de licitación. Siguiendo el modelo francés, el sistema de cálculo utiliza los criterios relativos a la naturaleza del trabajo, su complejidad y el presupuesto. No se trata solo de una herramienta para defender la dignidad de la remuneración del arquitecto, sino que, al mismo tiempo, constituye un instrumento del Gobierno en defensa de la calidad de la oferta técnica y su viabilidad económica, como parámetro de la austeridad en la gestión del presupuesto público.
Debemos conseguir una aplicación y una interpretación de la legislación sobre competencia que tenga una visión global, completa y no reductiva, que respete la naturaleza propia de los servicios profesionales en el sector de la Arquitectura, que tenga en cuenta su asimetría y que valore el compromiso de la estructura colegial por la necesaria calidad del espacio público y privado y la necesidad imperiosa de iluminar el mercado legalmente por parte de quien corresponda.
Para obtener más información sobre las actividades del CSCAE en relación con estas tres vías de actuación, puede contrastarse la memoria de gestión del ejercicio 2014 en el siguiente enlace:
Memoria de Gestión del CSCAE 2014 (452 kb)
Entre las prioridades del CSCAE para 2016 se encuentran, como no podría ser de otra forma, las medidas destinadas a la mejora de la situación económica de los arquitectos. Se trata de defender una retribución justa, proporcionada y directamente relacionada con el coste del trabajo realizado y la responsabilidad asumida. Puede contrastarse esta prioridad en el Programa de Actuación de 2016 en el siguiente enlace:
Programa de actuación del CSCAE 2016 (184 kb)
En concreto, en relación con el simulador que se ha elaborado para el cálculo del coste de licitación, se pretende su incorporación al ordenamiento jurídico aprovechando el proceso de transposición de la nueva Directiva Europea de contratación pública, que supone la necesaria modificación de nuestra Ley de Contratos del Sector Público. Además de exigir que desaparezcan las prácticas de dumping, se planteará al nuevo Gobierno la elaboración de un pliego general de licitación pública para la redacción de proyectos de edificación que incorpore este simulador de cálculo del tipo de licitación como referencia para todas las Administraciones del Estado.
El objetivo país es disponer de un mercado perfectamente competitivo. En el caso del mercado de servicios de Arquitectura en España, ello está aún lejos de producirse. A diferencia de Europa, como hemos visto, el mercado está completamente “a oscuras”, sin referencias orientativas ni de calidad ni de precios.
Por ello la necesidad y la urgencia de establecer los mecanismos adecuados, desde el respeto a la legislación sobre competencia que permita garantizar la calidad del trabajo profesional, manteniendo niveles dignos de remuneración de los servicios y ofreciendo en la contratación pública parámetros para calcular los precios de las licitaciones, en beneficio de la adecuada gestión de los recursos públicos y de la transparencia.