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Carta del Decano del COAC dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en relación con Concursos de Arquitectura: Palacio de Congresos de Arrecife de Lanzarote.

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El Decano del COAC

Excma. Sra. Dña. Rita María Martín Pérez
Consejera de Turismo

S/C de Tenerife, a 20 de noviembre de 2008

Excma. Sra.:

La reciente decisión del Jurado del Concurso de proyectos para la construcción del Palacio de Congresos de Lanzarote por la que, resolviendo éste en su primera fase, se procede a seleccionar a los diez concursantes que podrán definitivamente optar a la correspondiente adjudicación, y entre los que se incluye un solo arquitecto radicado en Canarias como responsable de equipo, ha venido a poner abiertamente de manifiesto una manera de proceder, en relación con precisamente la convocatoria de los concursos de arquitectura de mayor relevancia, que sólo puede ser calificada de especialmente perversa para con la arquitectura hecha en Canarias, desde el momento en que se traduce en un veto de facto a la posibilidad misma del simple acceso de los arquitectos canarios a las correspondientes licitaciones y ello como consecuencia directa de decisiones adoptadas precisamente por los órganos de contratación de las Administraciones públicas canarias (en este concreto caso, por esa Consejería) a la hora de establecer -dentro de márgenes (y esto es lo más grave e incomprensible) que no les vienen impuestos por la Ley como reglados sino que admiten un muy amplio grado de discrecionalidad- “estándares de solvencia profesional” que por su altísimo nivel de exigencia son virtualmente alcanzables sólo por concretos profesionales radicados allende nuestras fronteras (en el concreto caso que ahora nos ocupa: la autoría de proyectos y direcciones de obras de Palacios de Congresos o equipamientos similares de presupuesto superior a 15 millones de euros por proyecto), cercenando así toda posibilidad de que los arquitectos canarios puedan aspirar siquiera a demostrar su, por lo demás, acreditada valía. En otras palabras, nos resulta francamente sorprendente y de todo punto cuestionable que sean nuestras propias autoridades las que nos cierren a limine las puertas para poder competir en la adjudicación de los proyectos de obras de mayor significación para Canarias, reduciéndonos de este modo al papel de meros espectadores de los correspondientes procesos selectivos, cuando está enteramente en sus manos el evitar semejante consecuencia, en la medida en que depende de decisiones exclusivamente suyas el posibilitar lo contrario, sin abandonar por ello la más escrupulosa de las legalidades.

Lo anterior, que es ya suficientemente rechazable en sí mismo, resulta además absolutamente inexplicable por paradójico cuando —como es aquí el caso— viene siendo patrocinado por la Administración, en medio de los rigores de una crisis económica que asola con especial virulencia el sector de la construcción y, por su través, al subsector de los correspondientes servicios profesionales, con particular severidad, además, en Canarias.

En virtud a todo ello es por lo que le ruego, en nombre del Colegio al que represento, disponga lo necesario para que se ponga fin de inmediato a una práctica administrativa contraria a los legítimos intereses de los arquitectos canarios como la aquí denunciada, rogándole tenga a bien informarme de su decisión al respecto.

En la confianza de que nuestra razonable y justa petición merecerá su favorable acogida, reciba mi más atento saludo y consideración.

Virgilio Gutiérrez Herreros

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